El Tribunal de Cuentas prevé el informe de vivienda tras el verano

El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas celebraron este jueves en Toledo, por primera vez en la capital castellanomanchega, la reunión semestral de su Comisión de Coordinación, en la que pusieron en común criterios de fiscalización, avances tecnológicos y la situación de las auditorías conjuntas en curso, entre ellas un informe sobre vivienda pública que verá la luz en otoño y que el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, calificó como "una foto de un momento" sobre "el mayor problema de los españoles" en la actualidad.

El informe en cuestión se enmarca en las denominadas "fiscalizaciones de oportunidad" y analizará las políticas de promoción y gestión de viviendas públicas de las comunidades autónomas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2024, según el acuerdo adoptado el 13 de noviembre de 2023 en la anterior reunión de la comisión. La Comunidad de Castilla-La Mancha participa en ese trabajo conjunto, que se encuentra en fase avanzada. Andújar avanzó, además, que existe otra fiscalización también conjunta, ya en proceso de conclusión, sobre las ciudades con obligación legal de controlar las zonas de bajas emisiones.

La reunión, celebrada en el Palacio de Benacazón de Toledo, sede de la Cámara de Cuentas regional, contó con la presencia del consejero del departamento quinto de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendivil Zorrilla, y con los presidentes y consejeros de los trece órganos autonómicos de control externo existentes en España, algunos de ellos conectados de forma telemática.

La apertura corrió a cargo del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, quien aprovechó su intervención para plantear un debate de fondo sobre el equilibrio entre fiscalización y eficacia administrativa. "Si no hay control, no hay democracia; pero si solo hay control, tampoco hay democracia", reflexionó ante los máximos responsables de los organismos de auditoría pública del país.

Contratación pública en los municipios pequeños

Bellido propuso formalmente a los órganos de fiscalización presentes que ayuden al Estado y a las comunidades autónomas a "introducir mecanismos que permitan una cierta agilidad en la contratación pública", con especial atención a los ayuntamientos más pequeños. A su juicio, muchos representantes electos locales se ven "atenazados en una maraña administrativa que impide funcionar" y que compromete su capacidad para prestar servicios básicos a la ciudadanía. "Hay que encontrar esa fórmula para controlar más y mejor, pero a la vez para establecer mecanismos que, sobre todo a los municipios más pequeños, les permitan cumplir con su función democrática de contratar y de gastar los recursos públicos", insistió.

El presidente de las Cortes también valoró positivamente el trabajo de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha desde su puesta en marcha en 2022, cuando tomó el relevo de la antigua Sindicatura de Cuentas, suprimida en 2014. Sobre aquella decisión, Bellido fue explícito: "No fue solamente un recorte en cuestiones de gasto, sino sobre todo de democracia".

El Gobierno regional defiende la fiscalización autonómica

La clausura del acto contó con la intervención del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien estuvo acompañado por el interventor general de la Junta, Manuel Laguna. El consejero, en representación del órgano fiscalizado, subrayó el valor de contar con una cámara autonómica propia frente al modelo anterior, en el que el Tribunal de Cuentas asumía también el control de la administración regional. A su juicio, la existencia de un órgano autonómico permite una fiscalización "inmediata, profunda y más fluida", al poder llevar a cabo un análisis con mayor detalle y facilitar la comunicación con las administraciones auditadas.

Ruiz Molina recordó que la recuperación de la Cámara de Cuentas en 2021 fue "un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page", orientado a garantizar "una gestión limpia, honesta y ajustada a la legalidad de los recursos públicos". El consejero también trasladó a los responsables de fiscalización su preocupación por la sobrerregulación existente en los procedimientos administrativos, que dificulta la ejecución de contratos públicos y ralentiza la puesta en marcha de obras y servicios. "Estamos haciendo un enorme esfuerzo para simplificar trámites y reducir burocracia, pero la complejidad normativa hace muy difícil gestionar con agilidad cualquier proceso de contratación", señaló.

El titular de Hacienda también destacó las medidas impulsadas por el Ejecutivo castellanomanchego para facilitar el acceso a la vivienda asequible, especialmente entre los jóvenes, en un momento en que este asunto centra el debate político y social. Asimismo, aludió al proceso de modernización tecnológica que están desarrollando los órganos de control externo y subrayó que la transformación digital supone "cambios organizativos, normativos y tecnológicos permanentes" para las administraciones.

Coordinación, ahorro y plataformas compartidas

Más allá de las intervenciones institucionales, la jornada abordó el funcionamiento ordinario de la comisión, que se reúne cada seis meses para mantener "criterios unívocos en materia de fiscalización de las cuentas públicas" en las comunidades autónomas donde existen órganos de control. Uno de los elementos de cohesión es el uso compartido de una plataforma informática para la fiscalización de las cuentas generales autonómicas, similar a la que ya utiliza el Tribunal de Cuentas para la Cuenta General del Estado. Según Andújar, esta herramienta común permite abaratar "el coste que supondría contratar cada uno un producto informático para estas tareas" y constituye un ejemplo de la "relación muy importante que se traduce en ahorro de gastos y elaboración de guías de fiscalización comunes".

En el plano de la actualidad de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, su presidente informó de que la fiscalización de la Cuenta General correspondiente a 2023 acaba de ser aprobada y se encuentra en periodo de alegaciones durante un mes. Paralelamente, ya ha comenzado la fiscalización de la Cuenta General de 2024, la última rendida por el Ejecutivo regional. Por último, Andújar anunció que el 2 de julio se celebrará en Tenerife una reunión de presidentes de órganos autonómicos de control externo con la Presidencia del Tribunal de Cuentas.

Al margen del contenido de la jornada, el consejero Ruiz Molina aprovechó la atención a los medios previa a la clausura para anunciar que la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda se celebrará el próximo 22 de junio. En ese encuentro, Castilla-La Mancha trasladará su propuesta de modelo de financiación autonómica, basada en que "se garantice el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia" y en el principio de igualdad, que implica que todos los ciudadanos, "con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica del territorio", reciban los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad.