Castilla-La Mancha destaca su compromiso con la caza "como actividad esencial que crea riqueza"

El Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha firmado en mayo de 2023 se va cumpliendo en sus objetivos, tal y como ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que este lunes se ha reunido con la nueva junta directiva de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y su presidente, Agustín Rabadán.

Rabadán ha demandado que hay cuestiones legislativas dentro de ese pacto que hay que abordar. "Necesitamos y creemos que ya estamos en el momento idóneo" de hacerlo, ha afirmado.

Entre estas modificaciones legislativas ha mencionado "la de la Ley de Caza, o la Ley 9/99 del Reglamento o cuestiones puramente burocráticas que hay que retomar".

Otro de los asuntos relevantes para el sector, ha afirmado Rabadán, es un plan de protección de la caza menor en Castilla-La Mancha, sin "olvidar que la perdiz roja es la reina de Castilla-La Mancha y tenemos que apostar por ella, sí o sí".

"Hay que hacer un mayor trabajo en cuanto al control de predadores, en cuanto a dotar de herramientas a los cazadores, a las sociedades de cazadores, para potenciar y fomentar lo que es nuestra materia prima, que es la caza menor".

Y como tercera cuestión, la apuesta y el fomento por la caza social que defiende la federación, por convenios formativos de licencia de caza, de control de predadores, de las cuestiones de vigilancia de cotos y el trabajo que hacen de "manera callada" las sociedades de cazadores locales, ha afirmado Rabadán.

Entre los objetivos recogidos en el Pacto "que vamos cumpliendo", ha citado "la difusión de la actividad cinegética a través de actividades o ferias como Fercatur, la Feria de Caza de Cuenca o la de Villanueva de la Fuente".

Junto a las mismas, y recogidas como compromisos en el Pacto, "hemos destinado subvenciones públicas por importe de 580.000 euros para que el sector pueda llevar a cabo actuaciones de mejora de hábitats de especies de caza menor como la codorniz o la perdiz roja con acuerdos de custodia del territorio, además de realizar un importante esfuerzo de recopilación de datos en campo de las especies que la Unión Europea está estudiando como posible estado inseguro de sus poblaciones, entre las que se encuentra la tórtola europea".

En este mismo sentido, también ha citado como actuaciones destacadas que se incluyen en los compromisos firmados en el Pacto por la Caza, el 'Plan de Gestión de la perdiz roja, "en el que estamos trabajando, nuestra participación activa en proyectos europeos como el 'LIFE Iberconejo' con el que perseguimos mejorar el status de la especie en la península ibérica, tanto para reducir sus sobrepoblaciones, como para su fomento en las zonas donde se encuentra reducido su presencia".

El Gobierno regional ha destacado su compromiso para seguir trabajando "mano a mano con el sector cinegético para que la caza siga manteniéndose como una actividad esencial en Castilla-La Mancha que no sólo crea riqueza y dinamiza en nuestras áreas rurales, sino que contribuye de manera fundamental a la gestión sostenible de nuestra fauna silvestre".

Mercedes Gómez ha recordado que "somos una Comunidad que cuenta con 115.000 licencias y la actividad cinegética representa el 1,7 de nuestro PIB, movilizando 600 millones de euros al año creando 14.000 empleos".

Gómez ha querido poner en valor la estrecha colaboración con la Federación Regional de Caza, que ha llevado a lograr hitos tan importantes como el haber firmado este pasado mes de octubre con ellos y más asociaciones del sector, el primer Convenio que les faculta supervisados por la Administración, a formar a través de cursos a nuevos cazadores y cazadoras, vigilantes de cotos, y especialistas en control de depredadores, tres actividades muy demandadas desde este colectivo que están teniendo muy buena acogida, además de realizar junto a ellos diferentes actividades para promocionar la caza tradicional y la gestión cinegética en terrenos propiedad de la Junta de Comunidades.

La consejera también ha señalado que "la Federación de Caza de Castilla-La Mancha es un miembro esencial del Pacto por la Caza, con el que se sigue avanzando "para lograr que la caza sea reconocida como una actividad cinegética sostenible, socialmente reconocida y necesaria en el territorio".

Para concluir, Gómez, que ha estado acompañada de su viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha informado que en estos momentos la Consejería participa "en diferentes reuniones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para integrar a Castilla-La Mancha en el Convenio de licencia interautonómica, se prevé que pueda estar firmado antes de fin de año.

En este sentido, ha recordado por último la consejera que, en estos momentos, "nos encontramos en pleno periodo especial de media veda, que finaliza el próximo 21 de septiembre para paloma torcaz y paloma bravía, y el 15 de septiembre para codorniz común, y en base a las primeras informaciones que nos van llegando, la media veda está transcurriendo con total normalidad".

TRASVASE TAJO-SEGURA

En otro orden, la consejera de Desarrollo Sostenible ha manifestado que al Ejecutivo autonómico le gustaría que el Gobierno central ya hubiera puesto encima de la mesa el documento que acredita la modificación de las reglas de explotación de trasvases, que "todavía" no conoce, y que "lógicamente tiene que establecer las nuevas reglas del juego".

Preguntada por las reivindicaciones en materia de agua en el Día Mundial de la Agricultura, Gómez ha señalado que el Gobierno de España está cumpliendo "demasiado estrictamente y rigurosamente los trasvases".

"Ya quisiera yo que eso no fuese así", ha manifestado la consejera del ramo, insistiendo en que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha apoyan los sistemas de abastecimiento de agua de la región buscando "la resiliencia de los mismos".

"Los trasvases tienen que ser para dar esa resiliencia a los sistemas de abastecimiento fundamentalmente", ha incidido.

También, a preguntas de los medios, se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que volvió a reivindicar la pasada semana el agua que le corresponde del trasvase Tajo-Segura, afirmando que ese caudal "ha sido recortado 25 veces" por parte del Gobierno central.

Al respecto, Mercedes Gómez ha respondido: "Yo no sé si le deben 25 trasvases o qué les deben (...) la legislación y la normativa está ahí".

DECRETO SOBRE LA GESTIÓN DE PURINES

Por otra parte, la consejera de Desarrollo Sostenible ha confiado en que el documento de decreto de gestión de purines en la región abra su proceso de información pública a principios del mes de octubre, para que, iniciándose este proceso, se aporten alegaciones de quien tenga que decir "algo" al respecto.

Gómez ha recordado que este decreto es uno de los tres que harán posible que se levante la moratoria que prohíbe la instalación de macrogranjas de cerdos con más de 2.000 cabezas en toda la región.

Esta moratoria estará vigente hasta el 31 de diciembre, y la gestión de purines será uno de los decretos por el que se establecerán métodos que permitan eliminar esos purines "sin riesgo de ningún tipo".

Otro de los decretos a poner en marcha será el nuevo plan de biometanización para Castilla-La Mancha, un plan establecido para poder desarrollar este tipo de industria que ayuda a la eliminación de los purines, siendo "industrias seguras y que no provoquen ningún daño en los municipios".

Y la tercera medida será el nuevo mapa de zonas vulnerables de nitratos que van a limitar, también, dónde se pueden ubicar este tipo de explotaciones y dónde se pueden ubicar las plantas de biometano.

Se trata de tres iniciativas que la Consejería de Desarrollo Sostenible trabaja con el sector porcino y, "de forma directa con Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con representantes conservacionistas", para poner en marcha "los tres decretos que serán los que hagan posible que podamos levantar la moratoria".

Preguntada por la Asociación Bullaque Vivo, que alerta de las consecuencias que una macrogranja de 4.000 cerdos que se proyecta en el municipio de El Robledo (Ciudad Real) tendría en el río Bullaque, ha señalado que la evaluación ambiental de esta explotación se hizo antes de establecerse la moratoria en materia de macrogranjas.

"Quiere decir que desde el punto de vista ambiental para esta Consejería en estos momentos y con el proyecto encima de la mesa cumple todos los requisitos establecidos porque los cumplía cuando se hizo esa evaluación ambiental. Si una vez que se construyese esta explotación se detectasen informes negativos con respecto a la afección que pudiese provocar en cualquier aspecto, pues lógicamente nosotros actuaríamos y suspenderíamos la autorización", ha manifestado.

A juicio de Gómez, "ya es competencia municipal el poder hacerlo", porque tras entrar en vigor en abril una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, "si un municipio quiere un proyecto del tipo que sea, evidentemente tendrá que pronunciarse al respecto y, entonces, nosotros ejerceremos la evaluación ambiental para que, precisamente, siga todos los trámites".