El PSOE insiste en investigar de nuevo a Cospedal en el caso Kitchen
Solicita anular el juicio iniciado en la Audiencia Nacional por los nuevos audios de Villarejo.
Plantea imputar de nuevo a la exdirigente del PP y apunta a Rajoy en la trama.
El PSOE ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen la anulación del juicio y la reapertura de la investigación para analizar nuevos audios del excomisario José Manuel Villarejo que, a su juicio, implicarían a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la supuesta trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas.
El partido, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha formulado esta petición en el turno de cuestiones previas del juicio. Su objetivo es que se reinicie la instrucción del caso Kitchen y se investiguen unos audios que, según ha defendido la letrada Gloria de Pascual, no fueron analizados en su momento pese a haber sido intervenidos.
Según el PSOE, estos archivos son clave para esclarecer el alcance de la denominada operación parapolicial que habría intentado sustraer información comprometedora para el Partido Popular en plena investigación del caso Gürtel y de la presunta caja B de la formación.
Audios no analizados y nuevas implicaciones
La acusación socialista sostiene que los audios en cuestión se incorporaron en su día a otra pieza separada del caso Villarejo —la número 34— y que, una vez levantado el secreto, se comprobó que “nunca” fueron objeto de análisis.
Entre ellos, el PSOE ha destacado tres grabaciones identificadas como “MD Cospedal”, que reflejarían una relación continuada entre la exdirigente popular y Villarejo. A estos se suma otro audio de Cospedal difundido en 2025 por RAC1 que, según la acusación, apuntaría también a la implicación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la operación.
En este contexto, el PSOE ha recordado que ya solicitó a finales del pasado año al juzgado central que instruye el conjunto del caso Tándem —también conocido como caso Villarejo— la imputación de Cospedal a la luz de estos audios, después de que hubiera sido excluida del procedimiento, en el que estuvo investigada junto a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Petición de nulidad y responsabilidad del PP
Además de pedir la nulidad del juicio en curso, el PSOE ha reclamado que se investigue lo que denomina la “conexión política” de la trama. En este sentido, solicita que el Partido Popular sea incluido en el procedimiento como partícipe a título lucrativo o, de forma subsidiaria, como responsable civil.
La formación argumenta que el PP habría sido el “beneficiario último” de la operación, dado que su interés en frenar el avance del caso Gürtel era, según sostiene, “obvio”.
Asimismo, el PSOE ha aludido a otros tres audios relacionados con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —también acusado— y ha denunciado que todavía existen archivos del excomisario Villarejo que permanecen sin desencriptar.
Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la acusación popular ha advertido de que resultaría “sorprendente” que el tribunal no ordene una investigación más amplia para esclarecer “quién estaba detrás, quién daba las órdenes y cómo se pagaba” la operación.
Peticiones de pena y desarrollo del juicio
En el marco de esta causa, el PSOE solicita penas de 47 años y 10 meses de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, así como 38 años y 3 meses tanto para el exsecretario de Estado Francisco Martínez como para el excomisario Villarejo.
A diferencia del PSOE, en la primera sesión del juicio la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la acusación particular ejercida por Luis Bárcenas y su familia, y la acusación popular del partido Podemos optaron por no presentar cuestiones previas.
En el banquillo de los acusados se sientan, junto a Fernández Díaz, Martínez y Villarejo, otras siete personas por su presunta participación en una operación parapolicial desarrollada entre 2013 y 2015. Según la investigación, esta maniobra habría tenido como objetivo obtener documentación sensible en poder de Bárcenas para proteger al Partido Popular en plena investigación judicial del caso Gürtel.