El déficit de Castilla-La Mancha cae a 714 millones en seis meses

Castilla-La Mancha cerró el primer semestre del año con un déficit de 714 millones de euros, equivalente al 1,15 % del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra inferior en términos relativos a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando el desfase alcanzó los 731 millones y supuso el 1,24 % del PIB.

El dato regional contrasta con el deterioro fiscal del conjunto de las administraciones públicas españolas, cuyo déficit acumulado entre enero y junio escaló hasta los 33.668 millones de euros, un 6,4 % más que en la primera mitad de 2025, situándose en el 1,89 % del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) logró así amortiguar la presión sobre sus cuentas en un contexto en el que el gasto del conjunto de las administraciones públicas creció más que los ingresos. El Gobierno regional había fijado como objetivo para 2026 el equilibrio presupuestario, con déficit cero, un horizonte que los datos de mitad de año sitúan todavía a distancia aunque con una ratio sobre el PIB inferior a la del ejercicio anterior.

El gasto crece más que los ingresos en el conjunto de España

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 de las administraciones públicas, con la excepción de las entidades locales. El informe, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pone de manifiesto que el gasto público aumentó en 28.131 millones de euros, una cifra superior al incremento registrado en los ingresos, de 26.107 millones, a pesar de que los desembolsos asociados a los daños provocados por la dana fueron notablemente inferiores a los del mismo periodo de 2025: 679 millones frente a 3.337 millones.

La administración central acumuló a cierre de junio un déficit de 22.531 millones, el 1,27 % del PIB, lo que supone un deterioro del 14,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los factores que explican ese aumento son los mayores gastos en consumos intermedios, los intereses de la deuda y las transferencias a las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas, con más déficit pese al aumento de los anticipos

Las comunidades autónomas en su conjunto registraron a finales de junio un déficit de 17.287 millones, un 10,9 % más que en el mismo periodo de 2025, equivalente al 0,97 % del PIB, cinco centésimas por encima de la ratio del año anterior. El crecimiento del gasto, especialmente el salarial, superó al de los ingresos. No obstante, la IGAE precisa que si se descuentan los anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos del Estado —4.414 millones en 2026, frente a 4.010 millones en 2025— la tasa de variación se modera al 10,7 %.

En el mapa autonómico, País Vasco fue la única comunidad que cerró el semestre con superávit, del 0,01 % de su PIB. En el extremo opuesto, los déficits más abultados correspondieron a Canarias (1,93 %), Extremadura (1,79 %) y Baleares (1,78 %). Castilla-La Mancha, con su 1,15 %, se situó por debajo de la media autonómica del 0,97 % pero por debajo de los territorios con mayor desequilibrio.

La Seguridad Social, el contrapeso: superávit de 6.150 millones

En sentido contrario a la tendencia general, la Seguridad Social cerró el semestre con un superávit de 6.150 millones, un 66,5 % más que en el mismo periodo de 2025, equivalente al 0,35 % del PIB. El buen comportamiento de las cotizaciones sociales y las transferencias recibidas del Estado explican este resultado, que actúa como amortiguador del desfase acumulado por el resto de subsectores.

El déficit del Estado se dispara un 13,5 % hasta julio

Hacienda avanzó también los datos de ejecución del Estado hasta el mes de julio, un periodo en el que el déficit de este subsector se disparó un 13,5 %, hasta los 44.539 millones, equivalentes al 2,5 % del PIB, nueve puntos porcentuales por encima de la ratio del mismo mes de 2025. El impacto de las rebajas fiscales adoptadas para frenar la inflación pesó sobre la recaudación en un contexto de gasto creciente.

En los siete primeros meses del año, los gastos totales del Estado ascendieron a 232.498 millones, un 11,5 % más que en 2025. La mayor parte del aumento se explica por las transferencias entre administraciones públicas —que representan el 62,3 % del gasto total, con 144.893 millones y un crecimiento del 9 %—, entre las que destacan los adelantos y la liquidación del sistema de financiación a las comunidades autónomas, así como las aportaciones a la Seguridad Social y al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para cubrir los daños por inundaciones. Los ayuntamientos, en cambio, recibieron menos recursos que en el mismo periodo del año anterior.

También crecieron los gastos en intereses de la deuda (13,9 %), en consumos intermedios (5 %) y en remuneración de asalariados (4,4 %), como consecuencia del aumento de plantilla y de la subida salarial del 1,5 % aplicada a los empleados públicos.

Por el lado de los ingresos, los recursos del Estado hasta julio crecieron un 11 %, hasta los 187.959 millones, impulsados por la recaudación tributaria, que aumentó un 10 % a pesar del efecto reductor de las medidas fiscales antiinflacionarias. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ingresó un 20,4 % más, hasta los 46.652 millones, en parte por unos ingresos de la campaña de la Renta de 2025 que superaron en un 18,5 % a los de la campaña anterior. El impuesto de sociedades avanzó un 13,8 %, hasta los 16.561 millones, y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) subió un 5,9 %, hasta los 64.918 millones, pese a recoger todavía el impacto de las rebajas temporales en la tributación energética. El déficit primario del conjunto de las administraciones —el que excluye el pago de intereses de la deuda— se situó en 11.619 millones al cierre de junio, el 0,65 % del PIB, un 2 % por debajo del registrado en el mismo periodo de 2025.