Tráfico investiga la vandalización de dos radares de miles de euros en Castilla-La Mancha

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una investigación a través de denuncias en las correspondientes unidades de la Guardia Civil con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.

La DGT ha recordado que la vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio.

Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave.

"Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes", señala la norma.

Tráfico avisa de que estos actos vandálicos, además del delito en sí mismo de atentar contra un bien público, "afectan también a la seguridad vial que es el fin último que persiguen los puntos de control de velocidad que están ubicados por toda la geografía española".

Asimismo, apunta que los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 euros y en el de los de tramo a unos 66.000 euros.

Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos.

Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil.

La DGT explica que la literatura especializada en materia de velocidad estima que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30% de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada de acuerdo con el Informe temático sobre seguridad vial dedicado a la velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021 y por el informe de Gestión de Velocidad del Centro de Investigación del Transporte (ITF).

Según estos informes, la gestión de la velocidad, debe incluir, entre otras medidas, la vigilancia policial y el control automático de velocidad con aquellos instrumentos que lo permitan y que abarquen a todos los usuarios de las vías (incluyendo a conductores extranjeros) y el desarrollo de control de secciones (control de velocidades medias en secciones de una vía), de ahí que recomiende a los distintos países seguir fomentando su uso.

MULTAS A VEHÍCULOS SIN LA ITV

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado a conocer los datos más recientes, que datan de 2023, sobre las sanciones a vehículos por no tener la inspección técnica al día, que revelan que Castilla-La Mancha fue la segunda región en la que más aumentaron las multas entre 2015 y 2023, con un 90,3%, tan solo superada por Ceuta, con un 107%.

A nivel nacional, se dieron un total de 641.126 multas impuestas por este motivo a nivel nacional, un 62% más que en 2015, cuando se notificaron 396.666 sanciones.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-Itv) analiza estos datos añadiendo que, este tipo de sanción no solo ha aumentado en número, sino también en porcentaje. Mientras en el 2015 las multas por la ITV caducada representaban el 8,2% del total, en el 2023 su volumen es del 12,3% sobre el total.

"Se trata de un aumento que debe preocuparnos a todos, porque refleja lo que está sucediendo con el estado del parque automotor: cada vez más vehículos circulan por nuestras carreteras sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad y de protección del medio ambiente", asegura el director gerente de Aeca-Itv, Guillermo Magaz.

Asimismo, la asociación insiste que estos datos de aumento de las amonestaciones por ITV caducada son "consecuencia de la elevada ratio de incumplimiento en la inspección técnica de vehículos" que, en el último año, alcanzó el 33,2% según los datos del Ministerio de Industria y Turismo.

En cuanto a los lugares en los que hubo más multas debido a esta circunstancia en los últimos ocho años, los datos de la DGT muestran que, durante el 2023, Madrid, Valencia y Cádiz fueron las tres provincias con más sanciones por ITV caducada.

En el caso de Madrid, el aumento de este tipo de multas en los últimos ocho años ha sido de un 36,5%; pasando de 59.473 en 2015 a 93.644 en 2023. Por su parte, en Valencia, pasaron de 28.659 en 2015 a 43.444, con un aumento de 34%. En Cádiz el incremento en las sanciones por ITV expirada ha sido del 50%, pasando de 21.018 en 2015 a 41.750 en 2023.

Desde el sector de las ITV recuerdan que no tener pasada la inspección técnica puede provocar "siniestros viales, con fallecidos y heridos de distinta consideración y provocar niveles de contaminación nocivos para los ciudadanos.

Además, este desatención deja sin cobertura en caso de accidente al conductor si hubiese un siniestro, ya que la compañía asegurado no se hace cargo del accidente, lo que puede generar unos elevados costes para el propietario del vehículo en función de la gravedad del suceso.

Por último, esta infracción es considerada como grave en la normativa de tráfico y sus sanciones oscilan entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de cada caso.