Castilla-La Mancha: 7.500 médicos llamados a la huelga nacional

Castilla-La Mancha: 7.500 médicos irán a la huelga el 27 de abril

Más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar la huelga nacional indefinida convocada para los días 27, 28, 29 y 30 de abril, tras la adhesión del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) a la movilización impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM nacional).

El colectivo denuncia que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad han resultado "infructuosas" y acusa a la titular del departamento, Mónica García, de mantener "una actitud de bloqueo" ante las reivindicaciones estructurales de la profesión. La situación se ha agravado este jueves tras la suspensión de la reunión conjunta entre el Comité de Huelga y las comunidades autónomas, que la ministra atribuyó al incumplimiento de una de las partes.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), integrado en la Confederación Española de Sindicatos Médicos, confirmó este miércoles 23 de abril su adhesión a la convocatoria de huelga nacional indefinida de médicos, facultativos y residentes prevista para los días 27, 28, 29 y 30 de abril en todo el territorio nacional. Más de 7.500 profesionales de la sanidad pública de la región están llamados a secundar el paro, que responde a un bloqueo prolongado en la negociación de las condiciones laborales del colectivo médico con el Ministerio de Sanidad.

"Nadie desea esta huelga, pero no podemos aceptar seguir siendo ignorados en la negociación de nuestras condiciones laborales y profesionales", señaló el sindicato en su comunicado. CESM subrayó que las reuniones celebradas hasta la fecha en el Ministerio han resultado "infructuosas", al no haberse planteado "propuestas efectivas que permitan una aproximación real a las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo".

Un pliego de demandas estructurales

Las reivindicaciones del colectivo no son nuevas. Desde CESM enumeran un conjunto de reclamaciones que califican de "problemas estructurales no resueltos": la aprobación de un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa; un ámbito de negociación específico; una jornada laboral de 35 horas con el reconocimiento de los excesos de jornada y de las guardias como tiempo trabajado y computable; una clasificación profesional acorde a la formación y la responsabilidad asumida; el reconocimiento de la profesión como de riesgo; y la adecuación de plantillas a las necesidades reales del sistema sanitario público.

La cuestión del estatuto propio ocupa el centro del conflicto. El sindicato considera "prioritaria" su aprobación, al entender que dicho instrumento debe "reconocer la singularidad de su formación, la responsabilidad en el diagnóstico y tratamiento y su papel central en todo el proceso asistencial".

La contradicción que denuncia el sindicato

El argumento que CESM califica de "especialmente grave" apunta directamente al Ministerio de Sanidad: el departamento alega no tener competencias para mejorar las condiciones específicas de los médicos, mientras que en el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco sí introduce mejoras para otras categorías profesionales del ámbito sanitario.

"Esta contradicción evidencia una realidad inaceptable: cuando se trata de los médicos y facultativos, el Ministerio decide no actuar", afirmaron desde CESM, que denunció una "clara discriminación" hacia este colectivo. El sindicato señaló directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, como responsable del bloqueo y del rechazo a aportar soluciones.

Sanidad suspende la reunión y culpa a una de las partes

La tensión se agudizó este jueves cuando la ministra García anunció la suspensión de la reunión conjunta que debía celebrarse con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco. La titular de Sanidad justificó la cancelación en el incumplimiento de un acuerdo previo por parte de una de las partes implicadas.

"Esa reunión no se ha podido celebrar porque, pese a haberse alcanzado un acuerdo antes de ayer, una de las partes no lo ha cumplido, lo que ha impedido continuar con el procedimiento previsto", declaró García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado. A pesar de la suspensión, la ministra aseguró que "el diálogo sigue intacto" y defendió la reforma impulsada por su departamento, que calificó como "la primera vez en 23 años que se modifica el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales".

Una huelga que va más allá del conflicto laboral

Desde CESM, la movilización se enmarca en un discurso que trasciende lo estrictamente sindical para interpelar al conjunto de la ciudadanía. "La situación actual del sistema sanitario es crítica. Una sanidad pública de calidad no es un privilegio, es un derecho, y hoy ese derecho está en riesgo", advirtieron en su comunicado. El sindicato describe un sistema en el que "las consultas están saturadas, los profesionales se encuentran exhaustos, las plantillas son insuficientes y los médicos trabajan al límite, sin tiempo para atender a los pacientes como merecen".

"Detrás de cada retraso hay una persona esperando, y detrás de cada profesional agotado hay un sistema que necesita cambios urgentes", insistieron, para concluir que la huelga "no es solo una reivindicación laboral, sino una llamada de atención".

Servicios mínimos y responsabilidad ante los pacientes

A pesar de la convocatoria de paro, CESM subrayó que los profesionales garantizarán la atención urgente y no demorable durante los días de huelga, reafirmando su "compromiso con la ciudadanía" y actuando "con responsabilidad" hacia los pacientes. No obstante, el sindicato fue tajante al señalar que "los médicos, facultativos y residentes no son responsables de las consecuencias asistenciales que puedan derivarse de esta situación". La responsabilidad, a juicio de CESM, "recae exclusivamente en el Ministerio de Sanidad y en su ministra, Mónica García, por su rechazo a aportar soluciones a la profesión médica".

La huelga llega en un momento de máxima tensión entre el colectivo médico y el Gobierno central, con las negociaciones rotas y sin fecha prevista para retomar el diálogo. Castilla-La Mancha, con más de 7.500 facultativos convocados, se suma así a una movilización que promete tener un impacto significativo en la asistencia sanitaria de toda España durante los últimos días de abril.