"No se puede esperar más": clamor por el fin del "expolio" al Tajo

La sentencia del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos del Tajo y el Segura sacudió este martes la política regional de Castilla-La Mancha y abrió un nuevo frente de presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique sin más demora las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La resolución, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 22 de abril, declaró inadmisible la impugnación por falta de legitimación activa de la Diputación alicantina, confirmó el Real Decreto 35/2023 "por ser conforme a derecho" e impuso las costas del proceso —con un máximo de 4.000 euros— a la institución recurrente. Se trata, según los municipios ribereños, de la quinta resolución del Supremo en la misma dirección, lo que a juicio de los actores regionales despeja el camino al Ejecutivo para acometer la reforma que Castilla-La Mancha lleva años reclamando.

Pablo Bellido: "No puedo comprender qué se pretende"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, fue uno de los primeros en tomar la palabra y lo hizo con un tono de impaciencia acumulada. Ante los medios, instó al Gobierno central a aplicar "de una vez por todas" las nuevas reglas del Trasvase Tajo-Segura y reclamó a todas las formaciones políticas de la región que hicieran frente común en la defensa de los recursos de la cabecera del Tajo frente a "un trasvase que nos sigue esquilmando en beneficio de unos pocos".

Bellido valoró la sentencia como un nuevo aval judicial a la posición de Castilla-La Mancha, pero dejó claro que el problema ya no es jurídico sino político. "No puedo comprender qué se pretende ni si está buscando algún resquicio para no cumplir con las innumerables sentencias del Supremo, con la posición fijada por la Unión Europea y evidentemente con la razón medioambiental, la razón económica y la razón social", afirmó el presidente de las Cortes en referencia directa al Ejecutivo central.

El dirigente socialista introdujo también una reivindicación de fondo sobre el desequilibrio territorial que, a su juicio, encierra el modelo del trasvase. "Levante necesita agua y nadie quiere que no la tengan si la necesita para beber, hemos sido los primeros en defenderlo y lo seguiremos siendo", señaló Bellido, para a continuación subrayar la paradoja que afecta especialmente a Guadalajara: "la provincia de Guadalajara es una de las que más agua dulce tiene y, sin embargo, es también una de las que cuenta con menos superficie de regadíos", una situación que calificó de "humillación". En contraste, recordó que el Levante "tiene agua que pueden desalar y la tienen ilimitada en el Mediterráneo".

Bellido cerró su intervención apelando a la unidad de todas las fuerzas políticas de la región para que, "gobierne quien gobierne en Madrid, digan claro y tajante que no vamos a permitir que nos sigan robando", en línea con la posición del presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Los municipios ribereños: "Cinco victorias y ya no hay excusas"

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía también celebró la resolución y fue la voz más contundente en exigir que el Gobierno traduzca el resultado judicial en una actuación concreta e inmediata. La asociación denunció que la sentencia "vuelve a dejar en evidencia la utilización de las instituciones públicas que están haciendo el PP y Vox en el Levante para sostener una ofensiva política y judicial a favor del Trasvase Tajo-Segura".

El presidente de los municipios ribereños, Borja Castro, subrayó el alcance acumulado de la jurisprudencia del Supremo: "Con esta, ya son cinco las resoluciones del Tribunal Supremo que desarman una tras otra la estrategia de presión política del Levante contra los planes de cuenca del río Tajo". Para Castro, el fallo pone de manifiesto que "el trasvase no es un derecho adquirido, no es intocable, sino un aprovechamiento que no puede pasar por encima de la salud del propio río Tajo".

La asociación subrayó que la resolución "refuerza la prioridad del caudal ecológico como una exigencia normativa, tanto comunitaria como estatal, que debe operar como restricción previa a cualquier otro uso del agua, incluido el trasvase Tajo-Segura". Del mismo modo, ratifica que solo pueden trasvasarse aguas excedentarias y que las necesidades presentes y futuras de la cuenca del Tajo, incluidas las ambientales, "deben estar garantizadas antes de cualquier derivación".

Los ribereños denunciaron que los gobiernos e instituciones del Levante gobernados por PP y Vox "están empleando administraciones públicas, recursos jurídicos y dinero de todos como herramientas de presión contra la recuperación ambiental del Tajo", una estrategia que, afirmaron, "no responde al interés general, sino a la defensa de un modelo agotado que pretende perpetuar el expolio de la cuenca cedente para sostener intereses económicos concretos vinculados al trasvase".

Para los ribereños, la nueva resolución consolida una línea jurisprudencial sólida y deja sin recorrido la estrategia de judicialización impulsada desde el Levante. "El debate ya no está en si deben implantarse caudales ecológicos, sino en cuándo adaptará el Gobierno las reglas de explotación del trasvase a la nueva realidad legal y ambiental", señalaron. Castro fue directo en su mensaje final al Ministerio: "Hay que cambiar ya las reglas de explotación del trasvase, no se puede esperar más. La ley y la ciencia están de parte del río Tajo". Los municipios ribereños apuntaron además a la desalación como "la única salida sostenible para el Levante que no hipoteca la salud del Tajo" y reclamaron una política de agua "basada en la legalidad, la sostenibilidad y el respeto a la cuenca cedente, en defensa del patrimonio de todos los españoles".

El alcalde de Toledo: "Menos jurisprudencia y más actuaciones concretas"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sumó su voz al coro de reacciones con un mensaje que, sin contradecir el fallo judicial, fue más allá de la celebración para poner el foco en la inacción del Ejecutivo central. En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, Velázquez afirmó que "no hacen falta más sentencias ni más jurisprudencia en este asunto, lo que la situación actual requiere son decisiones políticas claras y actuaciones concretas".

El alcalde criticó con dureza al Gobierno de España: "ha prometido en numerosas ocasiones acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero, sin embargo, está batiendo récord de envíos de agua desde la cabecera del Tajo a otras comunidades autónomas". Para Velázquez, lo fundamental "es actuar" y no "seguir instalados en el debate permanente mientras no se toman medidas efectivas". Reiteró la posición del Ayuntamiento de Toledo, basada en la solidaridad entre los territorios "tal y como recoge la Constitución, pero con una condición clara, siempre que se cubran las necesidades de la cuenca cedente".

En paralelo, el regidor toledano aprovechó la ocasión para reivindicar las actuaciones municipales en el tramo urbano del río. Recordó el 'Plan de Vertidos Cero', a través del cual el Ayuntamiento ha eliminado desde 2023 un total de 14 puntos de vertido identificados en el visor de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss —11 contemplados inicialmente más tres adicionales no previstos en el plan original—. "Estamos centrando nuestros esfuerzos en garantizar que las aguas que se vierten al Tajo a su paso por Toledo estén depuradas y en las mejores condiciones posibles", explicó. Velázquez destacó también las inversiones en la depuradora del barrio de Santa María de Benquerencia, anteriormente uno de los focos más contaminantes, que se modernizará para dotarla de mayor capacidad y prepararla para el crecimiento del polígono industrial. "Era una prioridad actuar sobre el Tajo y lo estamos haciendo con hechos", concluyó el alcalde.

El PSOE aplaude la sentencia y arremete contra Núñez

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, celebró la sentencia al tiempo que utilizó el escenario para lanzar una doble ofensiva: contra el secretario general del PP nacional, Javier Millán Tellado, y contra el presidente regional de los populares, Paco Núñez. García-Navas afirmó que el fallo "da la razón a los intereses hídricos de la región" y reprochó a Tellado que en su reciente visita a Castilla-La Mancha se limitara a "hablar mal de Castilla-La Mancha, a no rectificar sus palabras respecto al agua o el Estatuto y, en definitiva, a seguir insultando", pese a que la región, subrayó el dirigente socialista, presenta buenos datos económicos y mantiene una relación fluida con sindicatos y empresarios "con diálogo, consenso y con estrategia de futuro".

García-Navas dirigió después su crítica directamente a Núñez y le preguntó "qué más tiene que pasar para que defienda los intereses hídricos de Castilla-La Mancha". Le reprochó que, "con tal de no levantar la voz para que no lo muevan de su sillón de candidato", permita que Tellado "nos humille" y que "cualquier dirigente del PP de otras comunidades autónomas venga aquí a reivindicar el agua, a negársela a Castilla-La Mancha con su callada por respuesta. Y ya sabemos que quien calla otorga", concluyó.

El PP replica: "Guardáis el pacto del agua en un cajón"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, salió al paso de las declaraciones de Bellido y del PSOE con una respuesta que esquivó el debate sobre la sentencia para centrar la munición en los socialistas. "Qué más unidad quiere", respondió Hernández a la petición de Bellido de unidad política, recordando que la Comunidad Autónoma ya cuenta con un Pacto Regional por el Agua firmado por PSOE y PP y por todos los agentes sociales, un acuerdo que, según acusó, los socialistas tienen "guardado en un cajón". "Lo luchó, lo trabajó y lo inició" Paco Núñez, insistió la dirigente popular.

Hernández fue más allá y cargó contra García-Page, al que calificó de "el más mentiroso y el más hipócrita" y al que acusó de "intentar engañar a los ciudadanos con todos los aspectos que tienen que ver con nuestra tierra, el agua también". Como corolario, la portavoz popular lanzó la que considera la tesis central del PP en este debate: el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Emiliano García-Page son "los gobiernos más trasvasistas de la historia", una afirmación con la que el partido busca desactivar el relato que hace de los socialistas los defensores del Tajo frente al trasvase.

La sentencia del Supremo suma así un nuevo capítulo a un debate que en Castilla-La Mancha trasciende lo jurídico desde hace años. Con cinco resoluciones en la misma dirección, el margen del Gobierno para continuar aplazando la reforma de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura se estrecha, aunque el segundo procedimiento pendiente ante el Alto Tribunal sigue sin resolverse. En tanto no se conozca ese fallo, el Ejecutivo mantiene abierta la última puerta procesal que le permite sostener la espera.