Las pensiones subirán hasta un 11,4% en 2026 y las mínimas crecerán al menos un 7%
El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año un real decreto-ley de amplio alcance social y económico que fija la revalorización de las pensiones en 2026 y prorroga durante todo el ejercicio el denominado escudo social. La norma contempla una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas, un incremento de al menos el 7% para las pensiones mínimas y una revalorización del 11,4% para las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y determinadas prestaciones con cargas familiares, al tiempo que consolida un paquete de medidas en vivienda, energía, fiscalidad y empleo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido que el decreto refuerza el compromiso del Gobierno de España con la protección del poder adquisitivo de los pensionistas y con el sostenimiento de los mecanismos de apoyo social en un contexto todavía condicionado por la evolución de los precios.
Revalorización general conforme al IPC
Las pensiones contributivas y las de clases pasivas se incrementarán un 2,7% en 2026, en aplicación del mecanismo automático de revalorización vinculado al IPC medio. Con esta subida, el Ejecutivo busca garantizar que las prestaciones mantengan su valor real y no se vean erosionadas por la inflación.
“El Gobierno cumple con un compromiso inquebrantable: ofrecer certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que, si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer”, ha subrayado Saiz tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha destacado la importancia de aportar estabilidad y previsibilidad a los perceptores del sistema.
Mayor incremento para las pensiones más bajas
El mayor esfuerzo presupuestario se concentra en las prestaciones de menor cuantía. Las pensiones mínimas subirán más de un 7% en 2026, mientras que las pensiones no contributivas, las de viudedad con cargas familiares, las pensiones con cónyuge a cargo y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%.
El Ejecutivo justifica este diferencial en la necesidad de reducir desigualdades y reforzar la cohesión social, protegiendo a quienes cuentan con menores ingresos y a hogares especialmente expuestos a la inflación, como personas mayores con carreras de cotización incompletas o familias con menores a cargo.
Un decreto ómnibus que prorroga el escudo social
La revalorización de las pensiones se integra en un real decreto-ley de carácter ómnibus que prorroga el escudo social durante todo 2026. Entre las medidas más destacadas figura la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, junto con la continuidad de las compensaciones económicas a propietarios afectados por estas moratorias.
En el ámbito energético, el texto mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos —electricidad, gas natural y agua— para consumidores vulnerables. Asimismo, se prorrogan los descuentos actuales del bono social eléctrico, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos, con el objetivo de garantizar el acceso a la energía a los hogares con menos recursos.
Incentivos fiscales y transición energética
El decreto prolonga los incentivos fiscales destinados a impulsar la transición energética y la eficiencia. Se mantienen las deducciones en el IRPF de hasta el 15% para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, así como las deducciones del 20%, 40% o 60% por obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.
Estas medidas buscan modernizar el parque inmobiliario, reducir el consumo energético y avanzar hacia un modelo más sostenible, al tiempo que alivian la carga fiscal de particulares y empresas.
Ayudas extraordinarias por incendios y DANA
El texto incorpora nuevas exenciones fiscales para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales del pasado verano y prorroga las ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA. A estas actuaciones se suman beneficios en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas damnificadas.
Para reforzar la reconstrucción, el decreto amplía durante 2026 la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para realizar nuevas operaciones de endeudamiento.
Medidas laborales, sanitarias y fiscales
En el ámbito laboral y sanitario, la norma da luz verde a una cotización adicional que permitirá a los agentes medioambientales y bomberos forestales anticipar su jubilación. Además, se amplía un año más la posibilidad de que médicos de familia, pediatras y facultativos de atención primaria compatibilicen la pensión de jubilación con su actividad profesional.
En materia fiscal, se elimina la obligación de presentar la declaración del IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo y se prorrogan para 2026 los límites del régimen de estimación objetiva del IRPF para autónomos, así como los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA. También se mantienen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para evitar pérdidas de recursos en un escenario de prórroga presupuestaria.
Tramitación parlamentaria
El Gobierno confía en que el decreto sea convalidado por el Parlamento, al tratarse en gran parte de medidas ya prorrogadas en ejercicios anteriores y que contaron con el respaldo de la Cámara. La ministra portavoz ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de alcanzar los consensos necesarios para garantizar la continuidad del escudo social y la protección de pensionistas y colectivos vulnerables durante 2026.
