Castilla-La Mancha lidera en solitario la dependencia en España
La región obtiene la mejor puntuación del país en el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia.
Más de 82.000 personas reciben atención y el sistema supera las 118.000 prestaciones activas en la comunidad.
Castilla-La Mancha se ha situado por primera vez en solitario como la comunidad autónoma con mejor gestión de la dependencia en España, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados. La región obtiene una puntuación de 8,25 sobre 10, la más alta del país, consolidando el liderazgo que ha venido manteniendo en los últimos años en el desarrollo del sistema de atención a personas dependientes.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha celebrado este resultado destacando que supone “un logro fruto de un esfuerzo enorme” y recordando que cuando llegó al Gobierno autonómico, en 2015, Castilla-La Mancha se encontraba “en suspenso” en materia de dependencia. «Por primera vez, Castilla-La Mancha lidera este ranking en solitario y a distancia del resto de comunidades», ha subrayado en un mensaje difundido en la red social X, agradeciendo el trabajo de los profesionales del sistema y defendiendo que atender a quienes más lo necesitan es una de las prioridades del Ejecutivo regional.
Liderazgo en la gestión del sistema
El dictamen elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confirma que Castilla-La Mancha encabeza el ranking nacional en la aplicación del sistema de dependencia, manteniendo además la misma puntuación obtenida el año anterior. El informe también sitúa a Castilla y León con 7,5 puntos en segundo lugar, mientras que Extremadura (2,25) y Ceuta y Melilla (2,5) aparecen a la cola de la clasificación.
La comunidad autónoma llega a este reconocimiento en el mejor momento de su sistema de atención, con más de 82.000 personas atendidas, más de 118.000 prestaciones y servicios activos y más de 27.500 empleos vinculados al sector, cifras que reflejan la dimensión alcanzada por las políticas sociales en la región. Además, el tiempo medio de resolución de expedientes se sitúa en 165 días al cierre de 2025, aproximadamente la mitad de la media nacional.
Según el informe, durante el último ejercicio Castilla-La Mancha incorporó 4.390 nuevos beneficiarios al sistema, lo que supone un incremento del 5,63% respecto al año anterior, aunque por debajo del crecimiento medio registrado en el conjunto del país, que se sitúa en el 10,45%.
Evolución en la última década
La evolución del sistema regional ha sido especialmente significativa en los últimos diez años. La puntuación del Observatorio ha pasado del 4,6 registrado en 2015 al 8,25 actual, un cambio que refleja, según el Gobierno regional, una apuesta sostenida por las políticas sociales y la ampliación de servicios de atención.
El sistema de dependencia se ha consolidado así como uno de los pilares del bienestar en Castilla-La Mancha, con recursos que incluyen residencias, centros de día, viviendas para mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios de promoción de la autonomía personal (SEPAP) y prestaciones económicas.
Además, el informe destaca que solo cuatro comunidades autónomas cumplen los plazos de resolución establecidos por la ley estatal, entre ellas Castilla-La Mancha, y que solo seis autonomías aprueban en la evaluación global, con la región manchega a la cabeza.
Impacto en empleo y reducción del “limbo”
Entre los indicadores positivos recogidos por el dictamen figura la generación de 1.303 nuevos empleos vinculados al sistema, lo que eleva el total hasta 20.500 puestos de trabajo, el máximo histórico en la comunidad.
Asimismo, el informe recoge una reducción del llamado “limbo de la dependencia” de 369 personas (-15,16%), aunque el porcentaje ha pasado del 5,54% al 5,81%, según los datos analizados.
No obstante, el dictamen también señala que en 2025 fallecieron 1.150 personas en Castilla-La Mancha mientras se encontraban en lista de espera, de las cuales 656 aún no tenían resolución de grado y 494 ya tenían reconocido el derecho pero seguían pendientes de prestación o servicio.
Por otro lado, el documento indica que la comunidad autónoma ha visto reducirse en 1,32 millones de euros la financiación procedente del Ministerio, correspondiente al Fondo de Cumplimiento de Objetivos aprobado por el Consejo Interterritorial.
El Gobierno regional destaca el trabajo del sistema
Tras conocerse los resultados, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que el liderazgo de Castilla-La Mancha es fruto de “un trabajo realizado a lo largo de los diez años de Gobierno del presidente Page”.
“Este liderazgo no es una medalla para un Gobierno, sino una tranquilidad para miles de familias de Castilla-La Mancha, que saben que detrás de los datos hay un sistema que responde, que atiende y que cuida”, ha afirmado.
La consejera ha destacado que el éxito del modelo regional se sustenta en la implicación de los profesionales del sistema de dependencia, entidades locales y organizaciones del tercer sector, además de la apuesta institucional por reforzar las políticas sociales.
En este sentido, ha recordado que la comunidad autónoma asume actualmente el 71% de la financiación del sistema, por lo que ha reclamado al Gobierno central que cumpla con la corresponsabilidad prevista en la ley y aporte el 50% del coste del sistema, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y seguir mejorando la atención.
Torijano ha enmarcado además estos resultados en el vigésimo aniversario de la Ley de Dependencia, destacando que el sistema es “una forma de medir la dignidad de una sociedad” y subrayando la necesidad de mantener el compromiso con las políticas sociales.
La titular de Bienestar Social también ha señalado que garantizar la atención en territorios con envejecimiento, dispersión territorial y despoblación, como ocurre en gran parte de Castilla-La Mancha, requiere una financiación ajustada al coste real de los servicios, especialmente para asegurar su presencia en el medio rural.
Datos del sistema a nivel nacional
A escala estatal, el informe advierte de que una persona muere cada 16 minutos en España mientras espera atención del sistema de dependencia.
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en lista de espera, de las cuales 17.994 estaban pendientes de resolución de grado y 14.710 ya tenían reconocido el derecho pero no habían recibido aún la prestación o servicio correspondiente.
Actualmente existen 258.167 personas en lista de espera en el conjunto del país, mientras que el tiempo medio de resolución de expedientes alcanza los 341 días, siete más que el año anterior.
Al cierre de 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia en España, con 158.618 personas más atendidas que el año anterior. En los 19 años de funcionamiento del sistema, más de cuatro millones de personas han recibido atención, mientras que alrededor de 900.000 han fallecido mientras esperaban.
Por tipo de prestación, el informe indica que 735.889 personas (44,6%) reciben atención a través de cuidadores familiares, con una ayuda media de 264,55 euros mensuales, mientras que 66.246 beneficiarios reciben únicamente teleasistencia.
Financiación y retos del sistema
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que en 2024 el Gobierno central paralizó el incremento de 600 millones de euros anuales que el Plan de Choque había impulsado entre 2021 y 2023, lo que, según la organización, ha limitado el crecimiento de prestaciones y servicios.
Aun así, el gasto total del sistema alcanzó en 2025 un máximo de 13.506,6 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, aproximadamente la mitad de lo que dedican de media los países de la Unión Europea.
El Observatorio también advierte de que la reforma de la Ley de Dependencia aprobada recientemente no incorpora un aumento presupuestario, por lo que considera necesario incrementar en al menos 1.000 millones de euros la financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado para poder ampliar prestaciones, agilizar procedimientos y reducir las listas de espera.