Desmantelan en Guadalajara una red de criptoestafas piramidales

La Policía Nacional detuvo a 23 personas en el marco de una operación que desarticuló una red criminal especializada en estafas piramidales con criptomonedas que causó un perjuicio cercano a los 300.000 euros a más de 120 víctimas. Los arrestos se produjeron de forma simultánea en Madrid capital, Torrejón del Rey (Guadalajara) y Rubí (Barcelona), como parte de un dispositivo que incluía cinco entradas y registros en distintos puntos del territorio nacional. Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informó el cuerpo en un comunicado oficial.

La organización articulaba su actividad a través del denominado 'Esquema Ponzi', una modalidad de fraude piramidal en la que los beneficios prometidos a los primeros inversores se sufragaban con el capital aportado por nuevas víctimas, en lugar de proceder de rendimientos reales. Para captar la confianza de los afectados, el grupo mantenía una fachada de legalidad que incluía oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, empleados uniformados e incluso una aplicación móvil que imitaba el funcionamiento de una entidad de inversión autorizada.

El 'modus operandi': captación, confianza y blanqueo

El proceso delictivo seguía una secuencia metódica. En una primera fase, los miembros de la organización identificaban y contactaban a personas interesadas en obtener alta rentabilidad mediante la inversión en criptomonedas. Una vez localizados, mantenían reuniones presenciales con los potenciales afectados, reforzadas por comunicaciones telefónicas y a través de dispositivos móviles, en las que ofrecían supuestas inversiones seguras y lucrativas.

Consolidada la relación de confianza, instaban a las víctimas a realizar aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o la adquisición directa de criptomonedas, que eran inmediatamente transferidas a cuentas bajo control de la organización. En determinados momentos, el grupo permitía de forma puntual la retirada de pequeñas cantidades o devolvía fondos a algunos inversores, una táctica deliberada para crear una falsa percepción de solvencia y liquidez que animaba a las víctimas a incrementar progresivamente su aportación y, en algunos casos, a captar nuevos inversores entre sus propios círculos personales.

Un circuito financiero diseñado para ocultar el rastro del dinero

Los fondos defraudados no permanecían inactivos. Una vez en poder de la organización, se introducían en un complejo entramado financiero diseñado para dificultar al máximo su rastreo. Para ello, se realizaban transferencias cruzadas entre múltiples cuentas bajo control de distintos miembros del grupo, junto con retiradas de efectivo y pagos a terceros que enmascaraban el origen del dinero.

De forma paralela, parte del capital estafado se convertía en criptoactivos y se hacía circular a través de cadenas de direcciones y carteras digitales intermedias, generando sucesivas capas de transacciones para ocultar su procedencia ilícita.

El operativo: registros, incautaciones y bloqueos bancarios

Los investigadores ejecutaron cinco entradas y registros: tres en Madrid capital, una en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otra en Rubí (Barcelona). En el transcurso del operativo se incautaron 15.000 euros en efectivo, un vehículo, cerca de 20 teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles. Asimismo, las autoridades bloquearon casi 40 cuentas bancarias, con un saldo retenido que ronda los 75.000 euros.

Los 23 detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial una vez concluidas las diligencias policiales. La investigación pone de manifiesto la creciente sofisticación de las redes criminales dedicadas al fraude en el ámbito de los activos digitales, que combinan técnicas de ingeniería social con estructuras financieras complejas para maximizar el daño a las víctimas y dificultar la acción de los investigadores.