Rechazan 15.000 alegaciones contra las macroplantas de biometano

Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha expresaron este miércoles su "más profunda indignación y rechazo" ante la respuesta enviada por la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, Mercedes Gómez, a diferentes plataformas ciudadanas, así como ante sus recientes declaraciones públicas. Los colectivos consideran que la postura de la consejera supone "una grave falta de respeto institucional" hacia miles de ciudadanos, asociaciones, ayuntamientos y plataformas que llevan meses exigiendo transparencia, garantías jurídicas y protección real para el medio rural castellanomanchego.

En sendas comunicaciones —una nota de prensa propia y un teletipo difundido a medios regionales—, las plataformas exigieron de manera inmediata cinco medidas concretas: la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030, la revisión individualizada y jurídicamente válida de las 15.071 alegaciones presentadas, la apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés, la elaboración de una evaluación independiente libre de vínculos empresariales y la creación previa de un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal.

Para los colectivos, la Junta "pretende imponer un modelo de macroplantas de biometano y macroganadería industrial de espaldas a los pueblos", y la respuesta de la consejera no cierra el conflicto, "sino que lo agrava al evidenciar una preocupante desconexión entre el Gobierno regional y la realidad social de los pueblos y comarcas afectadas".

La denuncia: respuestas genéricas a miles de alegaciones

Las plataformas denunciaron que la contestación de la consejera Gómez se limita a "una defensa política" del plan, "lejos de ofrecer respuestas técnicas, jurídicas o ambientales solventes" a las más de 15.071 alegaciones presentadas contra el Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Desde los colectivos aseguraron que la Junta "les ignora con respuestas genéricas, vacías de contenido y alejadas de las obligaciones legales que exige la normativa europea y española en materia de participación pública, evaluación ambiental y transparencia administrativa".

Los colectivos consideraron que afirmar que "todas las cuestiones ya han sido contestadas" sin una valoración individualizada de miles de alegaciones "constituye una vulneración inaceptable del derecho democrático de participación ciudadana". "Lo que está haciendo la Junta no es escuchar a la ciudadanía, ni a los miles de castellanomanchegos a los que representamos las plataformas; está tratando de imponer un plan diseñado para favorecer intereses empresariales concretos mientras convierte a nuestros pueblos en zonas de sacrificio ambiental", señalaron desde el Grupo Regional.

Riesgos ambientales y sanitarios ignorados

Las plataformas pusieron el foco sobre la Declaración Ambiental Integrada del Plan, publicada el pasado 12 de febrero, a la que acusaron de ignorar cuestiones que consideran fundamentales. Entre ellas, los impactos acumulativos derivados de la posible implantación de entre 80 y 100 macroplantas en la región, los riesgos sobre acuíferos ya amenazados por nitratos, la ausencia de garantías sobre el tratamiento y trazabilidad del digestato, y los riesgos para la salud pública asociados a emisiones contaminantes, olores y proliferación de modelos ligados a macrogranjas industriales.

Los colectivos denunciaron que la Declaración Ambiental incluso ignora el informe de la propia Consejería de Sanidad, que alerta de que "además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases contaminantes a la atmósfera, como el metano, sulfídrico y amoníaco, entre otros, gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños".

Conflictos de interés en la elaboración del plan

Las plataformas consideraron "especialmente grave" que la consejera haya evitado responder con claridad a las denuncias sobre posibles conflictos de interés en la elaboración del Plan Regional y su Estudio Ambiental Estratégico. Según recordaron los colectivos, ambos documentos fueron elaborados por entidades vinculadas al sector del biogás, "lo que pone en cuestión la independencia, objetividad y legitimidad del procedimiento". Los colectivos exigieron la apertura de investigaciones sobre estas posibles irregularidades y la elaboración de una evaluación verdaderamente independiente y rigurosa.

La autonomía municipal, en el centro del debate

Las plataformas también criticaron las recientes declaraciones de la consejera en las que manifestó que los ayuntamientos podrán decidir si quieren que se instalen plantas de biometano en sus municipios. Los colectivos exigieron que los informes socioeconómicos que deben emitir los consistorios sean vinculantes y que los ayuntamientos cuenten con "poder real de decisión" para evitar que el suelo rústico de sus municipios sea transformado en industrial sin su aprobación expresa.

Para las plataformas, Castilla-La Mancha "se enfrenta a una amenaza sin precedentes: la transformación de amplias zonas rurales en enclaves industriales destinados a gestionar residuos, con graves consecuencias para la agricultura tradicional, el turismo rural, la calidad de vida y la salud de la población". "No vamos a aceptar que nuestros municipios sean tratados como vertederos industriales ni que se juegue con nuestra salud y nuestro futuro en nombre de una falsa sostenibilidad", afirmaron con rotundidad.

Movilización continuada

Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha anunciaron que continuarán reforzando su coordinación regional, su acción institucional y su movilización social para "frenar un modelo que consideran incompatible con la defensa del mundo rural". El conflicto con la Junta, advirtieron, está lejos de cerrarse mientras el Gobierno regional no ofrezca respuestas jurídicas concretas a las decenas de miles de ciudadanos que se oponen al plan y no garantice la participación real de los municipios afectados en las decisiones sobre su propio territorio.