Castilla-La Mancha gana su última batalla en el Supremo por los caudales del Tajo

El Tribunal Supremo desestimó el pasado 13 de mayo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, incluida en el real decreto 35/2023. El fallo, al que tuvo acceso Europa Press, avala el régimen de caudales ecológicos mínimos para el río Tajo que los regantes consideraban ilegal e incompatible con el funcionamiento del acueducto que abastece al Levante, e impone las costas del procedimiento a SCRATS con un tope de 4.000 euros por cada una de las partes demandadas. Con esta resolución se cierra el ciclo judicial abierto contra los planes hidrológicos del ciclo 2022-2027: todas las impugnaciones presentadas —por la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Murcia, la Diputación de Valencia y ahora SCRATS— han sido rechazadas por el alto tribunal.

En la práctica, el fallo allana el camino para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) actualice los caudales mínimos del Tajo, lo que según los cálculos del Ejecutivo castellanomanchego supondría reducir las aportaciones trasvasables en torno a un 40% a partir de 2027, cuando los nuevos caudales ecológicos se apliquen de forma íntegra. En volumen, la reducción superaría los cien hectómetros cúbicos anuales, llevando el agua trasvasada aproximadamente a la mitad de los niveles actuales.

El argumento central de SCRATS descansaba sobre el principio de solidaridad interregional. El sindicato sostenía que el Tajo y el Segura "conforman un sistema hidráulico" consagrado en la legislación vigente, y que elevar los caudales ecológicos mínimos del Tajo vaciaba de contenido la categoría de "excedente trasvasable" reconocida en la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional. A juicio de los regantes, esa maniobra era "contraria al ordenamiento jurídico" porque intentaba desmantelar por vía administrativa un régimen jurídico establecido por ley, en detrimento del mandato de solidaridad interregional. Denunciaron además la falta de coordinación entre el Plan Hidrológico del Tajo y el del Segura, cuencas unidas físicamente por el acueducto, sosteniendo que esa coordinación "resulta obligada y debe hacerse en el momento de elaboración de los planes por los organismos de cuenca".

El abogado del Estado refutó estas tesis punto por punto. Negó que la determinación de los caudales ecológicos respondiera a ninguna voluntad política y recordó que su fijación viene obligada por la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo. Defendió que el Plan Hidrológico del Tajo respeta los límites cuantitativos de los excedentes trasvasables fijados en la Ley 10/2001 y que la demanda del acueducto ha sido incorporada al plan como una "presión de extracción" regulada por su propia normativa, sin infracción alguna de la legislación del trasvase. Sobre la coordinación, el Estado señaló que corresponde al Plan Hidrológico Nacional —al que deben adaptarse los planes de cuenca— y que durante la tramitación la Dirección General del Agua incorporó diversas medidas específicas. Atribuyó además al estudio técnico aportado por SCRATS "deficiencias terminológicas significativas" que restaban solidez probatoria a sus alegaciones.

El Supremo asumió la posición del Estado en todos los frentes. Rechazó la infracción del principio de legalidad al constatar que los caudales ecológicos vinculan al resto de aprovechamientos conforme a la normativa vigente, con la única excepción del abastecimiento a poblaciones. Sobre la coordinación, concluyó que "la coordinación ha existido" y que el escalonamiento progresivo de los caudales es "la mejor expresión de esa coordinación", pues proporciona tiempo a la cuenca del Segura para adaptarse mediante recursos alternativos como la desalación. Y añadió un revés procesal de calado: rechazó que los usuarios del trasvase debieran haber intervenido como parte de la cuenca del Tajo, al recordar que "los usuarios de las aguas del trasvase no son usuarios de la cuenca en sentido propio, sino de aguas trasvasadas", negándoles así cualquier posición jurídica preferente en la planificación hidrológica del río cedente.

Page: "La más importante batalla en materia de agua"

La noticia llegó a primera hora de la mañana y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reaccionó desde Valdepeñas (Ciudad Real), donde asistía a la colocación de la primera piedra del centro tecnológico del Grupo Oesía. "Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales. Hoy acabamos de recibir la sentencia favorable en el último recurso que se había planteado desde el Levante a nuestra defensa de la política hidráulica", afirmó el presidente socialista, visiblemente satisfecho.

García-Page subrayó que su gobierno va a defender "con la misma fuerza y sensatez" los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura y de todas las cuencas hidrográficas, y enmarcó la victoria judicial en una defensa coherente de los intereses regionales. "La realidad es que esta tierra defiende lo suyo y lo hace de manera coherente al conjunto de España, como lo vamos a defender siempre y como lo hemos hecho en el pasado", proclamó. "Nuestro partido, en realidad, es Castilla-La Mancha", sentenció.

Sin embargo, la satisfacción del presidente no estuvo exenta de exigencia hacia el Ejecutivo central. García-Page reclamó que el Gobierno de Sánchez ejecute efectivamente los fallos judiciales: "Es casi acomplejante tener que estar años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan", afirmó, pidiendo que "por favor" se cumplan las resoluciones de los tribunales "ya después de la última batalla". En el mismo acto, aprovechó para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) que cumpla con la conexión ferroviaria con Jaén —que afecta a Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan— y que incorpore en la planificación la integración de Tomelloso y Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

La ministra Tolón: el trasvase, "algo ya anacrónico"

Desde Toledo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, también se pronunció sobre el fallo tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red'. La exalcaldesa de Toledo, cuya posición sobre el trasvase es conocida de largo, fue directa: "Mi postura siempre ha sido clara y es que el trasvase me parece algo ya anacrónico". Tolón vinculó la sentencia a un cambio de modelo impulsado desde el Gobierno central. "La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo los objetivos nuestros, que son más solidaridad, más agua para todos y para todas", indicó. La ministra reconoció, no obstante, desconocer cuándo se materializará en la práctica ese cambio tras el fallo del Supremo.

Los ribereños exigen cambiar "ya" las reglas del trasvase

La reacción más contundente en términos de exigencia concreta llegó de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que consideró que la sentencia supone "el cierre definitivo del ciclo judicial" y deja "sin argumentos ni margen político al Ministerio para seguir retrasando la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura".

El presidente de la asociación, Borja Castro, fue tajante: "Esta era la gran batalla judicial y el Supremo la ha zanjado. Ahora toca actuar". Castro destacó que la resolución "desmonta definitivamente los argumentos trasnochados utilizados durante décadas por el lobby trasvasista" y consolida una doctrina jurídica que sitúa los caudales ecológicos como "una restricción previa y superior a cualquier uso del agua, incluido el trasvase". A su juicio, la sentencia "reafirma que los usuarios del Tajo-Segura utilizan exclusivamente aguas excedentarias y que, por tanto, no existe ningún derecho garantizado sobre esos recursos mientras no estén plenamente cubiertas las necesidades ambientales y consuntivas de la propia cuenca cedente".

Castro subrayó también que el Supremo rechaza el argumento histórico de SCRATS sobre la falta de coordinación entre cuencas: "El tribunal confirma que sí ha existido concertación entre las cuencas del Tajo y del Segura", y añadió que el escalonamiento progresivo de los caudales ecológicos "se ha diseñado precisamente para facilitar la adaptación de la cuenca receptora a nuevas fuentes de suministro, como la desalación". Ante ello, los ribereños exigieron que "se convoque de inmediato la mesa de trabajo y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y ambiental actual", advirtiendo de que mantener las reglas vigentes supone perpetuar una situación "insostenible" para los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca).

El PSOE pide a Núñez que alce la voz ante el PP nacional y del Levante

En las Cortes de Castilla-La Mancha, donde este mismo jueves se debatía una proposición no de ley del PSOE en apoyo al nuevo enfoque de la política hidrológica, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, calificó la jornada de "histórica" para la región. "Esta región ha ganado el último recurso que quedaba en el Tribunal Supremo, defendiendo los intereses hídricos de Castilla-La Mancha frente al Levante", proclamó en rueda de prensa en el Parlamento autonómico. "Es un día de los que se marcan en el calendario", afirmó.

Abengózar dirigió su interpelación directamente al líder regional del PP, Paco Núñez, al que acusó de haber protagonizado el día anterior un viaje a Estrasburgo para "hacer el paripé" en materia de agua. "Pido directamente al señor Paco Núñez que se posicione hoy claramente, que sea capaz de alzar la voz ante sus líderes nacionales y también del Levante, que les exija el acatamiento de estas sentencias y que deje los viajecitos y el paripé", espetó la portavoz socialista. La diputada reclamó al PP regional que abandone, a su juicio, los "dobles discursos" en materia hídrica.

En la misma línea se pronunció el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, que reprochó a través de su perfil de X que "en el PP en Castilla-La Mancha están acostumbrados en materia de agua a parecer que cogen la manguera con la mano, cuando con el pie la están pisando limitando nuestros derechos". Gutiérrez reclamó a los populares que exijan a sus líderes nacionales y del Levante "que respeten, acaten y cumplan las sentencias que, de manera contundente e histórica, nos dan la razón en materia de agua".

Una victoria consolidada en los tribunales, pendiente de ejecución

El trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hídrica más polémica de España y foco permanente de tensión entre Castilla-La Mancha como cuenca cedente y las regiones receptoras de Murcia, Comunidad Valenciana y Almería, lleva décadas siendo objeto de litigio judicial. Tanto los municipios ribereños del Tajo como el Gobierno regional han acudido reiteradamente a los tribunales para defender los intereses de la cuenca, y en todos los casos el Tribunal Supremo ha fallado a su favor. Fuentes de la Junta de Comunidades calificaron la última sentencia de "histórica" y la consideran una victoria definitiva en ese pulso jurídico.

El desafío pendiente, sin embargo, no es ya judicial sino ejecutivo. García-Page lo resumió con precisión: ganar en los tribunales no es suficiente si las sentencias no se aplican. El fallo del 13 de mayo deja al MITECO sin argumentos legales para demorar la modificación de las reglas de explotación del trasvase, pero la decisión de cuándo y cómo se produce ese cambio sigue siendo política. La región ha ganado la batalla en los juzgados. La ejecución de lo ganado es el próximo frente.