Castilla-La Mancha ahorrará 760 millones en intereses con la quita, que cumple sus expectativas

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que habilitará la mayor condonación de deuda autonómica en democracia. La norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de pasivo de las comunidades de régimen común, con el objetivo de aliviar su sobreendeudamiento y favorecer su acceso a los mercados financieros. En el caso de Castilla-La Mancha, la quita alcanza los 4.927 millones, lo que supone reducir su deuda en un 30% respecto al cierre de 2023.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la medida es “inédita y excepcional”, y que responde a criterios “objetivos, transparentes y de carácter técnico” aplicados de forma homogénea a todas las comunidades. La operación, voluntaria para los gobiernos regionales, permitirá liberar en el conjunto de España alrededor de 6.700 millones de euros en intereses, que podrán destinarse a reforzar servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.

Montero insistió en que la iniciativa “no es un beneficio exclusivo para Cataluña ni un agravio para el resto”, subrayando que el 75% de la deuda condonada corresponde a territorios gobernados por el PP. En el reparto, Andalucía encabeza la lista en cifras absolutas (18.791 millones), mientras que la Comunitat Valenciana lidera en términos per cápita (2.284 euros por habitante) y Canarias en porcentaje de deuda condonada (50%). Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades más beneficiadas, tanto por volumen como por impacto relativo.

Metodología y fases

La nota oficial del Gobierno detalla que la metodología se articuló en tres fases. La primera identificó el sobreendeudamiento derivado de la crisis financiera de 2009-2013 frente a la evolución más contenida en el periodo 2019-2023. Sobre esa base, se aplicó un reparto en función de la población ajustada, que otorgó a Castilla-La Mancha 2.952 millones. Posteriormente, se añadieron 170 millones para equiparar a la región con la media estatal del 19,3% de condonación. Finalmente, se incorporaron otros 1.804 millones por criterios adicionales, entre ellos la infrafinanciación histórica y el uso de competencias fiscales, hasta alcanzar el total de 4.927 millones.

El anteproyecto prevé que, en comunidades con deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) —como es el caso de Castilla-La Mancha—, el Estado asuma esa carga mediante la cancelación progresiva de préstamos, empezando por los más antiguos. La vicepresidenta Montero recordó además que esta condonación no sustituye la pendiente reforma del sistema de financiación autonómica.

Reacción del Gobierno regional

El Ejecutivo de Emiliano García-Page recibió con satisfacción la medida. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseguró que la operación “cumple todas nuestras expectativas” y permitirá a Castilla-La Mancha ahorrar 760 millones de euros en intereses en los próximos diez años. Ese margen, recalcó, se destinará a financiar “los pilares del Estado del Bienestar”, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Ruiz Molina recordó que la condonación de deuda era “una reivindicación histórica” de la región, planteada con independencia del color político del Gobierno central, y subrayó que el importe equivale a “más del 75% de la deuda generada durante la etapa de Cospedal”. Además, destacó que Castilla-La Mancha se convierte en “la comunidad más beneficiada en términos de condonación por habitante”.

En el plano político, el consejero expresó su preocupación por la posición que adoptará el PP regional y criticó el acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno central y la Generalitat para una financiación singular de Cataluña, que calificó de “injusto e insolidario”. “Cataluña no solamente pretende tener más financiación, sino más que los demás”, advirtió, apelando a la urgencia de abordar la reforma global del sistema de financiación.

Reacciones de PP y PSOE

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, su presidente Paco Núñez calificó la condonación de “maquillaje de la nefasta gestión económica de Page” y sostuvo que “la deuda no desaparece, simplemente cambia de ventanilla, pero los ciudadanos seguirán cargando con el mismo peso”. Núñez acusó al Ejecutivo autonómico de haber llevado a la comunidad a soportar “una deuda desorbitada, superior a los 16.000 millones de euros”, y advirtió de que “el verdadero problema no es la deuda, sino quién y cómo se gestiona”.

El líder popular reclamó un nuevo sistema de financiación autonómica y reprochó al PSOE haber rechazado en las Cortes regionales la propuesta del PP de crear un fondo de contingencia para paliar la infrafinanciación. Además, acusó a García-Page de mantener un “doble juego” con Pedro Sánchez: “Critica con la boca pequeña, pero sus diputados en el Congreso votan siempre lo que les ordena Sánchez”.

En la misma línea, el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, respaldó a Núñez y afirmó que “Page y Sánchez están unidos por el sanchismo”, recordando que los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha “votaron a favor de la amnistía, de abaratar la malversación y de los indultos”. Bendodo defendió que “si hubiera elecciones hoy, Paco Núñez ganaría con amplitud” y reclamó un cambio político en la región acompañado de “una bajada de impuestos que alivie a familias y empresas”.

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha replicó pidiendo a Núñez “que se atreva a defender la condonación de la deuda” en lugar de criticarla. El secretario de Formación, Sergio García-Navas, recordó que los casi 5.000 millones condonados “prácticamente alivian la herencia de la deuda de Cospedal, que duplicó el pasivo con recortes”. A su juicio, esta operación “supone la gran losa que pesa sobre los servicios públicos” y demuestra que con Page “la deuda va disminuyendo con inversiones”.

El dirigente socialista cuestionó “qué clase de partido es el PP de Castilla-La Mancha que, cuando gobierna, nos condena a más recortes y, cuando está en la oposición, no ayuda a revertirlos”, y emplazó a Núñez a tener “el coraje de enfrentarse a Feijóo” para que apoye en el Congreso una medida que considera esencial para la región.

Trámite parlamentario

El texto aprobado en primera vuelta será sometido a audiencia pública antes de su remisión al Congreso, donde el Ejecutivo espera su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026. Aunque Montero reconoció que aún no cuenta con todos los apoyos necesarios, confió en que la mayoría de comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, terminen respaldando la iniciativa al considerar que beneficia de forma directa a sus ciudadanos.