Trabajo y tarjeta sanitaria: así es la regularización de migrantes

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de migrantes en España, un procedimiento que entrará en vigor el jueves 16 de abril tras su publicación en el BOE el miércoles. La medida permitirá que "miles" de personas que ya residen en el país accedan a una autorización de residencia y trabajo, según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, en una comparecencia posterior al Consejo.

Para sostener la operativa del proceso, el Gobierno movilizará más de 550 profesionales extra distribuidos en 450 oficinas de toda España. Este equipo asumirá la atención al público, la tramitación de solicitudes, el estudio de expedientes, la solicitud de subsanaciones y la resolución de las autorizaciones. Toda la documentación se canalizará a través de una plataforma única denominada Mercurio, desde la cual la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (ÚTEX), dependiente del ministerio, gestionará y resolverá los procedimientos.

Saiz insistió en que no todas las oficinas atenderán estas peticiones ni lo harán en cualquier horario. "Quiero ser muy clara y muy contundente y pedir colaboración ciudadana y también colaboración mediática. No serán todas las oficinas ni serán en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora", advirtió la ministra, que no concretó la cuantía económica destinada al proceso.

Cómo y cuándo solicitar la regularización

Las solicitudes podrán presentarse por dos vías: telemática y presencial. La primera estará disponible de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el periodo y se podrá iniciar desde el jueves 16 de abril a través de la página web del Ministerio de Inclusión. Esta vía admitirá cuatro formas de acceso: los propios interesados que dispongan de certificado electrónico y NIE; personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; representantes autorizados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos; y más de 150 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

Para la solicitud presencial será imprescindible la cita previa, cuyo plazo de petición también arranca el 16 de abril, aunque la atención en oficinas no comenzará hasta el lunes 20 de abril. La cita se podrá solicitar por vía telemática, a través de la web ministerial, o por vía telefónica, llamando al 060. Participarán en el proceso oficinas de la Seguridad Social, con al menos una por provincia en horario de tarde; sucursales de Correos en capitales y en municipios de más de 50.000 habitantes; y determinadas oficinas de Extranjería en horario de tarde, cuya relación se publicará en la web del ministerio.

Requisitos para acceder al proceso

Podrán acogerse al proceso los migrantes que puedan acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud, siempre que carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden o la seguridad pública. La acreditación de la estancia se podrá realizar mediante cualquier documento público, privado o combinación de ambos que sea verificable, nominativo y con fecha. El certificado de empadronamiento puede servir como justificante, pero no es obligatorio.

Quienes cumplan los requisitos obtendrán una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año, junto con un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que, según Saiz, "les permite una integración plena y progresiva en el sistema".

El argumento económico y el séptimo proceso en la historia de España

La ministra defendió la medida con datos del informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, elaborado por economistas y demógrafos, que proyecta el impacto de una reducción migratoria del 30% en el horizonte de 2075. Según ese documento, en ese escenario hipotético el PIB español se reduciría un 22%, desaparecerían más de 90.000 bares y el país perdería 15 millones de habitantes con mayores listas de espera en los servicios públicos. Saiz adujo también el aval del Consejo de Estado al procedimiento reglamentario elegido y el respaldo de un informe del Consejo Económico y Social.

Este es el séptimo proceso de regularización que se lleva a cabo en España. Los seis anteriores, impulsados por gobiernos de distinto signo, han regularizado a casi 1,3 millones de personas. La ministra subrayó que la medida cuenta con el apoyo de 900 asociaciones, el respaldo de la Iglesia católica y 310 votos a favor en el Congreso en la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que precedió al Real Decreto, "de todos los grupos parlamentarios salvo uno", en alusión a Vox. "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado", afirmó Saiz para resumir la filosofía que, según dijo, sostiene la iniciativa.