127 pueblos de Guadalajara exigen quitar competencias a la CHT

Ciento veintisiete municipios de la provincia de Guadalajara, agrupados en un colectivo de ayuntamientos afectados por la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se reunieron este lunes con la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, para trasladarles su situación de bloqueo administrativo con el organismo de cuenca y reclamar que la Junta asuma parte de sus competencias sobre el agua.

El alcalde de Jirueque (Guadalajara), Juan Antonio Sanz, que ejerció como portavoz del colectivo, resumió el estado de la cuestión con crudeza: "Estamos en un punto muerto que no conduce a nada." Sanz recordó que, meses después de reuniones previas con la subdelegada del Gobierno y con la consejera de Desarrollo Sostenible, los problemas de los municipios con la CHT siguen sin solución. Ante esta situación, planteó la necesidad de "hacer un sorpaso a la Confederación" e ir directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la mano de la Junta.

"Debemos conseguir quitar competencias de la gestión del agua a la CHT y pasarlas a la Junta de Comunidades, porque es una administración mucho más cercana a los municipios", afirmó el regidor. "Aunque sea un 1 %", añadió, "y poco a poco ir a la desvinculación total."

En respuesta, la directora general del Agua transmitió el compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de trabajar en esta dirección, señalando como precedente lo ya realizado en otras cuencas hidrográficas. Muro explicó que su departamento está elaborando una encomienda de gestión que permita asumir determinadas competencias de la Confederación con el objetivo de "dar agilidad y solución" a los problemas que acumulan los pequeños municipios. "No puede ser que ciertos trámites, como un sondeo, permanezcan años sin gestionar o sin responder", sostuvo.

Un catálogo de problemas acumulados

En los últimos meses, los 127 ayuntamientos integrantes del colectivo han recopilado y enviado a la Delegación de Desarrollo Sostenible la documentación de todos los expedientes que tienen abiertos con la CHT. El análisis de esa información revela que los conflictos más frecuentes son: dificultades para obtener autorizaciones, problemas con captaciones, sanciones por vertidos de aguas residuales sin depurar, daños por inundaciones y falta de limpieza de cauces. El paso siguiente es precisar esa información para poder determinar, caso a caso, las posibles vías de solución.

Los representantes municipales pidieron además una reunión directa con García-Page para explicarle en primera persona su situación. Argumentaron que la mayoría son "pueblos muy pequeños que no tienen estructura ni para hacer un informe". También demandaron un interlocutor técnico en la propia Confederación al que acudir cuando surja cualquier problema relacionado con los cauces, algo de lo que carecen en la actualidad.

La CHT, incapaz de atender las demandas

En la reunión también participó el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, cuya organización lleva años denunciando el estado de abandono en que se encuentran los cauces en la provincia. Laso señaló que muchos de ellos no se han limpiado en años —especialmente fuera de los cascos urbanos— y están taponados por troncos y maleza que forman "auténticas presas" que, cuando revientan, inundan todo a su paso. Cuando sube el nivel de ríos, arroyos o regueros, las aguas invaden las parcelas agrícolas causando daños en cosechas, arrastres de tierra y pérdida de suelo fértil.

Laso subrayó que el problema "no es que venga una DANA", sino "el abandono y la desidia" de las confederaciones hidrográficas, "en especial la del Tajo, que no dejan limpiar y tampoco actúan ellos, como sería su obligación". APAG aportará al proceso sus últimos informes sobre el estado de los cauces, ya remitidos previamente a la propia Confederación sin obtener respuesta efectiva.

El presidente de los agricultores y ganaderos fue contundente al evaluar la capacidad actual del organismo: "La Confederación está totalmente sobrepasada, no tiene personal suficiente y es incapaz de atender muchas de las necesidades que plantean los ayuntamientos."

"Impuesto revolucionario": las multas por vertidos

Uno de los asuntos que generó mayor debate fue el de las sanciones que la CHT impone a pequeñas localidades por el vertido de aguas residuales sin depurar. Laso calificó estas multas de "impuesto revolucionario", al considerar que se imponen a municipios que carecen de capacidad económica para construir y mantener sistemas de depuración, sin que exista un plan que resuelva el problema de fondo.

"Cada año les ponen una multa por no depurar sin solucionar el problema. Entonces uno paga y sigue contaminando. Eso no puede ser", denunció. Según explicó, algunos pueblos afectados tienen apenas unas decenas de vecinos y deben afrontar sanciones de entre 1.000 y 2.000 euros anuales sin ninguna salida: "Estamos hablando de pueblos con tres, cuatro, veinte o cincuenta vecinos que no pueden sufragar una depuradora." Varios alcaldes presentes en la reunión expusieron casos en los que las sanciones habrían llegado a cobrarse mediante embargos en las cuentas municipales.

Laso rechazó que la política sancionadora tenga carácter medioambiental real: "Lo que hay que hacer es solucionar el problema y el problema no se soluciona con multas." A su juicio, la responsabilidad de garantizar la depuración en estos municipios debe recaer en las distintas administraciones mediante fórmulas de colaboración y financiación: "Tendrá que ser la propia Confederación, el Estado, la Junta o quien corresponda quien dé herramientas a estos pueblos para depurar sus aguas."

La encomienda de gestión, clave del desbloqueo

La propuesta de articular una encomienda de gestión entre la JCCM y la CHT se perfila como la vía más viable a corto plazo para desbloquear la situación, sin necesidad de una reforma legislativa inmediata. Este mecanismo permitiría a la Junta asumir la tramitación de determinados expedientes —autorizaciones, sondeos, actuaciones en cauces— que llevan años paralizados, acercando la gestión a los municipios afectados.

La reunión del lunes supone un paso más en una reivindicación que los 127 ayuntamientos llevan meses articulando, y que ahora cuenta con el respaldo explícito de los representantes regionales de Desarrollo Sostenible y con el compromiso de traslado al presidente García-Page. El colectivo seguirá, en paralelo, presionando a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la vista puesta en una eventual desvinculación progresiva de la Confederación Hidrográfica del Tajo.