Castilla-La Mancha calcula que un tercio de la deuda pública es por la infrafinanciación

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, calcula que un tercio de la deuda pública de la región está relacionada con el déficit de financiación que recibe la comunidad en el sistema de financiación autonómica y pide que la posible condonación de la deuda tenga en cuenta que parte del endeudamiento viene motivado por esa infrafinanciación.

En una entrevista con la Agencia EFE, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego confía en que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el 26 de febrero sea "el punto de partida" para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica que "beneficie al conjunto de las comunidades autónomas".

"El Estado tiene que interiorizar una cuestión y es que el conjunto del sistema tiene que contar con muchos más recursos de los que tiene en estos momentos, porque todas las comunidades tenemos problemas de financiación", asegura Martínez Guijarro que, con todo, recuerda que son cuatro -Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha- las que están infrafinanciadas según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Por ello, señala que si "se avanza en materia de condonación de una parte de la deuda", se debe tener en cuenta a aquellas comunidades autónomas con un mayor volumen de endeudamiento como consecuencia del déficit de financiación de los últimos años a la hora de determinar cuánta deuda condona el Estado a cada autonomía.

De hecho, calcula que un tercio de la deuda pública -que supera los 16.000 millones según los últimos datos del Banco de España- se deben a ese déficit de financiación.

"Tenemos que negociar unos criterios que sean justos para todas las comunidades autónomas", reitera Martínez Guijarro, que incide en que las negociaciones para acordar el nuevo modelo de financiación autonómica deben ser con un "planteamiento multilateral", ya que a su entender "no puede haber acuerdos de financiación bilaterales".

Asimismo, reconoce que el clima político nacional con una situación de "puro enfrentamiento" entre PP y PSOE "dificulta muchísimo poder llegar a acuerdos".

En ese nuevo modelo de financiación, Martínez Guijarro considera que debería "sufragar el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos", tanto si se trata de zonas más pobladas como aquellas afectadas por la despoblación.

En este sentido, resalta que prestar servicios en zonas despobladas es más caro que en las zonas más habitadas y apunta a un estudio de la Junta de Comunidades que revela que la atención primaria es cinco veces más cara en la zona de Molina de Aragón (Guadalajara) que en Guadalajara capital.

Cuatro años de la Ley contra la Despoblación

Con todo, defiende la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por hacer frente a la despoblación y cita la ley aprobada sobre esta materia en 2021, que ya ha supuesto que las zonas menos habitadas tengan saldo migratorio positivo.

Así, Martínez Guijarro señala que este año 2025 se hará la primera evaluación intermedia de la estrategia de lucha frente a la despoblación y, además de comprobar si las medidas aplicadas han dado resultados, permitirá estudiar la necesidad de implantar otras nuevas, como por ejemplo en materia de digitalización, de utilización de la inteligencia artificial y también a la hora de la prestación de servicios.

Y defiende que el Gobierno regional ya ha garantizado los servicios públicos en las zonas afectadas por la despoblación "de una manera clara", como en sanidad, educación y atención a la dependencia, al tiempo que ya se han puesto en marcha otros servicios como el transporte sensible a la demanda, que el Gobierno regional prevé ampliar a lo largo de la Legislatura a la Sierra del Segura (Albacete), la Serranía Baja (Cuenca), la comarca de La Jara (Toledo), la comarca de Almadén (Ciudad Real) y la zona de Molina de Aragón (Guadalajara).

Pero reitera que para poder financiar estos servicios públicos se necesitan fondos y, por ello, apela al PP para que haga "un ejercicio de responsabilidad" y apruebe el techo de gasto en el Congreso de los Diputados, una medida que iría en favor de todas las comunidades autónomas, también de las gobernadas por los 'populares'.  

En este sentido, advierte de que Castilla-La Mancha dejará de percibir 100 millones de euros si no se aprueba el techo de gasto, que supone "la nómina de 2.500 trabajadores".

"Si esto no se corrige, llegará un momento que las costuras de las comunidades autónomas, desde el punto de vista financiero, empezarán a romperse y empezaremos a tener dificultades serias de financiar los servicios públicos", alerta el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades.

Comprometidos el 76 % de los fondos europeos

Por otro lado, Martínez Guijarro también analiza la gestión de los fondos europeos asignados a la comunidad autónoma, y recuerda que son 2.000 millones gestionados a través del Gobierno regional, de los cuales ya están comprometidos el 76 %, y otros mil para Castilla-La Mancha gestionados a través del Estado.

Además, valora que la región ha cumplido todos los objetivos que se habían marcado para esos fondos y se muestra convencido de que, para cuando llegue agosto de 2026, la comunidad autónoma habrá comprometido "la práctica totalidad de los fondos" y seguirá cumpliendo con esos objetivos.

De hecho, reivindica que Castilla-La Mancha se sitúa entre las autonomías con mayor grado de gestión en fondos Next Generation y que incluso se están reasignando a la región fondos por parte de algunas instituciones, como por ejemplo el IDAE "para todo lo relacionado con cuestiones de energías renovables, de eficiencia y energía".

Asimismo, subraya que esos fondos llegan también a la pequeñas y medianas empresas de la región, pues si bien puede ser "que haya alguna pequeña y mediana empresa haya presentado una solicitud y no haya sido atendida en la convocatoria correspondiente", destaca que la mayoría de las obras, como por ejemplo para la instalación de placas solares, las han ejecutado empresas de la región.

"El Levante debe tomar conciencia de que su desarrollo no se puede basar en el agua del trasvase"

Martínez Guijarro también aborda la necesidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica publique las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, algo para lo que había de plazo hasta febrero de 2024.

"No nos gustaría tener que volver a los tribunales para resolver este asunto", señala Martínez Guijarro, en alusión a las sentencias del Tribunal Supremo que dieron la razón a Castilla-La Mancha en contra de los trasvases y exigiendo unos caudales ecológicos, en base a los cuales se deben elaborar las nuevas normas del trasvase.

En este sentido, Martínez Guijarro cree que estas nuevas normas deben decir "muy a las claras" que el Tajo-Segura debe ser "un trasvase que se dedique casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, al abastecimiento humano" y apela a que el "Levante tiene que tomar conciencia de que su desarrollo no se puede basar en el agua del trasvase". 

Los asuntos no salen debatidos del Consejo de Ministros

En otro orden, el vicepresidente primero reconoce que le llama la atención las discrepancias públicas en el seno del Gobierno por la tributación de quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesinal y lo achaca a que "los asuntos no salen lo suficientemente debatidos del Consejo de Ministros".

Martínez Guijarro recuerda que en la primera Legislatura en la que se desempeñó como vicepresidente primero, desde 2015 a 2019, el PSOE en Castilla-La Mancha no obtuvo mayoría absoluta -lo que sí logró en las elecciones autonómicas de 2019 y 2023- y tuvo que negociar las medidas con Podemos, primero en las Cortes regionales y luego, desde mediados de 2017, cuando se formó gobierno de coalición con la formación morada.

"Cuando (Podemos) se incorporaron al gobierno, los debates estaban en el seno del Consejo de Gobierno y cuando un asunto salía del Consejo de Gobierno, obligaba a todos los miembros del Gobierno", expone Martínez Guijarro, que traslada el planteamiento al Ejecutivo central, de forma que opina que "una vez que hay un acuerdo del Consejo de Ministros, es un acuerdo del Gobierno, del conjunto del Gobierno, y por lo tanto obliga al conjunto de los miembros del Gobierno".

Por ello, opina que cuestiones como la subida del SMI y si sus perceptores deben pagar IRPF o no se tienen que debatir en el seno del Gobierno, ya que incide en que "no es una decisión de la vicepresidenta del Gobierno", Yolanda Díaz, sino que es "una decisión del Gobierno y, por lo tanto, el Gobierno tiene que tener un posicionamiento único, debatido en el seno del Consejo de Ministros".

"Creo que ese ha sido y sigue siendo en parte uno de los de los problemas que está teniendo el anterior y el actual Gobierno de coalición, el que los asuntos no salen lo suficientemente debatidos del Consejo de Ministros, que es donde hay que debatirlos, donde hay que acercar las posturas, donde hay que propiciar los acuerdos", afirma Martínez Guijarro.

Por ello, reconoce que le gustaría que las "dinámicas de trabajo fueran distintas" en el Gobierno central y cree que falta "engranaje", aunque apunta que "ya lleva mucho tiempo de gobierno de coalición como para no haber engrasado este tipo de engranajes".

"Me llama mucho la atención que puedan ocurrir las cosas que ocurrieron en esa rueda de prensa", admite Martínez Guijarro en alusión a la comparecencia conjunta de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y Yolanda Díaz.

Con todo, opina que este tipo de "debates en público" se deben a una estrategia de Sumar para diferenciarse del PSOE en el Gobierno, "aún a riesgo de poner en un brete al propio gobierno", y que viene motivada porque las perspectivas electorales para Sumar "no son todos lo atractivas" que les gustaría.

Sin embargo, alerta de que este tipo de discrepancias en público empañan "una de las medidas estrella de este Gobierno" y que pasa por haber incrementado el SMI en más de un 60 %.

Diferencias con el Gobierno central "en defensa de los intereses" de la región

De este modo, Martínez Guijarro destaca que, a pesar de las "diferencias" del Gobierno de Castilla-La Mancha con el central, que se circunscriben sobre todo a "un planteamiento territorial de defensa de los intereses de la comunidad autónoma" y otras "concesiones que se están haciendo a los independentistas", como la aprobación de la Ley de Amnistía -que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional-, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha comparte "la inmensa mayoría de las decisiones".

Entre estas medidas que apoya, además de la subida del SMI, Martínez Guijarro cita todas las medidas del paquete social, como el Ingreso Mínimo Vital, y las becas en materia educativa.