Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban pedir que se ejecuten las sentencias del Tajo

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves en Toledo la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que insta al Ejecutivo regional a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que traslade "de forma inmediata" a la normativa de la cuenca del Tajo y a las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura las seis sentencias del Tribunal Supremo que avalan la nueva política hidrológica impulsada por el Gobierno de España. La mayoría socialista sacó adelante la iniciativa frente a la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La PNL expresa el apoyo del Parlamento regional al "nuevo enfoque" de la política hidrológica de los planes de cuenca, que implica la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para garantizar el caudal ecológico del río Tajo, incrementar el caudal a su paso por Aranjuez y Talavera de la Reina —ambas localidades en la provincia de Toledo—, aumentar el volumen límite de existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y rebajar los volúmenes de los trasvases. La iniciativa rechazó además las tres enmiendas que el PP presentó al texto original.

La votación coincidió en el tiempo con una nueva victoria judicial para los intereses hídricos de la región: el Tribunal Supremo desestimó ese mismo jueves el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobada por Real Decreto 35/2023.

Un día "histórico" para el PSOE

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy calificó la jornada de "histórica" para Castilla-La Mancha y reconoció el trabajo no solo del Gobierno de Emiliano García-Page, sino "de toda la sociedad civil y de toda la ciudadanía". Godoy reprochó al PP y a Vox que "ni siquiera se alegren de una sentencia de beneficio a esta tierra" y les recordó que fue el Gobierno regional el que interpuso los recursos que han derivado en estas resoluciones judiciales. "Ustedes no pusieron ni un solo recurso contra la acción del Gobierno central, ni uno solo", afirmó.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió que la sentencia "emite una doctrina de enorme alcance, no solo técnico, sino también político", y aseguró que avala al Ejecutivo castellanomanchego "en lo que viene defendiendo desde los últimos años".

El PP pide reactivar el Pacto Regional del Agua

El diputado del Partido Popular, Santiago Lucas-Torres, celebró que se ganen sentencias y que estas se ejecuten, pero cuestionó que el agua discurra por Aranjuez y por Talavera de la Reina para acabar siendo utilizada por "los regantes de Portugal", mientras que "en Castilla-La Mancha los agricultores no pueden regar". Lucas-Torres exigió que se "reactive de verdad" el Pacto Regional por el Agua, un acuerdo firmado por decenas de entidades, organizaciones agrarias y colectivos de la región que, a su juicio, sigue "guardado en un cajón".

Vox pide ordenar el debate técnico

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, pidió "ordenar bien" un debate que, a su juicio, mezcla "conceptos técnicos, jurídicos y políticos". Cobo precisó que Castilla-La Mancha cuenta con una capacidad de embalsamiento de más de 6.900 hectómetros cúbicos y abogó por "almacenar, saber regular e interconectar para poder absorber esos desequilibrios". "El problema es que el sistema no está concebido como un conjunto integrado capaz de adaptarse a la variabilidad del recurso", argumentó.

Bronca parlamentaria por el tren de Tomelloso

El segundo asunto del pleno centró el debate en la conexión ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba (Ciudad Real), dos localidades que permanecen fuera de la red ferroviaria nacional en pleno siglo XXI. Los tres grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de esa infraestructura, pero no lograron ponerse de acuerdo en una resolución conjunta.

El diputado de Vox, Luis Blázquez, denunció "décadas de promesas incumplidas" y acusó a PP y PSOE de haber gobernado España y Castilla-La Mancha durante cuarenta años "sin llevar a cabo este proyecto". Presentó una iniciativa —rechazada— que pedía un calendario "cierto, verificable y público" para la ejecución de la infraestructura, con un trazado aproximado de 46 kilómetros de vía doble y un bypass entre Cinco Casas y Socuéllamos para conectar las líneas de Andalucía y Levante.

El diputado del PP, Ignacio Redondo, exigió al Gobierno regional que impulse estudios, reserve suelo y exija al Ministerio de Transportes "lo que merece Castilla-La Mancha", criticando que la Junta lleve "once años en la comodidad de echar balones fuera". Su resolución —también rechazada— reclamaba incorporar con carácter urgente la conexión de Tomelloso y Argamasilla de Alba a la planificación ferroviaria estatal.

El diputado del PSOE, Francisco José Barato, propuso una resolución conjunta "basada en la unidad" que fue rechazada por PP y Vox. Los socialistas reprocharon al PP la promesa electoral que realizó María Dolores de Cospedal en Tomelloso en 2011 y que nunca se materializó, y recordaron que el plan estatal de infraestructuras aprobado durante el Gobierno de Rajoy dejó expresamente a la localidad fuera de la planificación. Ninguna de las tres resoluciones presentadas por los grupos salió adelante.

PP y PSOE rechazan la "prioridad nacional" de Vox en las ayudas

El tercer bloque del pleno abordó la denominada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas en la región, a propuesta de Vox. PP y PSOE rechazaron conjuntamente la resolución de la formación de ultraderecha, que pedía excluir de los servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular y limitar su acceso "exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El PP presentó su propia resolución —también rechazada— en la que pedía una "prioridad nacional" acotada al arraigo y a la legalidad vigente, vinculando el acceso a ayudas a trayectorias de cotización y permanencia. La propuesta del PSOE decayó por empate técnico entre socialistas y populares.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, abrió el debate recordando que el 79% de los 919 municipios de Castilla-La Mancha están en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y defendió que "la inmigración no es un problema para la despoblación, sino parte de la solución". Citó que el saldo migratorio acumulado en la región entre 2021 y 2024 fue de 15.423 personas y que de cada cien personas que emigran a la comunidad, 23 eligen zonas poco pobladas.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, situó a Castilla-La Mancha como una de las regiones "más golpeadas" por la "inmigración masiva" y ofreció datos sobre el peso de los extranjeros en el Ingreso Mínimo Vital: un 22% en Toledo, un 28% en Guadalajara y un 27% en Cuenca. Moreno anunció que, cuando Vox llegue al Gobierno regional, "abrirá todos los cajones" para conocer "el coste real de los menores no acompañados y de la inmigración ilegal en la sanidad pública".

La portavoz del PP, Carolina Agudo, separó la posición de su partido de la de Vox al defender a "los extranjeros que han venido a trabajar, a aportar y a construir su proyecto de vida", aunque respaldó la idea de prioridad basada en arraigo y cotización. El diputado socialista Pablo Camacho acusó a Vox de utilizar "un bulo" y de incurrir en "racismo", y apeló a la parábola del buen samaritano para recordar que "Jesús eligió precisamente a un extranjero, a un inmigrante despreciado, para dar una lección a quienes se creían mejores que él".

El PSOE defiende "cifras récord" frente al "expolio fiscal" de Vox

El cuarto y último debate general del pleno giró en torno al tejido productivo y empresarial de la región, a iniciativa del Grupo Popular. Vox lamentó el "expolio fiscal" que padece Castilla-La Mancha, achacándolo a "décadas de bipartidismo" y a una clase política que, según el diputado Iván Sánchez, "vive en una realidad ajena a la de los castellanomanchegos".

El PP pidió al Gobierno regional que "no asfixie" al tejido productivo. La diputada Itziar Asenjo reclamó medidas concretas como ayudas para autónomos que contraten a su primer trabajador, incentivos de hasta 3.000 euros para autónomos que trasladen su actividad a la región, o la creación de una ventanilla única para el autónomo, además de deflactar el IRPF y reducir la carga fiscal a familias, pymes, cooperativas y empresas del medio rural. Sus propuestas fueron rechazadas.

La diputada del PSOE, Marisa Sánchez Cerro, respondió defendiendo que Castilla-La Mancha vive los "mejores momentos" de crecimiento empresarial, con "cifras récord" en empleo, autónomos, exportaciones y sector servicios. Citó que la Encuesta de Población Activa (EPA) registró una ocupación de más de 936.000 personas en el primer trimestre del año y que la comunidad es la cuarta autonomía que más ha reducido la tasa de paro juvenil. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, avanzó que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará este viernes la convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar, dotada con un millón de euros, y pidió a PP y Vox que utilicen las cifras "con rigor".

Preguntas orales al Gobierno

El pleno concluyó con tres preguntas orales de la oposición al Consejo de Gobierno. Vox preguntó por las intoxicaciones registradas en el Hospital Universitario de Toledo, mientras que el PP planteó dos cuestiones: la situación asistencial del Hospital Universitario de Talavera de la Reina (Toledo) y los elevados índices de siniestralidad laboral en la región. Las preguntas fueron respondidas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.