La Junta lleva a las Cortes su gran reforma de urbanismo y vivienda

El Gobierno regional presentó esta semana a los representantes de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) la Proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, un nuevo instrumento legislativo que modificará de forma simultánea varios pilares normativos de la política de vivienda y ordenación del territorio en la región y que el Ejecutivo autonómico prevé someter al debate de las Cortes castellanomanchegas en las próximas semanas.

La reunión fue presidida por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien estuvo acompañado por la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro. Ante los representantes del sector constructor regional, Hernando expuso el contenido de la reforma y la defendió como "la más ambiciosa de los últimos años en materia de vivienda y urbanismo en Castilla-La Mancha", una valoración que el propio consejero empleó para enmarcar el alcance y la profundidad de los cambios legislativos que se avecinan.

Qué cambia y en qué normas

La proposición legislativa no se limita a modificar una sola ley sino que interviene de forma transversal en el conjunto del marco normativo que regula la vivienda y el urbanismo en la región. Según explicó Hernando a la Federación, los ámbitos afectados son la Ley de Vivienda Protegida, el régimen jurídico de las viviendas financiadas con fondos públicos, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), el Reglamento de Planeamiento y la instrucción reguladora de actuaciones en suelo rústico.

La amplitud del texto responde, según el consejero, a un doble objetivo estratégico. Por un lado, incrementar la disponibilidad de vivienda protegida y pública mediante la movilización de suelo y patrimonio público; por otro, reducir los obstáculos administrativos y urbanísticos que actualmente ralentizan la puesta en marcha de promociones residenciales. Este segundo objetivo se orienta de manera específica a los municipios que afrontan el reto demográfico, es decir, aquellos que sufren pérdida de población y necesitan facilitar la construcción de vivienda para atraer y retener residentes.

Un cambio de enfoque en la intervención pública

Más allá de las modificaciones técnicas que contiene el texto, Hernando subrayó que la reforma implica un cambio de enfoque en la manera en que la Junta interviene sobre el mercado de vivienda. El consejero afirmó que la iniciativa refuerza "la capacidad de actuación de la Junta mediante nuevos instrumentos urbanísticos y excepciones al régimen ordinario de planeamiento", lo que supone un mayor protagonismo de la administración autonómica en la gestión del suelo y la promoción residencial.

Esa apuesta por un papel más activo de la Junta no es ajena al contexto nacional: la crisis de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y en las zonas rurales, ha empujado a distintas comunidades autónomas a reformar sus marcos normativos en los últimos años para agilizar procedimientos y ampliar el parque público. En Castilla-La Mancha, la reforma llega en un momento en que varios municipios de las cinco provincias —Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Guadalajara— registran tensiones en el mercado inmobiliario derivadas tanto de la escasez de suelo disponible como de la lentitud de los trámites urbanísticos.

El sector constructor, primer interlocutor

La decisión del Ejecutivo regional de presentar la propuesta legislativa a FERECO antes de su debate parlamentario responde a una práctica habitual en la tramitación de normas que afectan directamente a la actividad del sector privado de la construcción. La Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha agrupa a las principales compañías del ramo en la región y es un interlocutor habitual del Gobierno en materia de política de vivienda, contratación pública y actividad edificatoria.

La reunión de este sábado marca el inicio de una fase de consultas previas al debate en las Cortes. El texto deberá seguir su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley, lo que abre un período en el que otros agentes sociales, económicos e institucionales podrán conocer y, en su caso, trasladar sus posiciones sobre las medidas incluidas en la proposición.