Casero asume la Audiencia de Ciudad Real y exige refuerzo judicial

Luis Casero Linares ha tomado posesión este viernes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en un acto celebrado en la sede del tribunal, donde releva a María Jesús Alarcón Barcos tras la expiración de su mandato.

En su primera intervención pública en el cargo, Casero reclamó más magistrados ante unos tiempos de respuesta "disparados" por el incremento de la carga de trabajo, una reivindicación respaldada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que cifró el déficit regional en 31 plazas judiciales.

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Luis Casero, durante su toma de posesión - E
El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Luis Casero, durante su toma de posesión - EP

Luis Casero Linares, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real desde 1997 y natural de Tomelloso (Ciudad Real), tomó posesión este viernes como nuevo presidente del tribunal en un acto celebrado en la sede de la Audiencia, ante la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), el vocal del Consejo General del Poder Judicial y los presidentes de las audiencias provinciales de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, entre otras autoridades judiciales y políticas. Casero releva en el cargo a María Jesús Alarcón Barcos, cuyo mandato había expirado.

Antes de acceder a la sala, el nuevo presidente reconoció a los medios que el acto tenía una carga "muy emocionante" dentro de su trayectoria. "Llevo aquí muchísimos años y somos una gran familia, afortunadamente. Ahora me toca a mí estar al frente", señaló. Casero describió la Presidencia como "la culminación" de un proceso y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa en un órgano en el que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.

La trayectoria de Casero Linares acumula más de tres décadas en la judicatura. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, comenzó como secretario judicial en Badalona en 1989 y accedió a la carrera judicial en 1992 con destino en La Carolina. Posteriormente ejerció en Las Palmas de Gran Canaria y Badajoz antes de incorporarse a finales de los años noventa a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde ha permanecido desde entonces.

Tiempos de respuesta "disparados"

En su primera comparecencia ante los medios como presidente, Casero identificó como uno de sus principales objetivos preservar el "buen ambiente" interno del tribunal, pero también afrontar lo que describió como un "incremento enorme" de la carga de trabajo que ha disparado los plazos de resolución. Para hacer frente a esa situación, avanzó que insistirá en la necesidad de ampliar la plantilla, aunque reconoció que esa decisión escapa a las competencias directas de la Presidencia.

Según explicó, la Audiencia Provincial de Ciudad Real cuenta actualmente con nueve magistrados repartidos en dos secciones —una de cinco integrantes y otra de cuatro— y, según anticipa la memoria que presentará próximamente la presidenta del TSJCLM, serían necesarios al menos cuatro magistrados más para hacer frente a la carga de trabajo actual. Sin embargo, Casero apuntó que los planes del Ministerio de Justicia no contemplan por el momento nuevas plazas para la Audiencia, aunque sí prevén refuerzos en otros puntos de la provincia, como en Puertollano.

Además de la situación interna del tribunal, el nuevo presidente subrayó que otra de sus funciones será estar pendiente de los problemas de los distintos juzgados de la provincia, que, a su juicio, también son "muchos".

Un déficit regional de 31 plazas judiciales

La presidenta del TSJCLM, María Pilar Astray Chacón, presente en el acto, respaldó la reivindicación de Casero y recordó que se lleva "mucho tiempo" pidiendo un aumento de la planta judicial en la región. Astray explicó que el reparto de plazas se realiza principalmente por criterios de población, un sistema que, a su juicio, no refleja la realidad de comunidades extensas y dispersas como Castilla-La Mancha o Castilla y León.

"No es igual repartir por población en Madrid, una comunidad uniprovincial, que en Castilla-La Mancha", subrayó la presidenta del TSJCLM.

Según precisó Astray, la región arrastra una petición acumulada de 52 plazas judiciales, entre órganos colegiados, unipersonales y jueces de adscripción territorial. La nueva propuesta del Ministerio recogería 21 plazas, aunque la cifra aún no está confirmada a la espera de la publicación del correspondiente real decreto, lo que dejaría pendientes otras 31. La presidenta del TSJCLM advirtió además de que la cobertura de esas plazas no será inmediata y previsiblemente se realizará de forma escalonada, condicionada también por la disponibilidad de jueces procedentes de la escuela judicial.

"Somos prudentes pidiendo. Son muchas plazas, pero son muchas las necesidades", afirmó Astray.

Una justicia "no politizada"

Preguntado por el debate sobre la politización de la justicia, Casero defendió que la percepción desde las provincias difiere de la que puede existir en Madrid y aseguró que, con carácter general, la justicia "no está politizada".

"Somos profesionales, trabajamos y cada uno tiene sus sensibilidades y su forma de entender las cosas, pero la justicia sigue trabajando en el día a día, sacando como mejor podemos, con los pocos medios que tenemos", afirmó el nuevo presidente.

Casero reconoció que existen casos "muy mediáticos" que generan lecturas públicas y críticas hacia la actuación judicial, algo que consideró legítimo en una institución cuyas decisiones afectan a la ciudadanía. "Los ciudadanos tienen todo el derecho a hacer la crítica que consideren, sabiendo que no nos mueve una perspectiva política, sino simplemente juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es lo que nos manda nuestra Constitución", concluyó.

Al acto de toma de posesión asistieron, además de la presidenta del TSJCLM y el vocal del Consejo General del Poder Judicial José Eduardo Martínez Mediavilla, los presidentes de las audiencias provinciales de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, junto a numerosos cargos políticos y miembros de la carrera judicial.

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