Los centros de datos ponen a prueba los recursos hídricos de España
España lidera la implantación de centros de datos en el sur de Europa, pero la expansión del sector abre un interrogante urgente sobre el consumo de agua en un país sometido a creciente estrés hídrico.
El Gobierno ultima un Real Decreto de sostenibilidad para estas instalaciones mientras la Comisión Europea impulsa una ley que busca triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de cinco a siete años. Greenpeace advierte de que ambas tendencias son "totalmente incompatibles" con la situación hídrica del continente.
El auge de los centros de datos en España pone en tensión dos prioridades difíciles de conciliar: el liderazgo digital que el país aspira a consolidar en el sur de Europa y la presión creciente sobre unos recursos hídricos cada vez más escasos. El debate ha ganado urgencia en los últimos meses, con el Gobierno a punto de aprobar un Real Decreto que introduce requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estas instalaciones —no exento de críticas de la patronal, las comunidades autónomas, asociaciones y organizaciones ecologistas— y con Bruselas impulsando una regulación de largo alcance.
En junio, la Comisión Europea presentó la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), una norma que aspira a triplicar la capacidad de los centros de datos de la Unión Europea en un horizonte de cinco a siete años. La propuesta incluye medidas para "acelerar la concesión de permisos" y "mejorar el acceso a recursos clave" como la energía, el suelo o el agua, lo que, a juicio de los críticos, puede agravar la huella hídrica del sector antes de que existan salvaguardas suficientes.
La Agencia Europea del Medioambiente (EEA) ha advertido ya de esa huella, que va más allá del consumo directo: comprende la generación de la electricidad que alimenta las instalaciones, los sistemas de refrigeración y la fabricación de semiconductores.
La industria apuesta por la eficiencia, no por el veto
Para la asociación española del sector Spain DC, el crecimiento de la capacidad digital no conlleva necesariamente un incremento proporcional del agua consumida. La entidad defiende que las nuevas tecnologías permiten adaptar los procesos a las condiciones de cada instalación y apuesta por soluciones como la refrigeración seca, los circuitos cerrados, el free cooling o el uso de agua regenerada. "Más que de sacrificios, hablamos de buscar el equilibrio óptimo entre consumo de agua y eficiencia energética", sostiene la asociación.
No obstante, Spain DC reconoce que algunas de esas alternativas, como la refrigeración seca, pueden requerir más electricidad durante episodios de calor extremo —cada vez más frecuentes— y apuesta por sistemas híbridos para encontrar ese equilibrio. La asociación defiende que la disponibilidad del agua debe ser un criterio relevante a la hora de elegir la ubicación de los centros, pero no un "veto territorial": "La localización depende también de la disponibilidad de energía, la capacidad de la red eléctrica, la conectividad, el clima o las necesidades de los clientes."
Greenpeace: "Un despropósito ambiental"
Desde una posición radicalmente opuesta, Greenpeace considera "totalmente incompatibles" la expansión prevista y la situación hídrica europea, en particular en el sur del continente. Julio Barea, experto en aguas de la organización, y María Prado, responsable de Energía y Clima, han calificado de "despropósito ambiental e irresponsabilidad social" triplicar la capacidad de los centros de datos "en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa".
La organización reclama que los proyectos incorporen una evaluación de su impacto sobre el balance hídrico, de modo que se priorice el consumo humano y los caudales ecológicos frente a otros usos. Greenpeace advierte además de que mejorar la eficiencia de cada instalación no garantiza una reducción de la presión total sobre el recurso si el número de centros y la demanda computacional continúan en aumento. Para respaldar ese argumento, la organización apela a la paradoja de Jevons —o efecto rebote, documentada por la ONU—, según la cual el ahorro conseguido mediante nuevas tecnologías tiende a quedar absorbido por el crecimiento agregado del sector.
El debate llega en un momento en que España trata de posicionarse como destino preferente para la inversión en infraestructura digital europea, con todo lo que eso implica en términos económicos y de soberanía tecnológica, pero también con los límites que impone un territorio donde la escasez de agua es cada vez menos una excepción y más una condición estructural.