El Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha cumple y se actualizará

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha encargó a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (FADEMUR) la primera evaluación externa de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales, aprobada hace seis años con el objetivo de integrar la perspectiva de género en las políticas agrarias y de desarrollo rural de la región. Los resultados de ese diagnóstico, presentados este lunes 20 de julio de 2026 en Toledo, concluyen que la norma ha cumplido con éxito los fines para los que fue diseñada y que el momento es propicio para abordar su actualización.

La evaluación, encargada por la Consejería y ejecutada con metodología participativa, certifica que el Estatuto se ha consolidado como un instrumento pionero en España para incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas agrarias. Su aplicación ha contribuido, según el diagnóstico, a reforzar el reconocimiento institucional de las mujeres rurales, a favorecer su participación activa en el sector agrario y a integrar la perspectiva de género de forma transversal en las actuaciones de la Consejería.

Los datos que respaldan estas conclusiones son elocuentes. Las organizaciones que representan los intereses del sector agrario y del desarrollo rural en Castilla-La Mancha han pasado de tener entre el 7% y el 30% de mujeres en sus órganos directivos en 2019 a registrar una composición equilibrada en la actualidad, con porcentajes de entre el 40% y el 60%. La variación es significativa: en el peor de los casos, las organizaciones han multiplicado por más de cinco su representación femenina en la cúspide de sus estructuras de gobierno.

Los avances no se limitan a los órganos directivos de las organizaciones agrarias. El porcentaje de mujeres en los consejos rectores de las Cooperativas Agroalimentarias de la región se ha elevado del 7% al 12% entre 2015 y 2023. Y los proyectos auxiliados por los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) cuya titularidad está en manos de mujeres han experimentado un salto todavía más pronunciado: del 7% al 26% tras la entrada en vigor del Estatuto. El diagnóstico reconoce, no obstante, que en lo relativo al porcentaje de mujeres titulares de ayudas directas y sus importes económicos "aún no se observa una clara evolución al alza", y señala que será necesario esperar más años de aplicación de las medidas para ver resultados en este ámbito.

Un diagnóstico participativo con el sector

La elaboración del diagnóstico respondió, según explicó la Consejería, a la voluntad del Gobierno regional de evaluar sus políticas públicas desde "la evidencia y el aprendizaje institucional". Tras los informes de seguimiento ordinarios realizados por la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Agricultura desde la aprobación de la ley, se consideró oportuno dar un paso más con una evaluación más amplia y de naturaleza participativa que permitiera analizar el impacto real de la norma y detectar oportunidades de mejora.

El proceso contó con la participación de las principales organizaciones representativas del sector agrario y del desarrollo rural de la región: ASAJA Castilla-La Mancha, UPA Castilla-La Mancha, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER). También participaron otros integrantes de la Comisión de seguimiento del Estatuto, entre ellos representantes de sindicatos, asociaciones de mujeres, asociaciones de personas con discapacidad, personal de la propia Consejería y del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

El estudio destaca expresamente el papel desempeñado por la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería a lo largo de todo el proceso, tanto en el seguimiento e impulso continuado del Estatuto desde su aprobación como en la coordinación técnica y el acompañamiento metodológico de los trabajos de evaluación.

Las propuestas de mejora

El diagnóstico no cuestiona los principios inspiradores de la ley, sino que identifica los instrumentos con mayor potencial transformador y propone reforzarlos. Entre las principales recomendaciones figuran cuatro líneas de actuación prioritarias.

La primera es el fortalecimiento de la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno de las organizaciones agrarias, consolidando los avances ya logrados y extendiendo las medidas a estructuras donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria. La segunda es la actualización del sistema de acción positiva previsto en el Estatuto para adaptarlo a la diversidad organizativa del sector, dado que la realidad de las cooperativas, sindicatos y asociaciones agrarias ha evolucionado en los últimos años. La tercera apunta al refuerzo de los mecanismos de seguimiento y evaluación mediante el diseño de un sistema estable de indicadores que permita medir los avances de manera sistemática y comparable en el tiempo. La cuarta recomendación es la incorporación de una perspectiva interseccional que permita dar respuesta a la diversidad de situaciones que viven las mujeres rurales, teniendo en cuenta factores como la edad, la discapacidad, el origen o la situación socioeconómica.

El conjunto de estas recomendaciones constituye, según el diagnóstico, "una base técnica sólida" para valorar la futura modificación de la Ley 6/2019 y avanzar en un modelo de política pública basado en la evaluación, la participación y la mejora continua.

Referente estatal en igualdad rural

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional reafirma su apuesta por las políticas de género en el medio rural y presenta Castilla-La Mancha como referente estatal en este ámbito. La actualización del Estatuto se enmarca en una tendencia más amplia de revisión y consolidación de las normas de igualdad aprobadas durante la anterior década, un proceso en el que la región lleva la delantera respecto a otras comunidades autónomas.

La Ley 6/2019 fue aprobada durante la presente legislatura del Gobierno de García-Page como la primera norma específica de España dedicada a regular los derechos y la presencia de las mujeres en el sector agrario y en el desarrollo rural. Seis años después de su entrada en vigor, el propio Gobierno que la impulsó encarga su evaluación y anuncia que estudiará su modificación a la luz de los resultados obtenidos. La futura actualización se plantea, según la Junta, "como una evolución natural de una norma pionera que ha demostrado su utilidad y que aspira a seguir dando respuesta a los nuevos retos del medio rural desde el consenso, la evidencia y la colaboración con las organizaciones representativas del sector".