Castilla-La Mancha rechaza un modelo ‘low cost’ en la acogida de menores migrantes

Castilla-La Mancha ha reiterado este jueves su voluntad de colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, pero ha rechazado frontalmente el modelo ‘low cost’ que plantea el Gobierno de España por considerar que pone en riesgo la calidad del sistema de protección de la región y no garantiza los cuidados adecuados para estos niños y niñas.

Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a la salida del Ministerio de Juventud e Infancia, tras confirmarse que no se podía celebrar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia al no alcanzarse el quórum necesario y a la que no han acudido las comunidades gobernadas por el Partido Popular. “Es lamentable que no se haya podido celebrar una Conferencia clave para afrontar una situación de emergencia como ésta, que exige coordinación, diálogo y recursos”, ha afirmado.

Pese a la suspensión de la sesión formal, la ministra ha trasladado a las comunidades los próximos pasos del Gobierno: la aprobación del Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros del 26 de agosto y su inmediata aplicación. En este contexto, García Torijano ha querido dejar clara la postura de Castilla-La Mancha, que ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto “por no haber sido consensuado con las comunidades”.

Según los documentos enviados por el Ministerio, a Castilla-La Mancha se le asignarían 320 menores, con una financiación total ligeramente superior a los cuatro millones de euros. Eso supone un precio por plaza y día de 35,75 euros, según ha señalado García Torijano, muy inferior al modelo anterior de contingencias, que se financiaba a razón de 145 euros por plaza y día, recuerda.

“Estamos hablando de una rebaja del 80 por ciento que hace inviable abrir nuevos recursos y atender a estos menores como merecen. No se puede hacer política de infancia al mínimo coste”, ha denunciado la consejera.

“Atender y poder acoger a los casi 4.000 menores que se quieren sacar de Canarias y Ceuta cuesta alrededor de unos 250 millones de euros. Eso hoy la ministra y el secretario de Estado lo han reconocido y han dicho que efectivamente así se lo han pedido a la ministra de Hacienda y, por tanto, al Gobierno de España. Pero que la obtención han sido 100 millones de euros y que hay que afrontar esta situación con esos 100 millones. En Castilla-La Mancha entendemos que no se puede hacer un ‘low cost’ con un tema tan sensible de menores”.

García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha mantiene su posición de solidaridad y voluntad de ayuda, como ha hecho siempre, “pero no a costa de tensionar un sistema de protección que ya tiene el 98 por ciento de sus 560 plazas ocupadas”. La región recuerda que ya presentó en febrero una propuesta planificada y seria para participar en la acogida de menores, que no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio.

Además, ha advertido de la desigualdad en el trato entre menores migrantes gestionados por asilo (que reciben mayor financiación) y los que se derivan a las comunidades autónomas: “Todos los niños son iguales y necesitan los mismos cuidados”, ha señalado.

La región ha vuelto a reivindicar su modelo de atención a la infancia basado en pequeñas unidades de convivencia (de máximo 10 plazas), sin grandes centros de acogida, que prioriza una atención personalizada y de calidad, en línea con las recomendaciones internacionales y el nuevo enfoque de cuidados promovido por el propio Gobierno de España.

“Este modelo supone mayor inversión, sí, pero también más dignidad, más garantías y mejores resultados. Por eso lo defendemos y no vamos a renunciar a él”, ha indicado la consejera.

SE COMENZARÁ CON EL TRASLADO EL 28 DE AGOSTO

La conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, se ha suspendido por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha criticado el "bloqueo" y la "posición racista" del PP.

A la reunión han asistido las consejeras de Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada en exclusiva por el PP que ha acudido.

La ministra de Juventud e Infancia ha criticado este "enésimo bloqueo" del PP para poner en marcha la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y ha calificado de "profunda falta de respeto" que no se hayan presentado a la reunión, más aún "en una situación de crisis humanitaria en las Islas Canarias, fundamentalmente, y en Ceuta".

Además, ha recordado que en el último año han convocado 12 conferencias sectoriales y comisiones sectoriales de infancia y ha criticado que el PP no ha llevado "ni una sola propuesta".

"Hemos sufrido bloqueos de todo tipo, hemos sufrido bloqueos para convocar, hemos sufrido bloqueos por la falta de aportaciones", ha lamentado Rego, añadiendo que hoy ha sido "un colofón definitivo con la ausencia, con esta performance que ha hecho el Partido Popular de bloqueo de la conferencia sectorial".

Además, ha advertido de que, con su 'plantón' han impedido que se repartan 22 millones de euros para la primera acogida de los niños y niñas que llegan a los sistemas de Canarias, de Ceuta, de Baleares y de Melilla.

"Y no puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares, porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado en la reunión que teníamos convocada para hoy", ha apuntado.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno cuenta con un dictamen del Consejo de Estado que "acredita y avala" la "legitimidad para seguir trabajando y para seguir convocando las conferencias sectoriales"; y ha añadido que las CCAA tienen derecho a recurrir al Constitucional pero "no se pueden erigir en juez y en parte".

Por ello, ha anunciado que van a seguir trabajando y, en este sentido, ha avanzado que llevarán al próximo Consejo de Ministros el reglamento de aplicación de la reforma del artículo 35, que explica los procedimientos para aplicar la reforma, en coordinación con las comunidades autónomas.

Asimismo, ha añadido que el 26 de agosto aprobarán el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada y que, a partir del 28 de agosto, estarán en disposición de comenzar con el traslado de hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a la Península (una cifra máxima que seguramente sea finalmente inferior tras restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo, que pueden ser hasta 1.200).

En cuanto a la financiación, la ministra ha puntualizado que se van a repartir 100 millones de euros a las CCAA y que están trabajando en otros programas complementarios de transición a la vida adulta que se van a hacer de manera cooperativa con las comunidades autónomas.

Preguntada por cómo se podría obligar a las CCAA que se nieguen a acoger a los menores que les correspondan en el reparto, Rego ha pedido no anticipar escenarios pero ha puntualizado que "la ley contempla una serie de mecanismos de aplicación, una serie de garantías, incluida la posibilidad de interponer los recursos, las reclamaciones necesarias ante la Fiscalía en caso de que no se cumpla".

LAS CIFRAS DE LA ACOGIDA POR CCAA

Según las cifras del Ministerio, se quedan fuera del reparto de menores migrantes no acompañados Cataluña y Euskadi --"debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años", según Juventud-- mientras Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana deberán acoger a aproximadamente la mitad de estos niños y niñas.

Así, las comunidades que más menores migrantes deberán acoger son: Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas; Madrid, con 647 y Comunidad Valenciana, con 571.

Les siguen Castilla- La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (118). La que menos menores deberá acoger es Baleares, con 49. Además, "de forma voluntaria", Cataluña ha anunciado su intención de acoger, como mínimo, el mismo número de niños, niñas y adolescentes que en anteriores campañas de acogida, es decir, 31.

En cuanto a la financiación, todos los traslados de las personas menores serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, el Estado sufragará los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses de todas las personas que sean trasladadas. También compensará económicamente la sobreocupación ordinaria de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid, según informaron fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

En concreto, las CCAA que recibirán más financiación son Canarias (24,3 millones de euros), Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones). Las que menos son Melilla (993.300 euros) y Cataluña (404.550 euros).