CCOO exige tolerancia cero tras 700 agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO presentó este martes en Toledo una campaña contra las agresiones al personal sanitario de Castilla-La Mancha, respaldada por datos propios y por el último informe del Ministerio de Sanidad. Según las cifras manejadas por el sindicato, en 2025 se registraron en la región cerca de 700 episodios violentos, entre agresiones verbales y físicas, lo que supone una media de dos incidentes diarios. Durante el verano, el incremento rozó el 20%, concentrado especialmente en la atención primaria.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, subrayó durante la presentación que estas agresiones "suponen un grave riesgo laboral para la integridad física y el bienestar psicológico del personal que trabaja en estos entornos" y reclamó "tolerancia cero". Ortega insistió en que la violencia externa debe ser abordada "como un riesgo laboral más" que ha de prevenirse y evaluarse de forma multisectorial, para que ningún incidente quede sin respuesta.

Para dar visibilidad al problema entre la ciudadanía, el sindicato distribuirá más de 3.000 carteles en centros sanitarios de las cinco provincias y desplegará una campaña paralela en redes sociales. "Paralelamente pedimos a la Administración medidas organizativas y preventivas, que se forme de manera específica a los profesionales en el manejo de las situaciones de conflicto y que el Sescam agilice la tramitación de sanciones que lleva a cabo el observatorio creado, para que ninguna agresión quede impune", reclamó Ortega.

Silencio estadístico: casi la mitad no denuncia

El aspecto más preocupante de los datos recogidos por CCOO es la magnitud del subregistro. La secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Pilar Ramos, explicó que la encuesta, realizada entre más de medio millar de profesionales, evidencia que solo el 52,2% de quienes sufren una agresión la notifica. El 47,8% restante opta por el silencio, principalmente porque no confía en que la denuncia vaya a tener consecuencias reales. A ello se suma que el 73,9% de los encuestados desconoce los protocolos y canales disponibles para hacerlo.

"Más de la mitad de las agresiones no se comunican, por lo tanto quedan silenciadas, y esto puede ofrecer una visión distorsionada de la realidad que lamentablemente hay", advirtió Ortega. Ramos añadió que esta cifra "nos dice que el 73,9% de los profesionales creen que no hay medidas de seguridad suficientes", lo que a su juicio refleja una sensación generalizada de desprotección que el sindicato exige revertir.

Atención primaria y urgencias, epicentros de la violencia

El desglose por servicios sitúa a atención primaria como el entorno más expuesto, con el 30,4% de las agresiones, seguida de urgencias con el 26,1%. Fue precisamente el incremento registrado el verano pasado en primaria el que impulsó a CCOO a elaborar la encuesta. Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2025, citados por Ortega, confirman que más de la mitad de todas las agresiones en entornos sanitarios se producen en atención primaria y en urgencias de ese mismo nivel asistencial.

Por perfil profesional, el personal médico acumula el 34,8% de las agresiones y el de enfermería el 21,7%. Sin embargo, Ortega alertó de que están creciendo los incidentes que afectan al personal administrativo, que representa ya el 13% de los afectados y que es, en muchos casos, la primera cara visible del sistema de salud ante el usuario.

El informe ministerial añade otro dato estructural: el 80% de las personas agredidas en entornos sanitarios son mujeres. El 85% de las agresiones son de carácter verbal, frente al 15% de carácter físico. Entre las causas más frecuentes se encuentran la percepción negativa de la atención recibida y las demandas no satisfechas por parte del usuario.

Ramos pide reforzar plantillas y mejorar agendas

La secretaria de la federación sanitaria de CCOO fue más allá en su diagnóstico y vinculó directamente las agresiones con las carencias estructurales del sistema. "Ahora mismo hay una desprotección, sobre todo en centros de salud, y esto no es solo una cuestión de poner más vigilancia. Entendemos que tiene que haber medidas organizativas y tiene que haber una mejora en las agendas que no demoren la asistencia sanitaria y faciliten el trabajo a los profesionales que, al final, acumulan estrés y pueden acabar de baja", afirmó Ramos.

En el mismo sentido, apuntó a la falta de médicos durante el periodo estival como factor agravante: "En periodo estival entran muchos profesionales de enfermería, pero facultativos no. Se sustituyen entre ellos. Hay una falta de médicos", denunció, advirtiendo que las bajas por estrés acumulado de los propios facultativos no siempre se cubren por ausencia de sustitutos.

Ramos también mencionó la "polarización y agresividad" del clima social como un elemento que puede estar contribuyendo al incremento de incidentes, aunque subrayó que los tiempos de espera son el principal factor identificado por el sindicato detrás de los ataques.

Sanciones, formación y la figura del director de seguridad

A pesar del diagnóstico crítico, Ramos valoró positivamente que en Castilla-La Mancha ya estén operativas las sanciones administrativas y económicas con efecto disuasorio para los agresores, que pueden superar los 15.000 euros. "Los profesionales que estamos cuidando a los pacientes no podemos estar recibiendo insultos en el desarrollo de nuestro trabajo y, en algún caso, jugándonos la vida", remarcó.

No obstante, el sindicato considera insuficiente el acompañamiento institucional a los profesionales que sufren las agresiones más graves. "Tiene que haber un acompañamiento por parte de la Administración, tanto jurídico como psicológico, que no lo está habiendo en casos graves. Entendemos que se tiene que reforzar. Es fundamental cuidar a quien nos cuidan", reclamó Ramos.

Ortega cerró la rueda de prensa reclamando que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) concrete la creación de la figura del director de seguridad, cuya puesta en marcha lleva pendiente varios meses. Esta figura, avanzada en noviembre de 2025 por el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, asumiría funciones de coordinación, dirección y asesoramiento en materia de seguridad privada, así como la interlocución con la Seguridad Pública. Para el secretario general de CCOO, es imprescindible que esta figura "vea definitivamente la luz" si se quiere dar una respuesta institucional coherente a un problema que, en sus propias palabras, ya no admite más demora.