63 detenidos en la rave de Albacete por disturbios y organización de evento ilegal

La macrofiesta ilegal celebrada durante siete días en el entorno del embalse del Cenajo, en Férez (Albacete), se ha saldado con 63 detenidos, más de 730 infracciones administrativas y un extenso operativo policial que ha trabajado para contener los riesgos de seguridad, sanitarios y medioambientales asociados a este tipo de concentraciones masivas. El evento, conocido como Big Fucking Party, reunió a unas 3.500 personas y cerca de 2.000 vehículos desplazados desde distintos puntos de España y de varios países europeos.

La actuación policial se extendió entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, con la intervención de unidades especializadas y un despliegue sin precedentes en la comarca. El lugar, considerado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y catalogado como terreno inestable e inundable, afronta ahora un proceso de evaluación y limpieza que ha generado preocupación municipal y medioambiental por los residuos acumulados y la alteración del entorno.

Disturbios y detenciones por organización del evento

La Guardia Civil detuvo a 63 personas durante el operativo asociado a la rave. De ellas, veinte fueron arrestadas tras su implicación en disturbios contra agentes en la madrugada del 31 de diciembre en la pedanía de Cordovilla, perteneciente a Tobarra, donde un amplio convoy de vehículos trataba de instalarse para iniciar la macrofiesta. Los agentes fueron recibidos con resistencia por parte de un grupo que pretendía abrir paso a la caravana para establecer el evento de forma inminente.

Otras 38 personas fueron detenidas por su rol en la organización directa del evento, al considerarse que contribuían de forma activa a levantar una infraestructura destinada a dar soporte musical, logístico y técnico a la rave sin contar con permisos. Las cinco detenciones restantes se produjeron por delitos contra la salud pública —tráfico de drogas— o por requisitorias judiciales en vigor.

La intervención incluyó la inmovilización de 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones, empleados para transportar escenarios, equipos de sonido, generadores eléctricos y otros materiales necesarios para mantener la macrofiesta durante varios días. Todo el material quedó a disposición judicial.

Un evento masivo no comunicado ni autorizado

La fiesta ilegal, que no contaba con ninguna comunicación ni autorización previa, reunió a más de 3.500 personas procedentes de Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y otros países, además de numerosos asistentes nacionales. La mayor parte de los arrestados son de nacionalidad francesa, italiana y británica, según la Guardia Civil.

El operativo policial subraya que la ilegalidad no radica solo en la ausencia de permisos, sino en la falta absoluta de medidas de seguridad obligatorias en cualquier evento multitudinario: no había servicio sanitario, dispositivos de limpieza, aseos, control privado de seguridad ni plan de evacuación. Este déficit generó un riesgo evidente para los asistentes, que permanecieron durante días sin infraestructuras de apoyo mientras la zona recibía miles de vehículos y carpas improvisadas.

El consumo de alcohol y drogas fue otro factor de riesgo. La Guardia Civil practicó miles de pruebas de detección durante la marcha de los asistentes, registrándose 287 positivos entre los conductores, lo que evitó, subraya el cuerpo, “un grave perjuicio para la seguridad vial”.

Impacto ecológico en una zona protegida

El embalse del Cenajo, ubicado en un enclave natural de alto valor, sufrió las consecuencias del evento. La presencia masiva de vehículos y la actividad ininterrumpida durante una semana han dejado atrás grandes acumulaciones de basura, estructuras improvisadas y una veintena de vehículos abandonados en los caminos de acceso.

El Ayuntamiento de Férez ha mostrado su preocupación por el estado del entorno. Su alcalde, Francisco Javier Jaime Espinosa, visitó la zona tras la marcha de los participantes y comprobó la existencia de “montones de bolsas de basura apiladas”, cuyo volumen requiere ayuda externa para ser retirado con rapidez. El regidor ha remitido un informe urgente a la Subdelegación del Gobierno solicitando apoyo logístico para evitar que los animales de la zona rompan las bolsas y dispersen los residuos, lo que podría agravar el impacto ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Segura, propietaria de los terrenos, desplazó este jueves a agentes medioambientales para evaluar la zona y determinar los pasos a seguir. El ayuntamiento espera conocer “en los próximos días” el plan de limpieza definitivo para iniciar la retirada del material acumulado.

Una “ciudad paralela” junto a un pueblo de 600 habitantes

Férez, una localidad de apenas 600 habitantes, vivió durante una semana una afluencia masiva que duplicó con creces su población y alteró los accesos al municipio durante las primeras horas del evento. “Se montó una pequeña ciudad de camiones y caravanas que multiplicaba nuestra población”, explica el alcalde, que relata el carácter “muy discreto” de los participantes, la mayoría jóvenes europeos que apenas interactuaron con los comercios locales.

La concentración masiva en un entorno rural tan reducido generó inquietud entre los vecinos, aunque el dispositivo policial logró impedir que la fiesta se extendiera hacia zonas habitadas. A diferencia de lo ocurrido hace un año en la macrofiesta ilegal celebrada en el aeropuerto de Ciudad Real, que se prolongó durante seis días, la presencia policial en Férez logró limitar la movilidad de los asistentes y contener el impacto sobre el núcleo urbano.

Un dispositivo policial sin precedentes

Para limitar riesgos, la Guardia Civil desplegó un dispositivo perimetral de cerca de 300 agentes, encargado de restringir el acceso al embalse y controlar los movimientos en carreteras y caminos rurales. El objetivo era evitar una mayor afluencia de asistentes y garantizar la seguridad de la población local.

El operativo contó con personal de diferentes especialidades de la Comandancia de Albacete y con el refuerzo de unidades de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Toledo y Valencia. También participaron los Grupos de Reserva y Seguridad de León, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, las Unidades Cinológicas de Albacete y Ciudad Real, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Cuenca, el Grupo de Caballería, equipos de Información, drones del Equipo de Albacete y el helicóptero del Servicio Aéreo de Murcia. La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de la Comandancia de Palencia apoyó logísticamente la intervención.

La Guardia Civil redactó 731 actas de infracción administrativa por tenencia de drogas, armas prohibidas, protección animal, seguridad vial y medio ambiente. Los detenidos y las diligencias instruidas fueron remitidos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Hellín.