Un preso de Ocaña II finge una herida para atacar a un funcionario

Un interno del Centro Penitenciario de Ocaña II (Toledo) agredió físicamente a un funcionario de prisiones en la mañana del domingo 11 de mayo, durante el recuento habitual de reclusos en el módulo 3. El episodio se inició cuando el trabajador solicitó al preso que encendiese la luz para poder identificarle, un requerimiento rutinario que desencadenó una respuesta violenta que escaló hasta la agresión física y la implicación de dos internos más.

Según la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los hechos ocurrieron entre las ocho y las nueve de la mañana. El recluso adoptó una actitud "desafiante y violenta" desde el primer momento, que se intensificó cuando el grupo bajó al patio. Allí, el interno comenzó a gritar y a golpearse el labio para simular que había sido el funcionario quien le había causado la herida, en lo que el sindicato describe como una maniobra deliberada de provocación. Acto seguido, incitó a otros dos reclusos a atacar al trabajador, produciéndose un forcejo que terminó con el funcionario en el suelo.

La intervención inmediata del resto del personal penitenciario logró controlar la situación antes de que el incidente tuviera consecuencias más graves para el trabajador. Los tres internos implicados fueron derivados al módulo de aislamiento del centro.

El relato de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), que también ha denunciado los hechos, amplía el detalle de lo ocurrido aquella mañana e incorpora elementos que agravan notablemente la descripción del episodio. Según la APFP, el conflicto arrancó durante el recuento cuando el funcionario exigió a dos internos, identificados como J.F.C. y J.J.F.G., que encendiesen la luz de la celda. El primero bajó al patio pero volvió a encararse con el trabajador frente al resto de los internos del módulo, gritando por qué tenía que encender la luz y golpeando con fuerza el interruptor. El funcionario le ordenó que se calmase y que bajara al patio, lo que el interno hizo tras resistirse inicialmente.

La trama de provocación, siempre según el relato de la APFP, se habría fraguado durante el desayuno. Un segundo funcionario de servicio en el departamento escuchó cómo el interno J.A.S.R. aconsejaba a J.F.C. que se autolesionase para después culpar al trabajador de haberle agredido.

Tras la revisión de celdas, el plan se ejecutó. J.A.S.R. comenzó a gritar que el funcionario había golpeado al otro interno causándole un corte en el labio, e intentó amotinar a los reclusos con la consigna "vamos a rodearlo, somos 150, somos más que ellos", mientras J.F.C. señalaba al trabajador mostrando el labio ensangrentado.

Cuando el funcionario intentó conducir a J.F.C. ante el jefe de servicios, el interno le espetó: "te vas a enterar quién soy yo por no apagarme la luz". En ese momento, un tercer interno de gran corpulencia, identificado como B.R., se interpuso en su camino y le amenazó de muerte con las palabras "de aquí hoy no sales vivo, te vamos a matar". Varios grupos de presos rodearon al funcionario, le empujaron, le hicieron la zancadilla y provocaron su caída al suelo, mientras un interno le arrojaba café hirviendo y otros intentaban golpearle.

La llegada del jefe de servicios y de otros funcionarios logró restablecer el orden en el módulo. Los tres internos implicados fueron aislados y la dirección del centro aplicó limitaciones regimentales ante la gravedad de lo ocurrido.

El Jefe de Servicios y funcionarios del centro apartaron a los reclusos y restablecieron el orden en el módulo, aislando a los tres internos. La dirección del centro, ante la gravedad de los hechos, aplicó limitaciones regimentales a los implicados.

Profesionalidad bajo presión

El delegado de CSIF en Ocaña II, Raúl Lirio, subrayó la actuación del personal durante el incidente. "Desde CSIF queremos mostrar nuestra preocupación por estos hechos, en los que un funcionario de servicio se vio sometido a una situación de tensión, intimidación y riesgo físico durante el desempeño de sus funciones", afirmó Lirio, quien destacó "la profesionalidad, contención y proporcionalidad" con la que actuaron los trabajadores penitenciarios implicados, que lograron mantener el control de la situación pese a la extrema tensión vivida.

El sindicato lamenta lo que describe como una creciente pérdida de autoridad y protección jurídica de los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones. A juicio de CSIF, muchas de estas conductas violentas y desafiantes podrían reducirse si los funcionarios penitenciarios fuesen reconocidos formalmente como agentes de la autoridad, lo que les dotaría de una mayor protección legal y reforzaría el principio de autoridad dentro de los centros.

Traslado de los agresores y más medios, las demandas de CSIF

Ante lo ocurrido, CSIF ha solicitado formalmente el traslado de los tres internos implicados a centros penitenciarios con mayores recursos de seguridad y módulos adaptados a perfiles de alta conflictividad, para evitar que situaciones similares se repitan en Ocaña II. El sindicato reclama también más medios y formación para el colectivo, así como la actualización de la legislación penitenciaria y la dotación de los medios coercitivos necesarios para reducir a los internos cuando sea preciso.

"Seguiremos defendiendo la seguridad, dignidad y reconocimiento profesional de todos los trabajadores penitenciarios, exigiendo a la Administración respuestas eficaces ante una problemática que, lejos de ser aislada, se está convirtiendo en una preocupante normalidad dentro de nuestras prisiones", concluyó Lirio.

529 agresiones en 2025: la APFP denuncia "impunidad"

La APFP ha puesto cifras al problema: durante 2025 se registraron en España 529 agresiones a personal penitenciario, un dato que la asociación enmarca como prueba de la desprotección estructural del colectivo. "Reina la impunidad en las prisiones españolas; en este caso, por no apagar una luz, agreden a un compañero, que no es su cometido", señalaron desde la asociación. "Seguimos sin ser reconocidos agentes de autoridad", añadieron.

La APFP ha informado de que ha puesto a disposición del funcionario agredido sus servicios jurídicos para que pueda emprender las acciones legales que estime oportunas.

La denuncia conjunta de CSIF y la APFP en Ocaña II se produce en un contexto de creciente malestar entre los funcionarios penitenciarios a nivel nacional por la falta de reconocimiento legal de su autoridad, una reivindicación histórica del sector que distintos sindicatos llevan años trasladando a la Administración sin que se haya producido un cambio legislativo en este sentido.