El Tribunal de Cuentas observa gastos electorales sin justificar de partidos de Castilla-La Mancha

El Tribunal de Cuentas ha observado gastos que no tienen naturaleza electoral, que están realizados fuera del período establecido o que no tienen una justificación suficiente, de los partidos que se presentaron a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha el 28 de mayo de 2023.

Así lo recoge el organismo en el Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento castellanomanchego en 2023, referidas a PSOE, PP y Vox, el cual ha dado a conocer este viernes.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha recogido gastos por importe de 7.502,60 euros que no tienen naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como 3.625,96 euros que se refieren a gastos realizados fuera del periodo y 9.137,37 euros a gastos con justificación insuficiente.

Con todo, el organismo ha reconocido que todas las formaciones políticas remitieron en plazo la contabilidad electoral a través de la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas, junto a la documentación justificativa prevista en la instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.

Asimismo, ha señalado que las formaciones políticas han declarado recursos para financiar la campaña por un total de 1,9 millones de euros, de los que 301.921,53 euros proceden de los adelantos de subvenciones electorales, 1.691.768,83 euros de aportaciones realizadas por los respectivos partidos, y 415 euros de aportaciones privadas.

Los gastos electorales que el Tribunal de Cuentas ha considerado justificados han ascendido a 1.356.879,56 euros, y entre los gastos electorales se incluyen 168.027,68 euros en publicidad exterior y 165.541,97 euros en publicidad en prensa y radio, así como el gasto justificado por la realización de la actividad de envío de propaganda electoral ha sido de 334.928,08 euros.

Exceso de facturación por sobres y papeletas

Las tres formaciones políticas fiscalizadas han declarado gastos por confección de sobres y papeletas de votación, si bien el Tribunal de Cuentas ha apuntado que en dos de ellas los gastos de franqueo postal han sido declarados en la contabilidad de las elecciones locales.

Al tratarse de gastos comunes a dos procesos electorales concurrentes, las formaciones políticas deberían haber imputado dichos gastos a ambos procesos, por lo que el tribunal entiende que la imputación de los gastos por envíos a uno solo de los procesos electorales concurrentes no responde a un criterio proporcionado y razonable de reparto.

Ha especificado que en el PP y en Vox ha observado un exceso de facturación por sobres y papeletas electorales respecto a los envíos de propaganda electoral justificados según los albaranes de Correos, que ha ascendido a 1.490.154 unidades en el caso de los sobres y a 1.582.154 unidades en las papeletas, lo que supone un 98 por ciento y un 104 % respecto del censo electoral de la comunidad autónoma, respectivamente.

Además, en relación con los gastos de adquisición de los sobres y papeletas de votación, ha apreciado una "significativa variación" en los precios facturados por los proveedores a los distintos partidos políticos.

En cualquier caso, según el tribunal, ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones autonómicas (965.064,16 euros), ni los límites establecidos en la LOREG relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente (193.012,83 euros).

Por otro lado, el organismo fiscalizador también ha reseñado que Vox ha realizado pagos con posterioridad a los 90 días siguientes al de la votación, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la LOREG, por un importe acumulado de 24.987,89 euros.

El mismo partido también ha sido señalado por incurrir en los supuestos que fundamentan la formulación de propuestas de reducción en relación con las subvenciones electorales por haber realizado pagos a proveedores con posterioridad al plazo fijado.

Ha añadido que cuatro empresas que han facturado un importe superior a 10.000 euros no han cumplido con la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada respecto de dicha facturación y, por tanto, se ha incumplido lo previsto en la ley resultando un saldo no informado de 122.630,57 euros.

Recomendación a las diputaciones provinciales

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha facilitar una mayor participación de los municipios en la elaboración de planes provinciales de cooperación, implantar sistemas de contabilidad analítica para mejorar el seguimiento de los costes de los servicios y asistir a los ayuntamientos para que cumplan con las obligaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Así figura en el informe de fiscalización realizado por dicho Tribunal de Cuentas a las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, a fin de verificar la asistencia y los servicios prestados en 2022 a sus municipios, si son adecuados y suficientes y analizar los procedimientos y sistemas establecidos.

La fiscalización concluye que las diputaciones provinciales prestaron asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios de sus provincias, así como algunos servicios que no podían ser atendidos directamente por ellos. Sin embargo, el informe constata algunas deficiencias que deben ser subsanadas.

Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda a las diputaciones provinciales, entre otras cuestiones, dotarse de más medios personales y de herramientas informáticas adecuadas, así como regular la organización de las unidades que prestan asistencia o servicios.

Además, el informe propone que las diputaciones evalúen periódicamente las actuaciones desarrolladas para valorar si se adecúan a las necesidades de los ayuntamientos e identificar aspectos susceptibles de mejora.

En relación con la transparencia de la información que ofrecen las diputaciones, el Tribunal insta a las diputaciones a aprobar catálogos de sus servicios y publicitarlos en sus páginas web o sedes electrónicas.