El Gobierno fija en 692 la capacidad de acogida de Castilla-La Mancha para menores migrantes
El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas. Con este nuevo marco, el Gobierno fija en 692 las plazas que Castilla-La Mancha debe disponer para cumplir con el criterio estatal de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. El Gobierno regional ha manifestado su disposición a la acogida de más menores migrantes, pero advierte de que esa cooperación debe ir acompañada de financiación suficiente y planificación adecuada para garantizar una atención integral a los jóvenes.
El real decreto establece por primera vez una capacidad de referencia para todo el Estado, vinculada al volumen de población de cada comunidad. Andalucía, con 2.827 plazas, Cataluña con 2.650 y Madrid con 2.325, son las autonomías con mayor capacidad ordinaria. Galicia (886), Castilla y León (783) y País Vasco (731) se sitúan en un rango intermedio, mientras que territorios como La Rioja (107), Navarra (223) o las ciudades autónomas de Ceuta (27) y Melilla (28) cuentan con cupos mucho más reducidos.
Redistribución obligatoria y contingencias
El decreto regula que las comunidades que superen el triple de su capacidad ordinaria, como es el caso de Canarias o Ceuta, podrán declararse en situación de contingencia migratoria extraordinaria. En ese escenario, el Gobierno activará el protocolo de traslados para redistribuir a los menores a otras regiones con menos saturación.
La entrada en vigor de este mecanismo permitirá derivar a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas hacia el resto de España, con un procedimiento que obliga a las autonomías a acoger en un plazo máximo de 15 días a los nuevos llegados cuando el territorio de primera entrada se encuentre desbordado. La ratio de población será el elemento principal del cálculo, pero también se valorarán factores como la renta, el desempleo, el esfuerzo previo, la dispersión geográfica o la condición de frontera.
Reacciones de las comunidades
El reparto ha abierto un intenso debate político entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. Comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Galicia acogen actualmente menos menores de los que les correspondería por población. Según cálculos oficiales, Andalucía tendría 1.372 plazas por cubrir, la Comunidad Valenciana 1.216 y Galicia 620.
En cambio, el País Vasco y Cataluña, que han hecho un esfuerzo de acogida en los últimos años, no estarían obligadas a asumir nuevos menores, aunque Cataluña ha anunciado que mantendrá voluntariamente la recepción de al menos 31 jóvenes, en línea con campañas anteriores. Navarra, pese a reconocer la tensión de sus recursos, también ha confirmado que acogerá a los 118 menores que le corresponden, en un gesto de apoyo a Canarias.
No todas las autonomías, sin embargo, comparten este enfoque. Diez comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha (PSOE), han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional. Además, la Comunidad de Madrid ha llevado el caso al Tribunal Supremo y Baleares ha anunciado que hará lo mismo. Estas regiones argumentan que el sistema puede desbordar sus capacidades y que el reparto no reconoce suficientemente las particularidades territoriales.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado que se tenga en cuenta la condición de frontera de su comunidad, mientras que La Rioja y Madrid ya han advertido de que sus sistemas de acogida no podrán absorber el esfuerzo adicional. Desde el otro extremo, Canarias ha celebrado la aprobación de un mecanismo de solidaridad obligatoria que llevaba tiempo reclamando, al considerar que no podía seguir asumiendo sola la presión migratoria.
La posición de Castilla-La Mancha
El Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page mantiene un discurso de cooperación, aunque con matices. Fuentes de la Junta recalcan que Castilla-La Mancha está preparada para asumir su parte del reparto, pero solo “dentro de las posibilidades reales de acogida” y con la garantía de que los menores reciban una atención adecuada.
La Consejería de Bienestar Social recuerda que la comunidad ya cuenta con una red de recursos activa y que puede ampliarse en momentos puntuales, siempre que haya respaldo financiero del Estado. “La solidaridad no puede ser opcional cuando hablamos de la protección de la infancia, pero debe ir acompañada de medios para garantizarla”, señalan.
La Junta insiste en que la responsabilidad no debe recaer únicamente en territorios como Canarias ni en unas pocas autonomías, sino que debe abordarse como un compromiso común del país. En este sentido, evita la confrontación abierta con las comunidades que han mostrado su rechazo, pero recalca la necesidad de que todas las administraciones actúen coordinadas.
Un paso clave en la política migratoria
Con este decreto, el Gobierno da cumplimiento a la disposición introducida en la Ley de Extranjería tras la reforma aprobada en febrero. El Ejecutivo defiende que se trata de un “punto de inflexión” en la política de acogida de menores no acompañados, ya que por primera vez se establecen reglas claras y vinculantes para repartir la carga entre comunidades.
La medida, que cuenta con el rechazo frontal del PP, marcará en los próximos meses la agenda de la gestión migratoria en España, con un sistema que combina solidaridad obligatoria, criterios objetivos de reparto y una supervisión estatal que busca evitar bloqueos políticos.
