Guadalajara aplaza el inicio de la nueva ORA hasta el 1 de junio

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, anunció este viernes que el Ayuntamiento aprobará en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente una segunda moratoria para el inicio del nuevo sistema de estacionamiento regulado en la ciudad, retrasando su entrada en vigor hasta el 1 de junio. La medida llega a petición de la empresa concesionaria, que registró el jueves una solicitud formal argumentando que no había podido completar "todas las actuaciones que tenía que hacer", y se produce en un contexto de creciente malestar vecinal por la ampliación de la zona azul.

Guarinos explicó que la prórroga responde a dos factores: las adversas condiciones meteorológicas de las últimas semanas, que habrían dificultado los trabajos de señalización, y las consecuencias de "dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha" que declararon nula la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que obligan ahora a introducir modificaciones también en el sistema de aparcamiento regulado.

La primera moratoria ya había retrasado el inicio previsto del 1 de mayo al 18 de mayo. Con esta segunda prórroga, la implantación efectiva de las nuevas plazas de pago queda aplazada al menos hasta el próximo 1 de junio, según lo comunicado por la regidora, quien expresó su convencimiento de que la Junta de Gobierno Local respaldaría la medida.

La oposición exige la suspensión definitiva

El anuncio de Guarinos no apaciguó a la oposición municipal. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, rechazó la nueva prórroga y exigió a la alcaldesa "que deje de plegarse a los intereses de las empresas, como lleva haciendo toda la legislatura, y escuche a la calle". Para el PSOE, la moratoria no es una solución sino una nueva muestra de "improvisación": "Primero el 1 de mayo; luego el 18 y ahora el 1 de junio", enumeró De Luz, quien acusó a Guarinos de "generar una confusión y una incertidumbre entre los vecinos y vecinas completamente indecente".

La portavoz socialista calificó de "indecente" que la alcaldesa "sea incapaz de escuchar a las cientos de personas que se están concentrando cada jueves" y reclamó que el Ayuntamiento "revierta esta medida por injusta" y "rectifique". "No queremos moratorias, queremos que suspenda esta ampliación de una vez", insistió De Luz, quien recordó que su grupo viene criticando la medida "desde julio de 2024", cuando Guarinos inició "este impopular proceso", y que ha presentado tanto una enmienda a la totalidad como enmiendas parciales, siempre con "la negativa por delante" del equipo de Gobierno.

Trescientas personas en la Plaza Mayor

La rueda de prensa de la alcaldesa se produjo un día después de que la Plaza del Ayuntamiento acogiera la segunda concentración vecinal consecutiva contra la ampliación de la ORA. Unas 300 personas se dieron cita allí el jueves por la tarde, en una protesta convocada de forma anónima a través de redes sociales y cartelería repartida por distintos puntos de la capital. La movilización arrancó sobre las 19.30 horas entre pitidos y aplausos, en un ambiente reivindicativo pero sin incidentes.

Entre las consignas coreadas destacaron "Sinvergüenzas, ladrones", "La zona azul la pagas tú", "Guarinos, Guarinos, no te quieren los vecinos" o el ya repetido "Manos arriba, esto es un atraco". La concentración registró una menor participación que la del pasado 7 de mayo, cuando cerca de 400 personas se reunieron en el mismo lugar pese a la lluvia. Entre los asistentes se observó presencia de personas vinculadas a las filas socialistas, así como efectivos policiales durante el desarrollo del acto.

Los manifestantes rechazan la ampliación de la zona azul —que supone, según los convocantes, más de 1.200 nuevas plazas de pago— por considerarla "puramente recaudatoria" y denuncian la pérdida de plazas gratuitas y la insuficiencia de los espacios reservados para residentes.

Preguntada por las movilizaciones, Guarinos evitó avanzar posibles cambios concretos en el modelo y defendió que el equipo de Gobierno continúa "escuchando a todo el mundo". "Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y en el momento en que las tengamos que tomar", afirmó la alcaldesa, quien insistió en que la "inmensa mayoría" de las plazas de aparcamiento de la ciudad siguen siendo gratuitas y recordó que el Consistorio ha habilitado nuevas plazas de zona blanca, entre ellas 53 nuevas en la calle Dos de Mayo, además de otras áreas próximas al cementerio municipal, la estación de autobuses o el futuro campus universitario.

Nueva ordenanza para convertir locales en viviendas

Al margen de la ORA, la rueda de prensa estuvo centrada inicialmente en la presentación de una nueva ordenanza que facilitará la conversión de locales comerciales en viviendas, una medida que el Ayuntamiento llevará al pleno municipal del 29 de mayo para su aprobación inicial. La propuesta fue presentada por Guarinos junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, y la jefa del área de Urbanismo e Infraestructuras, Blanca Causapié.

La alcaldesa justificó la iniciativa en que Guadalajara "es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más ha crecido el precio de la vivienda y del alquiler" y recordó que desde 2020 se han registrado 3.141 solicitudes de licencia para vivienda nueva en la ciudad, de las cuales cerca de 1.600 se han tramitado desde 2023. El Ayuntamiento ha contabilizado ya 105 solicitudes de cambio de uso de local a vivienda, la mayoría en los dos últimos años.

La nueva ordenanza elimina algunas de las principales restricciones de la regulación vigente desde 2004, considerada por el actual equipo de Gobierno "demasiado rígida". Entre las novedades más destacadas figura la posibilidad de habilitar estudios de 30 metros cuadrados —hasta ahora no permitidos—, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad exigidas. Los nuevos inmuebles podrán ubicarse únicamente en planta baja o primera planta, nunca en sótanos, y se permitirá el acceso directo desde la vía pública, eliminando así la obligación de pasar por el portal comunitario, que en la práctica exigía la autorización de las comunidades de propietarios.

"Quien quiera transformar un local en vivienda lo tendrá más sencillo", defendió Esteban, mientras Causapié subrayó que la flexibilización se hará "garantizando siempre viviendas dignas", con exigencias de ventilación, iluminación adecuada y salida de humos hasta cubierta.

Ejes comerciales protegidos

Para evitar que la medida vacíe el comercio de proximidad, la ordenanza delimita zonas concretas donde no se permitirá la transformación. Entre los ejes protegidos figuran las calles Mayor, Toledo, Amparo, parte del Paseo de las Cruces o áreas de Carrera. "Hemos cuidado mucho esta limitación para que los grandes ejes comerciales sigan existiendo porque son el alma y la vida de la ciudad", señaló Esteban.

Si la ordenanza supera el trámite plenario del día 29, se abrirá un periodo de alegaciones públicas y, en ausencia de recursos, podría quedar aprobada definitivamente en apenas dos semanas.

La modificación normativa se enmarca en una estrategia urbanística más amplia que incluye la práctica conclusión del nuevo Plan Especial del Casco Histórico —orientado a flexibilizar la edificabilidad y rehabilitar viviendas vacías y solares sin desarrollar— y el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que podría facilitar la construcción de hasta 5.000 nuevas viviendas. Esteban apuntó además que la capital deberá absorber el impacto de la llegada del futuro campus universitario y miles de nuevos estudiantes.

La Junta frena la rehabilitación de El Fuerte de San Francisco

La comparecencia abordó también el estado del proyecto de rehabilitación del complejo de El Fuerte de San Francisco. La jefa de Urbanismo, Blanca Causapié, atribuyó los retrasos acumulados a "las continuas solicitudes de aclaración y alegaciones" presentadas por la Junta de Comunidades ante el juzgado que supervisa las actuaciones. "Nos pasamos la vida contestando escrititos al juzgado", resumió la técnico, quien explicó que cada nuevo escrito de la Administración regional obliga al órgano judicial a abrir nuevos trámites de alegaciones antes de resolver.

El juzgado había fijado inicialmente un plazo de cuatro meses para la redacción de los proyectos de intervención en las distintas naves del recinto, un período próximo a cumplirse pero cuya ejecución se ve "interrumpida" de manera recurrente. El Gobierno regional habría planteado también dudas sobre cómo gestionar los desalojos y realojos de los actuales residentes del complejo, además de haber remitido informes técnicos que advierten de la imposibilidad de avanzar en algunas actuaciones mientras permanezcan personas en determinadas zonas, como parte del claustro.

Pese a ello, el Consistorio aseguró que algunos trabajos avanzan, en concreto los relativos a la nave frente a la antigua forja —correspondiente a las antiguas escuelas municipales—, con visitas de técnicos y preparación de documentación. El Ayuntamiento rechazó proceder a desalojos forzosos sin alternativas habitacionales previas y subrayó que la responsabilidad del realojo de los ocupantes corresponde "única y exclusivamente" al Gobierno regional, que ya contaba con un listado de residentes desde el convenio firmado en 2004.