CONSEJO DE GOBIERNO

Castilla-La Mancha contrata a 17 interinos para reducir la lista de espera en discapacidad

El Consejo de Gobierno autoriza la licitación del mayor contrato del Servicio Público de Productos de Apoyo para la atención a la Dependencia
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha informado en rueda de prensa de asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha informado en rueda de prensa de asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado contratar, por medio de una partida de 700.000 euros, a 17 terapeutas ocupacionales por el período de un año para reducir los 15 meses de espera que de media está tardando realizar la valoración de discapacidad.

Una demora que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, atribuye la entrada en vigor del nuevo procedimiento de valoración, estipulado en el Real Decreto 888/2023, y a la dificultad extrema para cubrir las plazas de médico en los Centros Base.

"Se van a incorporar de forma inmediata porque entendemos que es una de las medidas que mayor impacto y efecto pueda dar y causar a la hora de poder reducir los tiempos de espera", ha indicado la consejera, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en el Palacio de Fuensalida.

"La previsión --de la contratación-- es seis meses para luego poder ampliar al año y valorar si este perfil profesional es el que pueda hacer valoraciones de una forma más ágil dentro de los baremos que nos marca el Ministerio".

Ha explicado García Torijano que estos nuevos profesionales se distribuirán en función de las necesidades en los cinco Centros Base de las capitales de provincia, así como en el equipo de Talavera de la Reina 2.

La titular regional de Bienestar Social ha asegurado que, en virtud de los profesionales que ya se han contratado, Castilla-La Mancha iba en "una buena disposición" de reducir de los dos años a los nueve o diez, con una proyección de continuar hasta llegar a los seis meses, es lo que marca la ley.

"Pero se introdujo ese nuevo decreto y otra vez se han incrementado ya de media cerca de 15 meses. Unas provincias están unos meses arriba, otras unos meses abajo, pero la media en Castilla-La Mancha está alrededor de los 15 meses".

Dicho esto, ha indicado que el Ejecutivo regional, y el de otras comunidades autónomas, están a la espera de que el propio Ministerio realice las modificaciones pertinentes de dicho decreto a fin de reducir esos tiempos de espera.

OTRAS MEDIDAS

Así las cosas, Bárbara García Torijano ha indicado que con el objetivo de seguir reduciendo esos tiempos, su departamento mantiene el refuerzo "temporal" de los equipos de valoración de los Centros Base de Albacete y Toledo, que eran los que más demora registraban.

"De la mano de la Viceconsejería de Atención a la Dependencia y el Sescam estamos haciendo un nuevo informe de salud que permita hacer un adecuado triaje previo a la valoración por parte de los equipos multidisciplinares", ha señalado la consejera.

Además de las instrucciones dirigidas a los Centros Base que pretenden agilizar el procedimiento en todo lo que afecta a las revisiones a instancia de parte o de oficio, así como a las inadmisiones, la titular castellanomanchega de Bienestar Social ha indicado que los profesionales continuarán priorizando a la hora de la valoración de Discapacidad a "todas aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad".

PRODUCTOS DE APOYO PARA DEPENDIENTES

Además, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado licitar por 9,4 millones de euros el contrato del Servicio Público de Productos de Apoyo para la atención a la Dependencia, que finaliza en agosto. En la actualidad, en Castilla-La Mancha se benefician de este servicio un total de 3.301 personas, mediante 5.073 productos.

"Nuestro objetivo es duplicar el número de productos de apoyos y el número de beneficiarios en los próximos cinco años y llegar a los 6.000 usuarios y 10.000 productos de apoyo, para poder alargar el tiempo de vida en sus hogares lo máximo posible", ha asegurado la consejera de Bienestar Social, que este miércoles ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno relacionados con su área de gestión.

El objetivo del reparto de estos productos --grúas, sillas de ruedas, salva escaleras, somier articulado o colchón antiescaras-- es facilitar las actividades básicas de la vida diaria de la persona en situación de dependencia, así como la atención a la persona cuidadora.

La consejera ha destacado que, además de los propios enseres y su mantenimiento que reciben de forma gratuita, a los cuidadores se les ofrece formación sobre los mismos.

"Es muy importante además tener un poco de perspectiva de los usuarios que utilizan este servicio.

Un 62% de las personas tienen grado III de dependencia, un 25% tienen un grado II y un 12% tienen un grado I", ha terminado indicando García Torijano.

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