La Fiscalía alerta del uso de IA en ciberviolencia de género juvenil
La Fiscalía General del Estado alerta de la irrupción de la inteligencia artificial como nueva herramienta para la comisión de ciberviolencia de género entre jóvenes y adolescentes, en una tendencia que se suma a la ya consolidada proliferación de las tecnologías de la información en los delitos machistas.
El ministerio público registró en 2025 un total de 1.023 causas por delitos de violencia de género entre menores, un 15,2 % más que el año anterior, la cifra más alta de los últimos cinco años, y advierte de que los esfuerzos en formación en igualdad "no están calando".
La Fiscalía General del Estado ha alertado de la irrupción de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para la comisión de ciberviolencia de género entre la población joven y adolescente. Así lo recoge la memoria anual del ministerio público correspondiente a 2025, en la que se subraya que esta nueva modalidad delictiva se suma a la ya extendida utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los delitos de violencia machista, una tendencia que las fiscalías vienen señalando en años anteriores.
El documento eleva la alarma en términos cuantitativos: en 2025 se registraron 1.023 causas por delitos de violencia de género entre jóvenes, un 15,2 % más que en 2024, cuando se contabilizaron 888. Es la cifra más alta de los últimos cinco años y la Fiscalía la califica de "muy preocupante", por cuanto evidencia que los "grandes" esfuerzos realizados en formación en igualdad "no están calando" entre los menores. El mismo año, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en crímenes machistas.
El diagnóstico: IA, redes sociales y una educación en valores insuficiente
La memoria apunta a una conjunción de factores que explica el agravamiento del fenómeno. Por un lado, la extensión del uso de la IA facilita nuevas formas de ciberviolencia de género que los marcos legales y las herramientas de investigación no siempre están en condiciones de perseguir con eficacia. Por otro, el ministerio público denuncia el abuso de las redes sociales, que describe como espacios "plagados de bulos informativos" que buscan en los menores un "gancho fácil" para difundir ideología orientada a negar o minusvalorar la violencia contra la mujer.
A ello se añade, según el texto, "una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido o podido paliar". La Fiscalía considera por ello "más urgente que nunca" invertir en prevención educativa y garantizar la formación especializada de los fiscales en las nuevas formas de delincuencia tecnológica.
La magnitud del problema, en cifras
La Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024, citada en la memoria, ofrece una radiografía del alcance real de la ciberviolencia en la población adulta. El 12,2 % de las mujeres residentes en España mayores de 16 años ha sufrido acoso digital —con o sin connotaciones sexuales— en algún momento de su vida. El 9,4 % ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual, y el 0,8 % ha experimentado que alguien compartiera o subiera a internet vídeos o fotos de contenido erótico o sexual sin su consentimiento.
Un avance probatorio ante los mensajes borrados
En el plano judicial, la memoria destaca un avance "relevante" que se ha consolidado a lo largo de 2025: los tribunales están aceptando el rastro del mensaje eliminado en aplicaciones de mensajería como indicio corroborador de la versión de la víctima sobre su contenido. Este criterio, señala el ministerio público, resulta suficiente para acreditar el delito en supuestos de quebrantamiento, lo que supone una respuesta parcial a una de las principales dificultades probatorias del ámbito digital: la proliferación de mensajes borrados de forma inmediata tras su envío.
La Fiscalía reclama una red forense homogénea en todo el territorio
El ministerio público aprovecha la memoria para llamar la atención sobre una carencia estructural que afecta a la respuesta institucional frente a la violencia de género: las administraciones no han puesto en marcha todavía una red homogénea de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). La Fiscalía reclama avanzar hacia un "modelo más uniforme y suficientemente dotado" que garantice un acceso equitativo a la pericia forense integral en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito civil como en el penal. La ausencia de esa red homogénea supone, en la práctica, que la calidad de la respuesta forense a las víctimas puede variar de forma significativa según la comunidad autónoma o el partido judicial en que residan.