El PSOE: la Diputación se endeuda por un favor al alcalde de Toledo

El Pleno de la Diputación de Toledo aprobó este viernes, 17 de abril, dos modificaciones presupuestarias mediante créditos extraordinarios por un importe conjunto superior a los 6,7 millones de euros, en una sesión marcada por el enfrentamiento entre el Gobierno provincial —de signo popular— y el Grupo Socialista, que votó en contra de la principal de las medidas: la compra del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Toledo para convertirlo en una futura residencia universitaria.

La portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, fue contundente antes de que comenzara la sesión: "La Diputación no puede convertirse en la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto". A su juicio, la institución provincial "tiene que estar para ayudar a los municipios más pequeños y atender situaciones sobrevenidas", y no para asumir compromisos políticos que corresponden a otras administraciones.

Un proyecto municipal disfrazado de iniciativa provincial

El argumento central del PSOE es que la compra de la antigua Escuela de Enfermería no nació en la Diputación, sino en el propio Ayuntamiento de Toledo. García Élez recordó que el alcalde, Carlos Velázquez, ya mostró interés público por ese inmueble en 2025 y que, según denunció, incluso en junio de 2023, apenas dos días después de tomar posesión del cargo, ya había preguntado sobre él con la intención de asumirlo como proyecto local.

Fue, según la portavoz socialista, el consistorio capitalino quien inició los trámites administrativos, los informes técnicos y las gestiones con la Tesorería de la Seguridad Social para la adquisición del inmueble. "¿En qué momento pasa a ser un proyecto provincial? En el momento en el que el alcalde de Toledo anuncia que será la Diputación quien lo compre", ironizó García Élez, poniendo en cuestión la coherencia del planteamiento del Gobierno provincial.

En este contexto, los socialistas subrayaron que el Ayuntamiento de Toledo dispone de una solvencia económica acreditada de cerca de 27 millones de euros de remanente, lo que, a su juicio, hace aún menos justificable que sea la Diputación —y con ella todos los municipios de la provincia— quien asuma la operación mediante deuda.

Cargas, opacidad y equilibrio territorial

Más allá de la paternidad política del proyecto, el Grupo Socialista alertó de problemas concretos en la operación. García Élez denunció que la Diputación va a adquirir un edificio que presenta cargas vigentes hasta el año 2029 y que, en la actualidad, alberga servicios administrativos en funcionamiento, lo que limita su disponibilidad inmediata y condiciona cualquier actuación futura.

Los socialistas advirtieron además de que el coste final de la operación no está claramente definido, y que podría verse incrementado con nuevas inversiones no contempladas en la modificación presupuestaria aprobada. Por todo ello, el Grupo Socialista exigió al Gobierno provincial que aclare "con total transparencia" el impacto económico a medio y largo plazo y los criterios que justifican destinar recursos de toda la provincia a lo que, a su juicio, es un proyecto de interés estrictamente municipal.

García Élez también alertó de una tendencia más amplia: según expuso, ya son varios los inmuebles propiedad de la Diputación que han sido puestos a disposición o gestionados por el Ayuntamiento de Toledo, lo que, en palabras de la portavoz socialista, "refleja una dinámica preocupante en la gestión del patrimonio provincial".

La Diputación defiende la inversión como apuesta por la igualdad de oportunidades

Frente a estas críticas, la portavoz del Gobierno provincial, Soledad de Frutos, reivindicó la medida como "una inversión para toda la provincia". En declaraciones previas al pleno, defendió que la institución "actúa pensando en el conjunto del territorio y, sobre todo, en los estudiantes de nuestros pueblos", y aseguró que el proyecto nace con el objetivo de "que estudiar no dependa del código postal".

De Frutos explicó que la Diputación destina más de 2 millones de euros a la adquisición del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Toledo como primer paso para crear una nueva residencia universitaria que amplíe las 92 plazas con las que cuenta actualmente la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza. La demanda, según argumentó, es real y creciente: el último curso registró cerca de 300 solicitudes para acceder a esa residencia.

La portavoz insistió en que los datos avalan el carácter provincial de la iniciativa: "Más del 90% de los usuarios de esta residencia son de la provincia de Toledo, y más del 70% proceden de Talavera y su comarca, siendo el 50% de la propia ciudad de Talavera de la Reina". Además, destacó que se trata de un recurso accesible, con precios muy por debajo del mercado: en torno a los 393 euros mensuales en habitación doble y 442 euros en individual.

El empleo, segundo gran eje del pleno

Junto a la adquisición del edificio, el pleno aprobó una segunda modificación presupuestaria, por importe de 4,7 millones de euros, destinada a financiar la aportación de la Diputación al Plan Extraordinario de Empleo 2026, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta medida se suma al plan propio Toledo Emplea+ —presentado hace unos días y articulado en respuesta a demandas de los ayuntamientos— y al programa Talleres+, también desarrollado en colaboración con la Junta.

La portavoz del Gobierno provincial señaló que ambas medidas reflejan "la firme apuesta por el empleo" de la institución y su compromiso con una provincia "más cohesionada, con más oportunidades y con un futuro basado en la educación, el empleo y la igualdad de oportunidades".

Asimismo, durante la sesión se dio cuenta del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-2029, que, según la Diputación, acredita la estabilidad, planificación y solvencia económica de la institución para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en toda la provincia.