Golpe a Julio Iglesias: la Fiscalía rechaza su petición y otra denuncia de empleados
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del cantante español Julio Iglesias de personarse en la investigación abierta contra él por denuncias de agresión sexual formuladas por dos exempleadas, mientras paralelamente tres trabajadores han presentado demandas por despido improcedente en tribunales laborales. Estos dos frentes judiciales añaden presión a la figura del artista en medio de un escándalo que ha adquirido repercusión internacional.
El rechazo de la Fiscalía a la petición de Julio Iglesias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha denegado la solicitud formulada por la defensa de Julio Iglesias para personarse en las diligencias preprocesales abiertas a raíz de una denuncia que investiga posibles delitos de agresión y acoso sexual y trata de personas, presentadas por dos exempleadas de sus residencias en República Dominicana y Bahamas en 2021. La decisión del Ministerio Público se basa en el hecho de que aún no se ha determinado la competencia de la Audiencia Nacional y que Iglesias no ha sido formalmente considerado persona sospechosa en la investigación, por lo que no procede su intervención directa en las diligencias ni acceso a la actuación judicial en este momento.
La defensa del cantante, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, había reclamado no solo la personación de Iglesias en la causa sino también el archivo de las pesquisas argumentando que la justicia española carece de jurisdicción sobre los hechos denunciados al haberse producido en el extranjero. El equipo jurídico del artista ha sostenido que la negativa a permitir su participación vulnera su derecho de defensa, pues dificulta el acceso a las actuaciones y a las diligencias que se practiquen, como podrían ser las declaraciones de las denunciantes.
Desde la Fiscalía se ha subrayado que “no toda sospecha que se cierna” sobre una persona ni toda pesquisa dirigida a corroborar su veracidad justifican que se le reconozca la condición de sospechoso y, por tanto, la facultad de intervenir en las diligencias. La posición del Ministerio Público es que dicho estatus se concede cuando existe una base jurídica suficiente para considerarlo necesario en el proceso.
Este rechazo se produce en un contexto de investigación preliminar aún bajo secreto de sumario, en el que la Fiscalía evalúa la denuncia presentada por la organización Women’s Link Worldwide en representación de dos exempleadas de Iglesias, que incluye presuntos delitos de acoso sexual, agresión, explotación laboral y trata de personas relacionados con sus labores en las mansiones del artista.
La denuncia y demandas de tres trabajadores por despido improcedente
Paralelamente al proceso penal, según informa eldiario.es tres trabajadores vinculados a las propiedades de Julio Iglesias han presentado demandas laborales por despido improcedente ante los tribunales de la República Dominicana. La información detallada por eldiario.es recoge que cuatro empleados de mantenimiento habituales en la villa de Punta Cana fueron despedidos al estallar la pandemia de COVID-19, sin que se les ofreciera explicación clara ni la correspondiente liquidación conforme a derecho aplicable, lo que dio lugar a litigios laborales.
De los empleados despedidos, uno aceptó un acuerdo económico, pero los otros tres —entre ellos los hermanos Rogelio y Eleuterio Villanueva— decidieron continuar con la reclamación judicial reclamando el pago de indemnizaciones y prestaciones sociales que consideran que les corresponden por ley, y que no incluyeron ni finiquito ni compensación adecuada tras la ruptura de la relación laboral.
Los demandantes sostienen que realizaban funciones que excedían las labores domésticas tradicionales, desempeñándose en tareas de carpintería, pintura, mantenimiento general e incluso conducción, lo que, según sus abogados, contraviene la calificación de empleados domésticos y debería haberles otorgado mayores protecciones laborales y derechos frente a un despido.
Los abogados de los trabajadores han denunciado además prácticas contractuales y de empleo que consideran abusivas, y han resaltado que su condición de trabajadores especializados debió ser reconocida como tal en lugar de encasillarles como personal doméstico, con la consiguiente repercusión en sus derechos y prestaciones.
Este bloque laboral añade otra dimensión al caso, en la que el cantante no solo afronta una investigación penal por denuncias graves de agresión y explotación, sino también múltiples frentes judiciales en materia laboral por la vía civil, lo que amplía el impacto mediático y legal de las controversias en torno a su figura.