Junta y Estado llegan a un acuerdo tras las discrepancias sobre la ley de integridad

El año pasado, las Cortes regionales dieron luz verde a la nueva Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. En una de sus disposiciones adicionales se introdujo una nueva prestación por desempleo destinada a los exaltos cargos de la Junta que no pudiesen reincorporarse a su puesto anterior tras su nombramiento. Este aspecto generó un desacuerdo entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha, aunque finalmente se ha alcanzado una solución. La controversia giraba en torno a la responsabilidad del financiamiento de esta prestación para los exaltos cargos.

La ley que fue aprobada el año pasado estipulaba que “para efectos de cotización por las prestaciones reguladas, la Administración regional firmará el convenio correspondiente con la Seguridad Social”. Este apartado será modificado y ahora se establece lo siguiente: “si la persona beneficiaria de la prestación suscribe un convenio especial con la Seguridad Social, de acuerdo con su normativa específica, la Administración regional se hará cargo del pago del mismo hasta que finalice la duración de la prestación, conforme a lo que se establece en esta disposición”.

Para alcanzar este acuerdo, fue necesaria la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La modificación acordada ha sido publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.