Castilla-La Mancha refuerza la transparencia con balance y nuevos retos legales
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, ha hecho balance de los dos primeros años de actividad del organismo en el marco del X Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto celebrado en Castellón. Durante su intervención, anunció avances en formación, cooperación interregional y herramientas tecnológicas para reforzar la publicidad activa.
Muñoz destacó el rápido despliegue institucional del Consejo, creado en septiembre de 2023, con sede electrónica operativa desde noviembre del mismo año y dotado de personal técnico y administrativo. Desde entonces, se han registrado más de 600 expedientes. Solo en 2024 se abrieron 285, que sumados a los 28 expedientes iniciales sumaron 313, mientras que en 2025 la cifra ascendió ya a 479.
Según el balance presentado, el 75% de las reclamaciones proceden de ayuntamientos, con un aumento notable de las impulsadas por cargos electos municipales. En cuanto a las temáticas más recurrentes en 2025, el 46% de las reclamaciones se centraron en Medio Ambiente, seguidas por Información Municipal (21%) y Urbanismo, entre otras materias.
En el ámbito de la transparencia activa, el Consejo ha completado un censo de 1.304 entidades obligadas a cumplir la normativa y un mapa con 132 obligaciones de transparencia repartidas en 13 categorías. Además, se está desarrollando una herramienta digital basada en inteligencia artificial para evaluar el grado de cumplimiento en publicidad activa.
El organismo también ha reforzado su labor de formación e inclusión, con cinco jornadas formativas organizadas en todas las provincias y más de 350 participantes. Destaca la adaptación de la guía “Conoce tu derecho de acceso a la información pública” a lectura fácil, en colaboración con la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha.
En materia de cooperación institucional, Muñoz subrayó la constitución en mayo de 2025 de la Conferencia de Órganos Garantes de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (COTAI), así como la colaboración con entidades como el Comisionado Canario o la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Otro de los puntos clave es la asunción de nuevas competencias tras la aprobación de la Ley 4/2024 de Integridad Pública, que convierte al Consejo en Autoridad Independiente de Protección del Informante, una figura cuya implementación práctica ya está en marcha.
Durante su intervención, el presidente reclamó además una reforma de la ley de transparencia que contemple medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y atienda a las particularidades de los pequeños municipios.
“Con un equipo de ocho personas y recursos limitados, cada expediente, cada formación, cada proyecto tecnológico es un ladrillo en la construcción de una sociedad más justa, integradora y transparente”, declaró Muñoz, quien hizo un llamamiento a reforzar la cultura de la transparencia con la implicación de administraciones, funcionarios, medios de comunicación y ciudadanía. Asimismo, señaló que la incorporación del Consejo en el Estatuto de Autonomía reforzará su papel institucional.