Cinco positivos por tuberculosis en el Instituto Forense de Toledo

El Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo lleva meses operando en unas instalaciones que, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para la realización de autopsias. La situación ha derivado en un grave problema de salud pública interna: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, según la denuncia presentada por el sindicato ante la Inspección de Trabajo y trasladada al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha.

Según CSIF, las deficiencias detectadas son de naturaleza estructural, técnica e higiénica. El sindicato señala la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en la limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. A ello se suma la escasez de equipos de protección individual (EPIs) para el personal, circunstancia que, según la organización sindical, ha facilitado la exposición al bacilo causante de la tuberculosis.

Los cinco trabajadores afectados no han desarrollado la enfermedad activa, pero se encuentran en situación de vigilancia médica y deberán someterse a pruebas periódicas durante los próximos dos años para descartar el desarrollo de una tuberculosis activa. La detección del problema, según el sindicato, no fue resultado de un protocolo preventivo interno, sino de la casualidad: una técnico forense que había prestado servicios de forma temporal en el IMLCF se sometió a la prueba de Mantoux —método diagnóstico que determina si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis— al incorporarse a su nuevo puesto en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El resultado positivo fue el punto de partida de la investigación interna.

CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense, una medida que, subraya, debería haberse contemplado desde el inicio dado el perfil de riesgo biológico de esta actividad profesional.

Residuos biosanitarios almacenados en espacios no habilitados

La denuncia sindical va más allá de los contagios. CSIF advierte de que en el centro se están incumpliendo normas básicas de seguridad en materia de gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga al personal a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso. La situación, sostiene el sindicato, constituye un riesgo añadido de contaminación y propagación de agentes infecciosos.

Las deficiencias de ventilación han agravado el problema hasta el punto de que, según el comunicado de CSIF, las instalaciones han sufrido plagas de insectos, lo que obligó al Ayuntamiento de Toledo a intervenir con una fumigación. La organización sindical considera que el conjunto de estas circunstancias no solo incumple la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que supone un riesgo directo y continuado para la salud de los trabajadores.

Una nueva sede inaugurada pero sin estrenar

El trasfondo que agrava especialmente la situación, a juicio de CSIF, es que existe una nueva sede del IMLCF de Toledo, que fue inaugurada en marzo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que permanece sin ocupar. El sindicato censura que, pese a contar ya con unas instalaciones modernas y adecuadas, la Administración no haya procedido al traslado, manteniendo al personal en un entorno que califica de "totalmente insalubre".

Ante esta situación, CSIF ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales de médicos forenses y técnicos especialistas, la actualización de los protocolos de seguridad y el cierre cautelar del centro para proceder a su adecuación inmediata a los estándares mínimos exigidos por la normativa. El sindicato no descarta emprender nuevas acciones legales y administrativas si la respuesta de la Administración no se produce con la rapidez y contundencia que, a su juicio, exige la gravedad de los hechos.