CSIF amenaza con huelga en septiembre por los recortes educativos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció este jueves, al cierre del curso escolar 2025-2026, que activará en septiembre un calendario progresivo de medidas de presión contra la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que incluirá campañas de "brazos caídos", paros parciales, concentraciones, manifestaciones y, en último término, la convocatoria de huelga. El sindicato exige la reversión de todos los recortes aplicados en la región desde 2011, que considera vigentes a pesar de los acuerdos firmados por el resto de organizaciones sindicales con el Gobierno autonómico.

Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, se mostró especialmente crítico con ANPE, UGT y CCOO, a quienes acusó de haber suscrito "una auténtica traición a nuestros docentes". "Ya sea por connivencias políticas o por las subvenciones millonarias que reciben, firmaron unos acuerdos que, en la práctica, han dejado a los docentes de Castilla-La Mancha en una situación claramente peor que la de otras comunidades autónomas", sostuvo. Martínez instó a esas organizaciones a "romper con estos acuerdos para volver a sentarse con la Administración" y a demostrar que "están para defender al profesorado y no para hacer política".

El sindicato puso como modelo de referencia las conquistas laborales obtenidas en la Comunidad Valenciana tras meses de protestas y huelgas: una subida salarial de 200 euros en el complemento específico, la ampliación a seis días de libre disposición, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y la simplificación burocrática, entre otros avances. CSIF reclamó medidas equivalentes para los docentes castellanomanchegos.

La brecha financiera: 1.500 euros menos por alumno que la media nacional

El eje central de la denuncia sindical es la infrafinanciación del sistema educativo regional. Con un gasto de 5.918 euros por alumno, Castilla-La Mancha se sitúa 1.503 euros por debajo de la media nacional, fijada en 7.421 euros. CSIF argumentó que este déficit no es un dato abstracto, sino que impacta de forma directa en el rendimiento del alumnado, en la calidad de la atención educativa y en las condiciones laborales del profesorado, a quien calificó de víctima de un modelo de "educación low cost".

Esa infrafinanciación se materializa, según el sindicato, en la ausencia de mejoras salariales autonómicas y en el mantenimiento de ratios que considera "elevadas e inasumibles": hasta 30 alumnos por aula en la ESO y 32 en Bachillerato. A ello se añade la situación de los docentes interinos, que superan los 10.000 en la región y siguen sin percibir retribución durante los meses de verano, salvo bajo condiciones "extremadamente restrictivas".

CSIF enumeró, además, una serie de carencias acumuladas que, a su juicio, evidencian el incumplimiento sistemático de los compromisos de la Administración: la falta de soluciones eficaces para la climatización de las aulas, el fracaso del modelo de plurilingüismo, la ausencia de avances en conciliación, el incumplimiento de las promesas de reducción burocrática, la resistencia a implantar tribunales de oposición de todas las especialidades en las cinco provincias de la región y la carga de trabajo adicional generada por la implantación de la nueva Formación Profesional.

La atención a la diversidad, el déficit más silenciado

Uno de los focos de mayor preocupación para el sindicato es la capacidad del sistema para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) o con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Durante el curso 2024-2025, el número de estudiantes en esta situación ascendió a 44.642, una cifra que prácticamente duplica los 22.502 registrados en el curso 2020-2021. Sin embargo, en ese mismo periodo, la plantilla docente en centros públicos solo creció en 949 profesores, hasta los 31.467 actuales.

CSIF consideró este desfase como "el déficit más profundo y menos reconocido del sistema educativo regional" y exigió una dotación estructural de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa, enfermería y fisioterapia "muy por encima de la existente actualmente". El sindicato denunció también una práctica que agrava la situación: el sistema de cómputo de alumnado con NEE, que actualmente solo cuenta como dos alumnos al primero de los matriculados con esas necesidades, lo que reduce artificialmente los cupos y merma la asignación de profesorado precisamente en las aulas donde la ratio reducida resulta más crítica.

Toledo: La Sagra, saturada, y los centros sin climatización

En la provincia de Toledo, CSIF describió un escenario de "deterioro estructural" especialmente agudo en la comarca de La Sagra, donde el fuerte crecimiento demográfico de los últimos años no ha ido acompañado de las inversiones necesarias en infraestructuras, plantillas y recursos. El sindicato documentó las cifras de alumnado sobrevenido incorporado a institutos de la zona a lo largo del curso, pese a que ya funcionaban en el límite de su capacidad: más de 50 nuevos alumnos en el IES Juan de Padilla de Illescas (Toledo) y 40 en el IES Josefina Aldecoa de la misma localidad; 40 en el IES Margarita Salas de Seseña (Toledo); 100 en el IES La Cañuela de Yuncos (Toledo); 60 en el IES Carpetania de Yepes (Toledo); 139 en el IES Cañada Real de Valmojado (Toledo), la cifra más alta registrada, y 50 en el IES Juan de Padilla de Torrijos (Toledo).

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, subrayó que "el resultado es evidente: centros saturados, ratios cada vez más elevadas y una sobrecarga de trabajo que recae directamente sobre los docentes. No se puede seguir gestionando el crecimiento educativo a base de improvisación con plantillas claramente insuficientes y recursos muy por debajo de las necesidades reales". El sindicalista advirtió de que el problema ya se extiende a otras zonas de la provincia, como Ocaña, Toledo capital o Talavera de la Reina.

El sindicato también alertó de la supresión de plazas docentes en el medio rural, un proceso que, según CSIF, está generando desplazamientos forzosos y mayor inestabilidad en las plantillas, con consecuencias sobre el papel de la escuela pública en la cohesión social y en la lucha contra la despoblación. En materia de infraestructuras, el sindicato reclamó la ejecución urgente de partidas presupuestarias paralizadas: 800.000 euros para climatización de centros dependientes del Ayuntamiento de Toledo, 100.000 euros para cuatro módulos del IES Cañada Real de Valmojado y 1.462.000 euros de gasto plurianual para la ampliación de ese mismo centro, "igualmente sin fecha de ejecución". CSIF exigió un plan urgente de infraestructuras educativas, la reducción de ratios, el incremento de plantillas estructurales y un calendario real y vinculante para la climatización de todos los centros escolares de la provincia.