Guadalajara prohíbe el burka y el niqab en edificios municipales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes una regulación del acceso a edificios municipales para personas con el rostro cubierto, en una sesión plenaria marcada también por el aumento de población en la capital, la ampliación de la moratoria de la Zona de Bajas Emisiones y el debate sobre el cierre de una oficina de Correos.

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el rechazo de la oposición (PSOE y Aike), a una moción que regula el acceso a dependencias municipales cuando los usuarios acudan con el rostro cubierto. La medida establece que los ciudadanos podrán entrar con elementos como burka, niqab, cascos u otros, pero deberán descubrir su rostro cuando sea necesario para su identificación en trámites administrativos o actuaciones que lo requieran.

La iniciativa ha salido adelante con 13 votos favorables frente a 12 en contra, tras incorporar una enmienda transaccional del Partido Popular que, según el equipo de Gobierno, elimina cualquier interpretación ideológica o religiosa del texto original.

Defensa del equipo de Gobierno: “medida administrativa”

Durante el debate, el concejal de Vox, Víctor Morejón, defendió la propuesta como una iniciativa “estrictamente administrativa”, subrayando que “no pretende valorar creencias ni extenderse a la vía pública”.

“No hablamos de ideología, sino de garantizar la identificación en los servicios públicos”, afirmó, insistiendo en que “la clave no es la prenda, sino la imposibilidad de identificación”.

Morejón recalcó que la decisión responde a “una cuestión de sentido común”, ya que en los edificios municipales “el rostro debe ser visible para garantizar la identificación, la seguridad y la igualdad de todos los ciudadanos”, incidiendo en que se trata de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

Por su parte, el concejal del PP, Armengol Engonga, explicó que la enmienda de su grupo mantiene el fondo de la moción, pero evita lecturas ideológicas.

“No se trata de cómo viste nadie, sino de cómo debe funcionar la administración”, señaló Engonga, quien precisó que la identificación se exigirá “de forma puntual, proporcional y respetuosa” y solo cuando sea necesario. “Si no hace falta identificar a una persona, no se hará, pero cuando sea necesario, el Ayuntamiento debe poder comprobar la identidad”, añadió.

Rechazo de la oposición: “no hay problema real”

Desde la oposición, la portavoz de Aike, Susana Martínez, criticó la iniciativa al considerar que puede generar discriminación hacia colectivos vulnerables.

“Quieren señalar a mujeres por llevar burka y generar más barreras en servicios públicos”, advirtió, cuestionando además la aplicación práctica de la medida y preguntándose si se pretende “poner un policía en cada equipamiento municipal”.

En la misma línea, el concejal del PSOE, Ignacio de la Iglesia, aseguró que la moción “no responde a ningún problema real” en la ciudad y acusó al equipo de Gobierno de introducir “un discurso de odio”.

“Las instituciones están para garantizar derechos, no para dificultarlos”, afirmó, criticando también el “blanqueamiento” de la propuesta por parte del PP.

El texto aprobado contempla posibles excepciones por motivos de salud o seguridad laboral, según se recoge en la moción.

Guadalajara supera los 94.000 habitantes

El pleno de marzo también aprobó la revisión anual del padrón municipal, que sitúa la población de la capital en 94.176 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento de 706 personas respecto al año anterior.

El equipo de Gobierno destacó el crecimiento sostenido de la ciudad y su diversidad demográfica, con presencia de vecinos de numerosas nacionalidades, subrayando la importancia del padrón como herramienta clave para planificar los servicios públicos.

Moratoria de la ZBE hasta 2027

Otro de los puntos destacados fue la modificación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya tramitación se llevó a cabo por la vía de urgencia con el respaldo de PP y Vox.

La propuesta aprobada amplía la moratoria en la aplicación de sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027, apostando por un modelo más flexible que active las restricciones únicamente cuando los niveles de contaminación lo requieran.

Desde el Gobierno municipal defendieron la medida como “responsable y basada en datos objetivos”, mientras que PSOE y Aike criticaron la urgencia del trámite, atribuyéndola a una falta de planificación.

Debate por el cierre de una oficina de Correos

La sesión plenaria también abordó una moción del Grupo Popular para instar a la paralización del cierre de la oficina de Correos situada en la avenida Eduardo Guitián.

El debate reflejó posturas enfrentadas: el equipo de Gobierno denunció la falta de información y reclamó alternativas para evitar la pérdida de este servicio, mientras que el PSOE cuestionó la iniciativa por considerarla parte de una estrategia de confrontación política.

No obstante, los socialistas coincidieron en la necesidad de exigir garantías para que un eventual cierre no afecte a la calidad del servicio postal en la ciudad.