El Cermi pide sanciones en la futura ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha

El CERMI de Castilla-La Mancha defenderá ante el Gobierno regional que la futura ley de Accesibilidad Universal incluya un procedimiento sancionador claramente establecido, sin el cual, a juicio de la organización, la norma carecerá de eficacia real. Así lo expuso Cristina Gómez Palomo, presidenta de la entidad y también de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, en declaraciones a la agencia EFE, en el marco del proceso de participación pública que ha puesto en marcha la Junta de Comunidades para elaborar esa legislación.

"Si se pretende que la ley sea de obligado cumplimiento sin este régimen, no hacemos nada, todo se queda sobre el papel", subrayó Gómez Palomo, que exigió que la futura norma obligue por igual a ciudadanos y a todas las administraciones públicas implicadas. Para el movimiento asociativo que representa el CERMI, la premisa es clara: "tiene que haber un régimen que obligue a cumplirla".

Una norma que actualice el concepto de accesibilidad

Más allá del régimen sancionatorio, la organización apuesta por que la nueva ley adapte su contenido al actual concepto de accesibilidad universal, que ha evolucionado de forma significativa durante las últimas décadas. Castilla-La Mancha fue en su momento comunidad pionera con la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de 1994, una norma que, junto con el texto refundido de la Ley General de Discapacidad estatal —también en proceso de reforma—, ya contempla dicho concepto. Sin embargo, Gómez Palomo señaló que la percepción social continúa anclada, de forma mayoritaria, en las barreras arquitectónicas que afectan a personas con discapacidad física, cuando la realidad es mucho más amplia.

A pesar de los años transcurridos, la presidenta del CERMI advirtió de que las barreras físicas tampoco han desaparecido: hay casos de espacios que antes eran accesibles y que hoy ya no lo son. Pero la situación es, a su juicio, aún más preocupante en otro tipo de obstáculos que afectan a personas ciegas, personas sordas, personas con deterioro cognitivo o con dificultades para la interacción social, entre las que se encuentran muchas personas con autismo.

Barreras cognitivas y lectura fácil, ejes de la nueva ley

El CERMI considera imprescindible que la futura norma contemple la accesibilidad cognitiva tanto en espacios públicos como privados. Gómez Palomo puso el foco en la necesidad de actuar sobre los entornos, pero también sobre los textos que elaboran las administraciones públicas, para que sean comprensibles para toda la ciudadanía. Señaló, además, cuestiones cotidianas como las cartas de los restaurantes o los códigos QR, que en muchos casos suponen una barrera real para determinados colectivos.

En este punto, la presidenta del CERMI mostró su satisfacción por el interés detectado entre los empresarios de la región, que empiezan a ver la accesibilidad "también en clave de oportunidad" para mejorar sus negocios, y no solo como una obligación.

La estación de autobuses de Toledo, ejemplo de lo que no debe ocurrir

Uno de los casos concretos que el CERMI llevará como ejemplo a las negociaciones es el de la estación de autobuses de Toledo (Toledo), cuya situación Gómez Palomo calificó de "un horror". Según describió, actualmente no funcionan ni el remonte mecánico ni los ascensores, y el edificio carece de una señalética adaptada o de textos de lectura fácil, entre otras deficiencias de accesibilidad.

La presidenta del CERMI abogó por que los preceptos de la accesibilidad universal se integren plenamente en la remodelación de ese espacio, que el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades han acordado acometer de forma conjunta. Subrayó, además, el valor simbólico del edificio: la estación de autobuses es la primera imagen que muchos visitantes tienen de la ciudad.

La elaboración de la futura ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha se enmarca en un proceso más amplio de renovación normativa que también afecta al ámbito estatal, donde el texto refundido de la Ley General de Discapacidad está igualmente previsto que sea objeto de reforma. Para el CERMI castellanomanchego, el momento es una oportunidad que no debe desaprovecharse para construir una legislación que pase, de una vez, de las intenciones a las obligaciones exigibles.