UPA alerta de la extinción de explotaciones familiares en Castilla-La Mancha
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles que las explotaciones familiares de la región se encuentran en "peligro de extinción" por el incremento continuado de los costes de producción, la especulación en los precios del gasoil y el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria.
La organización agraria, que ha recogido las quejas de decenas de profesionales, pide al Gobierno central que prorrogue las ayudas al gasoil agrícola y adopte medidas de control extraordinarias para atajar una situación que agricultores y ganaderos califican de "dramática y trágica".
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha lanzó este miércoles, 19 de agosto, una alarma sobre la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares de la región. La organización denuncia que el aumento imparable de los costes de producción, la especulación en el precio del gasoil y el incumplimiento reiterado de la Ley de la Cadena Alimentaria están llevando al sector a una situación que muchos productores describen como irreversible. "Las explotaciones tienen fecha de caducidad", afirman los agricultores y ganaderos consultados por UPA, que recalca haber recogido las reclamaciones de decenas de profesionales que comprueban, mes a mes, cómo su trabajo se devalúa.
El comunicado llega en el arranque de la campaña de la vendimia y la almendra, con la sementera aún pendiente y el olivar a pocos meses vista. En plena actividad, cuando la maquinaria trabaja a pleno rendimiento, los productores lamentan la imposibilidad de rentabilizar el esfuerzo. "El trabajo se tiene que seguir haciendo, las máquinas salen todos los días, pero a qué precio", denuncian.
El gasoil, en el centro de la tormenta
Uno de los focos principales de la denuncia es el precio del gasoil agrícola, que UPA cifra en 1,45 euros por litro de media en gasolineras y 1,38 euros en cooperativas —niveles que la organización califica de "una vergüenza, una burrada"—. La queja llega después de que el barril de petróleo Brent haya caído desde los 126 dólares hasta los 91 dólares en los últimos meses, una bajada que, a juicio de UPA, apenas se ha trasladado al surtidor agrícola, donde el litro solo habría pasado de 1,87 a 1,85 euros según sus cálculos. La organización señala directamente a las industrias petrolíferas, que, dice, han incrementado sus beneficios un 200 % mientras el campo trabaja a pérdidas.
La situación no se limita al gasoil. UPA pone también el foco en otros insumos indispensables. El caso del aceite hidráulico no tóxico, necesario para la maquinaria agrícola, resulta especialmente llamativo: hace dos meses costaba 5,80 euros el litro y ahora ha escalado hasta los 12 euros, una subida que los productores describen como "increíble e insoportable".
Ganaderos, entre la sequía, los incendios y los costes
La situación de los ganaderos agrava todavía más el cuadro general. La sequía y los incendios han mermado los pastos disponibles, lo que obliga a los criadores a asumir un gasto extraordinario en alimentación del ganado, en un contexto de costes de producción ya de por sí elevados. "Entre la sequía, los incendios, y los costes de producción, el ganado no tiene pastos y tienen que hacer un gasto extra en alimentos", lamenta UPA.
Ayudas insuficientes y la Cadena Alimentaria, en el aire
La organización reconoce que el esfuerzo económico del Gobierno en los últimos años ha sido considerable —"no se recuerda una época donde se haya invertido tanto en el sector"—, pero sostiene que esas ayudas no llegan a los agricultores y ganaderos porque "los especuladores se llevan esos beneficios mientras el sector no para de trabajar a pérdidas". Por ello, UPA ha solicitado formalmente al Gobierno central una prórroga de las ayudas al gasoil y medidas de control extraordinarias.
A esta presión se suma el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, uno de los ejes centrales de las denuncias de la organización desde hace años. La norma, que prohíbe la venta sistemática por debajo del coste de producción y regula los plazos de pago entre operadores, es señalada por UPA como papel mojado en la práctica. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha publicado en lo que va de año sanciones a decenas de empresas por vulnerar la ley, incluida una empresa de Tomelloso (Ciudad Real) entre las 24 expedientadas en el tercer trimestre de 2026, con multas que en ese periodo suman más de 604.000 euros.
La acumulación de presiones —costes al alza, precios a la baja, especulación en insumos y legislación incumplida— dibuja, según UPA, un panorama que amenaza la continuidad del modelo de explotación familiar en Castilla-La Mancha: el tejido productivo que sostiene buena parte de la agricultura y la ganadería de una región en la que ambos sectores tienen un peso económico y territorial determinante.