Sindicatos reclaman revertir la "precariedad laboral" de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha

El comité intercentros de Geacam —integrado por CCOO, SIBF, CSIF, UGT y USO— junto con SO y STAS, se concentró este lunes ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha para denunciar la situación de “precariedad laboral” que, según denuncian, afecta al operativo de incendios forestales de la región.

Decenas de personas acudieron a la protesta, acompañada de petardos, bengalas y pitos, para reclamar mejoras en las condiciones laborales del colectivo. De manera unánime, las organizaciones sindicales exigieron revertir la situación y garantizar un dispositivo adecuado.

El presidente del comité intercentros y representante de CCOO, Manuel Amores, justificó la movilización en la “precariedad laboral y estructural” que sufren los bomberos forestales, denunciando recortes en la campaña de extinción. Amores reclamó que el operativo funcione durante 122 días, como se acordó con el Gobierno de José María Barreda tras el incendio de Riba de Saelices en 2005 —que se saldó con once víctimas mortales—, y criticó que el actual Ejecutivo regional haya reducido ese periodo a 82 días.

El dirigente sindical recordó que el periodo de alto riesgo de incendios comienza el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de septiembre, cuatro meses en los que, advirtió, “no está disponible todo el operativo completo”. Explicó que la plantilla opera al cien por cien únicamente desde el 23 de junio hasta el 12 de septiembre, lo que limita el operativo a 82 días. “Este Gobierno socialista, desde 2020, viene recortando las campañas de extinción y eso es peligrosísimo tanto para los bomberos forestales, porque no tenemos operativos suficientes, como para las poblaciones rurales y el medio ambiente”, denunció.

Por parte de UGT, Iván García criticó que el Gobierno de Emiliano García-Page haya continuado con los recortes iniciados durante la etapa de María Dolores de Cospedal. Según detalló, este verano hubo unidades con dotaciones por debajo del mínimo necesario para operar, lo que obligó a trasladar trabajadores de unas cuadrillas a otras, incrementando el riesgo en caso de bajas o accidentes. “En cuanto hay un problema, las unidades ya no cumplen el mínimo operativo para poder funcionar”, advirtió.

García pidió tanto al presidente regional como a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que dejen de “dar palmaditas en la espalda” al colectivo ensalzando que es “el mejor dispositivo de España”, cuando en realidad, afirmó, “no hay trabajadores suficientes ni bolsas de empleo con condiciones dignas para afrontar emergencias”.

Desde el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF), Elisa Sánchez reclamó “la necesidad urgente” de que los trabajadores del servicio pasen a ser reconocidos como personal laboral de la Junta. “Nuestro colectivo desempeña funciones esenciales en la protección de la población, los montes y el patrimonio nacional. Sin embargo, seguimos sufriendo precariedad laboral y falta de reconocimiento institucional que no corresponde a la importancia y peligrosidad de nuestras tareas”, señaló. En su opinión, ha llegado el momento de que la Administración autonómica ponga fin a esa discriminación, ya que “los bosques, los pueblos y las vidas que protegemos merecen un servicio público digno, estable y eficaz”.

De su lado, Omar Alarcos, representante de USO, insistió en que las bolsas de empleo para la prevención y extinción de incendios deben ser “amplias y suficientes” para cubrir bajas y sustituciones durante todo el año, puesto que la labor requiere personal capacitado y disponible de manera continua.

El portavoz de CSIF, Óscar Serrano, denunció “el incumplimiento sistemático” por parte de Geacam y de la Junta del estatuto de bomberos forestales. Reclamó que se apliquen los coeficientes reductores para la jubilación, que se cubran bajas en prevención y extinción y que se refuerce la formación física y teórica de los profesionales.

También Francisco Javier Pozo, de STAS, exigió la correcta aplicación del convenio colectivo, señalando problemas en permisos médicos o en el cobro de pluses, así como diferencias en su aplicación según la provincia.

Todas las organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de abordar con urgencia la mejora de las condiciones laborales del operativo y advirtieron de que mantendrán la presión sobre la Junta de Comunidades hasta que se dé una respuesta efectiva a sus demandas.