Vivienda notifica a plataformas que retiren 918 pisos turísticos ilegales en Castilla-La Mancha
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó este domingo la existencia de 918 pisos turísticos ilegales en Castilla-La Mancha, cuyos anuncios online deberán ser retirados por las plataformas donde se publicitan. Se trata de inmuebles que habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo obtuvieron al incumplir los requisitos legales, lo que llevó a la revocación de sus solicitudes.
La medida se enmarca en la estrategia nacional de control del alquiler turístico, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez, con el objetivo de garantizar la función social de la vivienda y frenar la proliferación de la oferta ilegal que, según advierte el Ministerio, “expulsa a las familias de sus barrios y desdibuja las ciudades”.
Toledo y Cuenca, principales focos
Los datos confirman que Toledo es el municipio con mayor número de solicitudes revocadas, con 350 casos, seguido de Cuenca (134). En Albacete se registraron 18 rechazos, en Ciudad Real 17 y en Almagro otros 17.
Si se analiza por provincias, Toledo encabeza la lista con 443 registros anulados, seguida de Cuenca (247), Ciudad Real (110), Guadalajara (62) y Albacete (57). Este reparto evidencia que la capital regional concentra casi la mitad de los alojamientos ilegales detectados en toda Castilla-La Mancha.
Capitales de provincia
En cuanto a las capitales, Toledo vuelve a situarse en cabeza con 350 solicitudes revocadas, seguida de Cuenca (134). Albacete suma 18 casos, Ciudad Real 17 y Guadalajara 4.
Un registro pionero en Europa
Desde el 1 de enero está en marcha el Registro único de alojamientos temporales, desarrollado en colaboración con el Colegio de Registradores y conectado directamente con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital. Este sistema permite cruzar datos y localizar automáticamente los anuncios de pisos sin número de registro válido.
España se convierte así en el primer país europeo en implantar un control integral de este tipo, lo que supone un paso adelante en la lucha contra el fraude en los alquileres turísticos.
Balance nacional: más de 53.800 anuncios retirados
En lo que va de año, el registro ha recibido 336.497 solicitudes en todo el territorio nacional, de las que 264.998 (78,75%) corresponden a viviendas de uso turístico. De ese total, 53.786 han sido revocadas (20,3%).
La distribución por comunidades autónomas sitúa a Andalucía a la cabeza con 16.740 registros anulados, seguida de Canarias (8.698), Catalunya (7.729), Comunitat Valenciana (7.499) y Galicia (2.640). En el extremo opuesto se encuentran La Rioja (136), Extremadura (181) y Ceuta y Melilla (13). Castilla-La Mancha, con 918 casos, se sitúa en una posición intermedia dentro del balance nacional.
En total, el Ministerio ha notificado a las plataformas la retirada de 53.876 anuncios ilegales en toda España.
La anomalía de Madrid
El Ministerio señala además que la Comunidad de Madrid constituye una “anomalía estadística”. Mientras que en el conjunto del país la mayoría de solicitudes corresponden a pisos turísticos, en la capital la proporción se invierte: el 83% de las solicitudes se realizan como alquileres temporales y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes registradas en la comunidad como pisos turísticos, más de un tercio fueron finalmente revocadas por incumplir la normativa.
Qué significa una revocación
Una solicitud revocada implica que el Colegio de Registradores recibió el expediente, pero que este contenía datos incompletos o incompatibles con la legislación vigente para la actividad declarada. Al no haberse subsanado en el plazo previsto, la autorización se considera denegada y la vivienda pasa a ser ilegal.
En consecuencia, los anuncios publicados en plataformas digitales que carezcan de un número de registro válido deben ser retirados de inmediato.
Falta de apoyo de algunas CCAA y ayuntamientos
Al respecto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reprochó este lunes que determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos no estén colaborando con el Gobierno en la aplicación de la normativa contra los pisos turísticos ilegales. En una entrevista concedida a Antena 3, la titular de Vivienda puso como ejemplo el caso de Andalucía, donde incluso se ha recurrido la nueva regulación sobre alquiler de corta duración.
Rodríguez destacó que ni siquiera las propias plataformas digitales, potencialmente afectadas por la normativa, han impugnado la medida. La ministra recordó que Andalucía, gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla, concentra actualmente el mayor número de viviendas turísticas irregulares.
La responsable de Vivienda también señaló a la Comunidad de Madrid por "amparar la ilegalidad". Según explicó, en el registro autonómico madrileño el 83% de las viviendas se ha inscrito como "vivienda temporal" en lugar de "vivienda turística", una proporción muy distinta a la del conjunto del país, donde el 78% de las inscripciones se corresponden con uso turístico.
En su intervención, Rodríguez cargó contra el Partido Popular, al que acusó de no percibir las distorsiones que genera el mercado de alquiler debido a la proliferación de pisos turísticos, una situación que, recordó, ha sido reconocida incluso por la presidenta de la Comisión Europea.
Desde la puesta en marcha del Registro Único de Alojamientos Temporales el pasado 1 de enero, el sistema ha recibido 336.497 solicitudes. De ellas, 264.998 (un 78,7%) corresponden a alquileres turísticos. En total, 53.786 solicitudes han sido revocadas, lo que supone un 20,3%.
El Ministerio de Vivienda ha notificado ya 53.876 anuncios de pisos turísticos ilegales a las plataformas digitales para exigir su retirada, ya que los alojamientos carecen del número de registro obligatorio en vigor desde el 1 de julio. El objetivo del Ejecutivo es que estos inmuebles puedan reintegrarse al mercado del alquiler residencial y contribuir así a aliviar la presión sobre la vivienda.
“Cada piso turístico ilegal es una familia expulsada de su barrio, es un joven que no puede emanciparse. Frente a eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas”, subrayó la ministra.
