Castilla-La Mancha defiende sus ratios ante la huelga en guarderías

Castilla-La Mancha defiende sus ratios ante la huelga en guarderías

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, respaldó este miércoles la huelga de escuelas infantiles convocada para el jueves 7 de mayo a nivel estatal y defendió que las ratios en los 38 centros de titularidad autonómica son inferiores a los estándares nacionales en todas las franjas de edad.

El sindicato CCOO ha anunciado la presentación de una demanda contra los servicios mínimos fijados por la Consejería de Educación para la jornada de paro, al considerar que vulneran el derecho fundamental de huelga y resultan incoherentes con la propia postura de la Junta, que ha rechazado sistemáticamente reconocer el primer ciclo de Educación Infantil como servicio esencial.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, mostró este miércoles su "respeto total y absoluto" a la huelga estatal de escuelas infantiles convocada para el jueves 7 de mayo, y aprovechó para subrayar que los centros de titularidad autonómica cuentan con ratios inferiores a las fijadas a nivel nacional en todos los tramos de edad del primer ciclo. La Consejería ha establecido los servicios mínimos acordados con los sindicatos en las 38 escuelas infantiles de la red regional.

Pastor realizó estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa convocada para presentar la exposición Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo, en la que aclaró que la huelga "nace de un clamor" de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, a la que han ido sumándose progresivamente los diferentes sindicatos. Las reivindicaciones de esta plataforma se dirigen fundamentalmente al Ministerio de Educación y se articulan en torno a dos ejes: la reducción de las ratios de alumnos por aula y la mejora de las condiciones laborales del personal docente en los centros de diversa titularidad.

Las ratios en CLM, por debajo de los estándares nacionales

El consejero detalló con precisión los datos que, a su juicio, diferencian la situación de Castilla-La Mancha del resto del país. En la franja de 0 a 1 año, la ratio nacional es de 8 niños por aula, mientras que en la región se sitúa en 6. Para el tramo de 1 a 2 años, el estándar estatal marca 13 alumnos, frente a los 11 de la comunidad autónoma. Y en el grupo de 2 a 3 años, la normativa nacional permite hasta 20 niños por aula, un umbral que en Castilla-La Mancha se reduce a 16. "La media regional está por debajo de esos niveles", recalcó Pastor, incidiendo en que las circunstancias de la región "son totalmente diferentes a las del resto de otras comunidades autónomas".

El consejero añadió que, además de las ratios más reducidas, en las escuelas infantiles de la Junta se ha consolidado "parcialmente" la medida de incorporar un apoyo adicional por aula, una mejora que en otras comunidades sigue siendo objeto de reivindicación. Aun así, reconoció que la propia Plataforma Laboral, pese a reconocer que "las ratios aquí en Castilla-La Mancha son diferentes y mejores que en el resto de España", continúa reclamando una mayor reducción y la presencia garantizada de dos profesionales dentro de cada aula.

Estabilidad laboral frente a la externalización

En lo relativo a las condiciones salariales, Pastor subrayó otro elemento diferenciador respecto a otras regiones: el personal de las escuelas infantiles de titularidad autonómica pertenece a la plantilla de empleados públicos de la propia Junta, ya sea como personal laboral o como funcionarios. "No están externalizados los servicios", afirmó el consejero, lo que —a su juicio— "da una garantía de estabilidad en sus trabajos" y una retribución equiparable a la del resto de trabajadores del mismo grupo de la administración autonómica. Esta circunstancia contrasta con la situación de numerosas escuelas infantiles de otras comunidades, donde la gestión está delegada a empresas o entidades privadas y las condiciones laborales varían significativamente.

Pastor fue categórico al señalar que las reivindicaciones del sector, en todo caso, "deben ser estudiadas por el Ministerio de Educación", trasladando así la responsabilidad de las demandas más ambiciosas al Gobierno central.

CCOO denuncia incoherencia en los servicios mínimos

Al margen de las declaraciones del consejero, la jornada estuvo marcada por el anuncio de Comisiones Obreras (CCOO) de presentar una demanda contra los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Educación para la huelga del 7 de mayo. El sindicato argumenta que la imposición de esos servicios mínimos supone una vulneración del derecho fundamental de huelga y, sobre todo, incurre en una contradicción de fondo con la propia postura institucional de la Junta.

Según explicó CCOO en un comunicado, el sindicato y otras organizaciones llevan tiempo reclamando que el primer ciclo de Educación Infantil sea reconocido formalmente como servicio esencial. Sin embargo, la Consejería de Educación "ha rechazado sistemáticamente esta reivindicación en todas las ocasiones en que ha sido planteada". La paradoja que denuncia el sindicato resulta así de plena evidencia: la administración autonómica invoca de facto el carácter esencial del servicio para justificar la fijación de mínimos, pero se niega a reconocerlo explícitamente cuando se trata de dotarlo de mayores recursos o de reforzar los derechos del personal.

"Nos encontramos ante una situación inadmisible, la Junta niega el carácter esencial de las escuelas infantiles cuando se trata de reconocer derechos y reforzar el servicio público, pero lo invoca de facto cuando pretende limitar el derecho de huelga", señaló el sindicato. CCOO sostiene que los servicios mínimos solo pueden imponerse legalmente para garantizar servicios esenciales a la comunidad y siempre de forma proporcionada y debidamente justificada, por lo que, a su juicio, "la imposición de servicios mínimos carece de coherencia y legalidad" en este caso concreto.

Una huelga con respaldo sindical creciente

La convocatoria de paro del 7 de mayo es la expresión más visible de un malestar que lleva meses acumulándose en el sector. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, impulsora inicial de las movilizaciones, ha logrado aglutinar progresivamente el respaldo de los principales sindicatos, ampliando el alcance y la visibilidad de unas reivindicaciones que apuntan directamente a la política del Ministerio de Educación en materia de ratios, financiación y condiciones laborales en el primer ciclo de la enseñanza. La Consejería castellanomanchega se sitúa, al menos formalmente, en una posición de observadora: reconoce la legitimidad de las demandas pero las remite al ámbito estatal, mientras gestiona internamente la tensión que genera la aplicación de unos servicios mínimos cuya legalidad ha quedado en entredicho antes incluso de que arranque la jornada de huelga.