Castilla-La Mancha aprueba su Ley de Calidad Ambiental este año

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, defendió este miércoles, 6 de mayo, en Toledo la futura Ley de Calidad Ambiental de la región durante su intervención en la apertura del XIII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CONEIA 2026, que reúne en el Palacio de Congresos El Greco hasta el 8 de mayo a profesionales, administraciones, empresas y universidades de toda España. La norma, cuya aprobación está prevista antes de que concluya el año, dotará a la comunidad autónoma de un marco jurídico propio en materia ambiental del que carece actualmente.

Gómez defendió ante el foro nacional más relevante de su ámbito que la evaluación ambiental debe entenderse como "una garantía y no un obstáculo, porque nos permite anticipar impactos, prevenir riesgos y ofrecer seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a las empresas y a las administraciones locales". Su presencia en el congreso —junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), Íñigo Sobrini; y el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia— se enmarca en el compromiso del Gobierno regional de reforzar la formación continua de sus técnicos: 51 funcionarios de la Dirección General de Calidad Ambiental y de los servicios provinciales participan activamente en esta edición.

La nueva ley regional incluirá, entre otras novedades, la Autorización Ambiental Unificada, la simplificación de trámites para actividades de menor impacto, el impulso a la economía circular y fórmulas innovadoras como la custodia del territorio para las medidas compensatorias. "Esta ley va a mejorar la seguridad jurídica, clarificar los procedimientos y facilitar un desarrollo económico compatible con la conservación del medio ambiente, especialmente en las zonas rurales", aseguró la consejera.

La participación de Castilla-La Mancha en CONEIA 2026 responde también al compromiso de "unificar criterios, mejorar la calidad de las evaluaciones y afrontar retos complejos como la implantación de energías renovables, la prevención de riesgos ambientales y la protección de la Red Natura 2000", en palabras de la propia Gómez.

Transición energética y digitalización

La consejera puso en valor los avances de la región en renovables: Castilla-La Mancha supera ya los 18.000 megavatios de potencia instalada, de los cuales el 87% procede de fuentes limpias, lo que la sitúa entre las comunidades líderes del país en este ámbito. Solo en lo que va de 2026, estos proyectos han movilizado 200 millones de euros y generado más de 1.000 empleos, siempre tras superar los procedimientos de evaluación ambiental. "Estamos demostrando que es posible avanzar en la transición energética sin renunciar a la conservación del territorio ni de la biodiversidad", afirmó.

Gómez también anunció el desarrollo de un visor cartográfico ambiental especializado que integrará información sobre la capacidad de carga del territorio para facilitar la localización de proyectos y medidas compensatorias, alineado con la Estrategia Regional de Infraestructura Verde. A ello se suma la incorporación de inteligencia artificial en los procedimientos de evaluación ambiental, que ya permite un cribado inicial de la documentación con una reducción cercana al 70% del tiempo de trabajo sin perder rigor técnico. "La innovación y la digitalización nos permiten ganar eficacia y mejorar la toma de decisiones", señaló.

El biometano y las protestas ciudadanas

El plan de biometanización fue otro de los asuntos que centró la intervención de la consejera en el congreso y que, paralelamente, genera tensión en buena parte del territorio. Las Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han convocado una concentración regional en Toledo para el sábado 9 de mayo con el objetivo de exigir la paralización del Plan Regional de Biometanización 2024-2030 y rechazar lo que denominan la imposición de macroplantas y macrogranjas.

Gómez expresó respetar las concentraciones, pero interpeló directamente a quienes protestan: "¿Qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora?". La consejera advirtió de que sin un tratamiento adecuado de estos residuos "los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región".

En ese marco, Gómez describió el plan de biometano como una herramienta para resolver "un problema trascendental" en la región, capaz de transformar residuos orgánicos —alpechines, vinazas, estiércoles, podas, lodos— en biogás y en un "abono orgánico de alta calidad" para la agricultura, además de generar agua reutilizable. Apostilló que el decreto que articulará el plan ya se encuentra en sus últimas fases de revisión jurídica y confió en que esté disponible "antes del verano", lo que permitirá fijar criterios homogéneos sobre qué instalaciones pueden implantarse en la comunidad y en qué condiciones.

La demanda contra el Estado por el Trasvase Tajo-Segura

Fuera del congreso, Gómez también se refirió este miércoles a la demanda que Castilla-La Mancha ha interpuesto contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su "inactividad" ante la revisión de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. "Hemos sido más que pacientes", afirmó la consejera, quien recordó que ya han transcurrido "más de dos años" desde el plazo fijado por el propio real decreto de planificación hidrológica de la Cuenca del Tajo para acometer esas modificaciones. "Son más de dos años ya los que han pasado desde la fecha que se daba en ese real decreto de ley para poder acometer estas modificaciones y seguimos esperando", señaló.

Gómez indicó que el Gobierno regional ha estado en contacto con el Ministerio, pero que no ha recibido información sobre cuándo prevé cumplir con lo establecido en "numerosísimas sentencias" sobre las reglas de explotación del trasvase. Se mostró confiada en que la sentencia del Tribunal Supremo ante el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la planificación hidrológica "venga a seguir ratificando lo que ya venimos diciendo todos, que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo en cuanto a los caudales ecológicos es un primer paso, pero evidentemente no es el único que hay que dar".

CONEIA 2026, foro nacional de referencia

El XIII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, organizado por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), reúne en Toledo hasta el 8 de mayo a profesionales, administraciones públicas, empresas y centros de investigación bajo el lema "La evaluación ambiental como herramienta de prevención de riesgos". El foro incluye ponencias, mesas de debate y presentación de trabajos técnicos sobre energías renovables, planificación territorial, infraestructuras, biodiversidad, salud ambiental y nuevos marcos normativos.

El presidente de la AEEIA, Íñigo M. Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz, defendió durante la apertura que el congreso "no es solo una suma de ponencias", sino "una red de conocimiento vivo". Reivindicó la evaluación ambiental como instrumento para mejorar las decisiones y no como freno al desarrollo: "Evaluar no es frenar. Evaluar es mejorar". Añadió que la disciplina se halla en el centro de las decisiones sobre transición energética, cambio climático, biodiversidad y protección de colectivos vulnerables. "Nunca habíamos sido tan necesarios. Y, sin embargo, tampoco nunca habíamos estado tan exigidos", subrayó.

El programa contempla asimismo sesiones sobre riesgos climáticos, sostenibilidad, economía circular, fragmentación de hábitats, capital natural e inteligencia artificial aplicada a la evaluación, además de una mesa específica dedicada a los 40 años de evaluación de impacto ambiental en España. Con más de tres décadas de trayectoria, el congreso se ha consolidado como el principal foro estatal para el intercambio de conocimiento entre administraciones, empresas y especialistas en evaluación del impacto ambiental.