El caso Kitchen quedará visto para sentencia la próxima semana

El juicio por el caso Kitchen celebrado en la Audiencia Nacional avanza hacia su recta final. El tribunal que instruye la causa contra ocho acusados por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas tiene previsto declarar la vista conclusa la próxima semana, una vez que las defensas restantes agoten sus turnos de informe y los procesados ejerzan —o renuncien— a su derecho a la última palabra. Las sesiones están señaladas hasta el jueves, aunque fuentes jurídicas consultadas por EFE no descartan que el proceso concluya antes de esa fecha.

Este lunes arrancará la jornada con la intervención del excomisario José Villarejo, figura central de la causa. Villarejo, que ostenta titulación en Derecho, ha comunicado al tribunal su intención de tomar la palabra él mismo para exponer parte del informe final, en paralelo a la actuación de su letrado, Antonio José García Cabrera. La decisión añade un elemento singular a una vista que lleva meses concentrando la atención mediática y judicial.

Tras Villarejo, intervendrán tres defensas más: la de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas captado como confidente en el marco de la operación; la del comisario Andrés Gómez Gordo, que ejerció como asesor en materia de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha; y la del comisario José Luis Olivera, acusado únicamente por la Abogacía del Estado y las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos.

La estrategia de las defensas: "operación de inteligencia"

Las alegaciones finales comenzaron a desfilarse esta semana pasada, con los informes del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz —titular de la cartera durante el Gobierno de Mariano Rajoy— y de su entonces número dos, Francisco Martínez. Ambos negaron haber ordenado el operativo de vigilancia contra Bárcenas, aunque sus argumentaciones divergieron de forma significativa y generaron una tensión interna entre ambas defensas difícil de ocultar ante el tribunal.

Fernández Díaz optó por una estrategia de distancia total respecto a la operación Kitchen. Su defensa subrayó el "nulo interés" del exministro por la documentación presuntamente comprometedora que pudiera obrar en poder de Bárcenas, desvinculándose por completo de cualquier decisión operativa. Martínez, en cambio, ensayó un argumento diferente: la licitud del dispositivo policial con fines "de inteligencia" desplegado en torno al extesorero para determinar si poseía más cuentas en el extranjero e identificar a sus posibles testaferros, tras aflorar su fortuna oculta en Suiza.

La fractura entre ambos quedó al descubierto cuando Fernández Díaz acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes de texto que le implican en el operativo y que su exsecretario de Seguridad presentó en el juzgado tras haberlos protocolizado ante notario. La defensa de Martínez, por su parte, no hizo mención alguna a esos mensajes en su informe final.

"El ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la Policía", afirmó el abogado de Martínez, Pedro Colina, quien defendió que lo verdaderamente delictivo habría sido no investigar al extesorero y a su entorno, o que su cliente hubiese ordenado detener la operación.

Pino, último en sumarse al argumento de la "inteligencia"

Esta misma tesis fue adoptada por la defensa del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, quien en su informe final sostuvo que su representado estaba legitimado para autorizar ese operativo con el fin de controlar los movimientos de dinero de Bárcenas. La defensa añadió un matiz de interés: si Villarejo y el comisario Enrique García Castaño hubieran desviado los objetivos de la operación, esa eventual desviación no podría trasladarse como responsabilidad penal al conjunto de los acusados.

El caso Kitchen investiga el presunto uso de fondos reservados y medios policiales para espiar al extesorero del PP durante el Gobierno de Rajoy, con el fin de recuperar documentación que Bárcenas pudiera utilizar contra el partido. El juicio, que arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, ha reunido durante semanas a algunas de las figuras más relevantes del escándalo de corrupción que sacudió al PP en la última década. La sentencia, cuando se produzca, pondrá punto final a uno de los procesos penales más complejos de la reciente historia judicial española.