RTVE, si tuviera buen señor
Radiotelevisión Española (RTVE) sería una historia de éxito permanente en términos de servicio público, profesionalidad, neutralidad y eficiencia si no estuviera contaminada por la constante reyerta partidista. Y esa dolencia no se cura con el anunciado decreto ley que el Gobierno pretende implementar para superar el bloqueo que la Corporación sufre desde la dimisión de su último presidente de extracción parlamentaria, Pérez Tornero, hace dos años. Más bien al contrario, esta reforma podría agravar la situación, ya que intensifica la polarización política que afecta a la corporación desde arriba.
Según el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, telonero del apresurado proyecto de reforma, el objetivo es reactivar el medio público con más pluralismo, estabilidad y profesionalidad. Este anuncio, sin embargo, es una admisión tácita de que dichas carencias han estado presentes durante el propio mandato de Sánchez en la Moncloa.
¿Y ahora las prisas?
Claro, porque es ahora cuando el Gobierno necesita reactivar su tambaleante pedestal parlamentario. Es ahora cuando, en plena campaña de captación de costaleros para sacar adelante los PGE para 2025, toca seguir entonando la balada de los 1000 días. De ahí el "pluralismo" pregonado el martes por el citado ministro.
Pluralismo Frankenstein, lo llaman los tertulianos, en alusión a la fragmentada coalición parlamentaria que sostiene al Gobierno. No se trata de una transversalidad auténtica, sino de un pluralismo representado por el llamado bloque de investidura, en fase de reconstrucción. La reforma prevé un Consejo de Administración ampliado, con hasta ocho partidos diferentes con posibilidades de acceso a la dirección de RTVE, lo que refleja la influencia del bloque de investidura. Este Consejo se compondría de 15 vocales elegidos en un Congreso dominado por el PSOE, los independentistas y la izquierda plurinacional, y solo cuatro elegidos por el Senado, donde el PP tiene mayoría.
Es evidente que esta apresurada reforma de la ley de RTVE tiene como fin afianzar el control sobre la corporación en un momento clave para el Gobierno. La ley vigente, promulgada en 2006, establecía que el presidente de RTVE debía ser elegido por el Parlamento y su mandato desvinculado de la duración de la legislatura. No obstante, ha sido incumplida por decretos sucesivos de los gobiernos del PP en 2010 y del PSOE en 2018, que han alterado su funcionamiento a su conveniencia.
De las otras dos cualidades que el ministro López atribuye a la reforma, profesionalidad y estabilidad, poco hay que añadir a la primera. RTVE cuenta con una plantilla de excelentes profesionales de la información y la formación, cuya valía es incuestionable, con decreto o sin él. Respecto a la estabilidad, vincular el mandato de los vocales del Consejo a un periodo de seis años, como propone la reforma, no garantiza la durabilidad en un sistema tan polarizado y convulso como el nuestro. Después de todo, lo que se reforma por decreto, puede anularse por otro decreto.
