Interinos estafados
Yo diría que España y los políticos españoles no son conscientes del daño que la aplicación del extremismo neoliberal, en forma de abuso de temporalidad, ha producido en los servicios públicos, contribuyendo a su precariedad y deterioro, y en sus trabajadores mediante una gestión que sin matices podemos calificar de inhumana, explotadora, y esclavista, aparte de ilegal en el marco jurídico europeo.
Directamente podemos decir que esta gestión de los trabajadores públicos ha sido y sigue siendo en España no solo muy dañina para servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación, etcétera, sino que desde hace décadas (toda una vida laboral, la de cientos de miles de trabajadores) se desenvuelve a sus anchas y sin complejos en un escenario ilegal (así definido por la justicia y la jurisprudencia europea) sin que importe el delito cometido de forma tan persistente.
Si tuviéramos que poner un color político a esta gestión de los trabajadores la definiríamos como una gestión de ultraderecha. De hecho no se consiente, desde un planteamiento progresista, su aplicación en la empresa privada, pero sí se aplica en el sector público. Varios sindicatos, y además señeros, han sido y siguen siendo cómplices de este sistema de explotación y abuso.
También es prolongado el tiempo (tanto como el delito cometido) en que los tribunales europeos llevan intentando defender a los trabajadores públicos españoles así abusados y explotados, mediante legislación de obligado cumplimiento, dictámenes, sentencias, jurisprudencia firme, multas y sanciones, pero al final no parece que esa acción de la justicia europea sea lo suficientemente contundente para que los políticos españoles y los gestores esclavistas entiendan el mensaje.
Si los políticos españoles que tan tenido y tienen hoy mismo en sus manos los resortes del poder no son capaces de resolver esta cuestión que deteriora a pasos acelerados nuestros servicios públicos, deberían ser los propios ciudadanos perjudicados por ese deterioro los que les movieran a actuar y a situarse ya y de una vez por todas dentro del marco legal europeo, declarando como primera medida la fijeza de los trabajadores interinos abusados y estafados durante décadas, como se reclama desde Europa.
Conviene leer el artículo firmado por Raquel Pascual Cortés en El País de 3 de mayo de 2026, titulado: "El empleo temporal inunda el sector público…".
Estamos hablando de un delito continuado contra los trabajadores públicos que se comete con las bendiciones del Estado español y sus sindicatos anexos.