Castilla-La Mancha tiene una fiscalidad moderada según economistas
Castilla-La Mancha se sitúa en la franja de fiscalidad "moderada" dentro del mapa tributario español, según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, presentado este lunes por el Colegio de Economistas de Madrid. La región no es "la más cara ni la más barata", aunque sus residentes pagan hasta 328 euros más que los de la Comunidad de Madrid por un salario bruto de 30.000 euros.
El informe detecta un uso intensivo del IRPF como instrumento social, con incentivos dirigidos a vivienda, jóvenes, familias, discapacidad, empresa familiar, actividad agraria y municipios en riesgo de despoblación. Sin embargo, los expertos advierten de que muchas de esas deducciones son "más nominativas que efectivas" por sus estrictos requisitos de acceso, y reclaman al Gobierno regional que revise sus umbrales.
El Colegio de Economistas de Madrid presentó este lunes el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, un estudio que analiza las principales novedades tributarias vigentes en las comunidades de régimen común y en los territorios forales. Sus conclusiones sitúan a Castilla-La Mancha en una posición "relativamente equilibrada" dentro del sistema fiscal autonómico español: una región que, según el propio informe, "no está especialmente maltratada ni beneficiada" respecto al conjunto de comunidades con características similares, pero que en el IRPF cobra más que varios de sus vecinos.
La fiscalidad regional, en cifras
En el IRPF —el tributo "más popular", según la terminología del Consejo General de Economistas—, los residentes en Castilla-La Mancha abonan cantidades próximas a la media nacional, aunque la comparación con comunidades colindantes arroja diferencias relevantes. "Por un salario bruto de 30.000 euros en Castilla-La Mancha se pagarían 328 euros más que en la Comunidad de Madrid, 125 euros más que en la Comunidad Valenciana y 65 euros más que en Andalucía", precisó Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. La brecha, subrayó, "se repite para todos los niveles de renta", lo que convierte a la región en una plaza fiscalmente más exigente que sus vecinos del sur y del este, aunque alejada de los extremos del ranking nacional.
Sucesiones y transmisiones: luces y sombras
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el cuadro es más matizado. Ante una herencia hipotética de 800.000 euros, Castilla-La Mancha "sale como una de las comunidades en las que más se paga el impuesto", según Jurado. No obstante, la Junta de Comunidades ha establecido bonificaciones para herencias de hasta 300.000 euros: si la cantidad heredada no supera los 175.000 euros, la bonificación alcanza el 100 % y el contribuyente no abona nada. A medida que la herencia crece, las bonificaciones descienden de forma progresiva hasta un 80 % para el techo de los 300.000 euros. En el caso de las donaciones entre familiares directos que no superen los 240.000 euros, el régimen es análogo. Estas horquillas, señaló la técnica, "suelen ser las más recurrentes entre los ciudadanos" y están "bien tratadas y bonificadas".
El panorama cambia en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, donde el tipo general aplicado en la región es del 9 %. Jurado lo situó por encima de los tipos vigentes en comunidades limítrofes: la Comunidad de Madrid aplica el 6 % y Andalucía, el 8 %. En cuanto a los actos jurídicos documentados —el impuesto que grava la escrituración de compraventas e hipotecas—, el tipo general de Castilla-La Mancha también resulta "un poco más elevado que en Madrid o Andalucía", aunque la normativa autonómica contempla tipos reducidos para situaciones específicas, en especial en la adquisición de vivienda habitual.
"Más nominativas que efectivas"
El encuentro entre la sección de Toledo del Colegio de Economistas y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, sirvió de escenario para plantear una revisión de los umbrales de acceso a las deducciones autonómicas. Los expertos reconocen que el catálogo de incentivos fiscales de Castilla-La Mancha cubre ámbitos relevantes —vivienda, jóvenes, familias, discapacidad, empresa familiar, actividad agraria y municipios en riesgo de despoblación—, pero advierten de que muchas de esas ventajas resultan inaccesibles en la práctica.
"Las deducciones autonómicas son muchas, hay muchísimas, pero son más nominativas que efectivas", afirmó Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El caso que los economistas pusieron sobre la mesa ante el consejero fue el de la desgravación por compra de material escolar: miles de familias "incurren en ese gasto y piensan que pueden aplicarla", explicó Jurado, pero los requisitos sobre la base liquidable "son tan estrictos que al final resulta que ninguno de los contribuyentes los cumple para podérsela aplicar de manera efectiva".
Gimeno fue todavía más directo al señalar las consecuencias de esta disfunción para las arcas autonómicas: "Como hay tantos requisitos, muy pocos afortunados pueden aplicarlas. Al final, el coste de recaudación para Castilla-La Mancha o el resto de comunidades no es tanto, porque aunque haya muchas deducciones autonómicas, son pocos los privilegiados que las pueden aplicar".
Una revisión al alza de los límites de renta
La propuesta concreta del Consejo General de Economistas al Gobierno regional que preside Emiliano García-Page pasa por elevar los "límites absolutos de base liquidable" y otros requisitos vinculados a los ingresos de los contribuyentes. La actualización, estiman los expertos, debería orientarse a "adecuarlos a lo que cobra una familia de clase media", de modo que las ventajas fiscales dejen de ser un privilegio de unos pocos y se conviertan en un beneficio real para el grueso de la ciudadanía.
El Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026 confirma así que Castilla-La Mancha ha apostado por el IRPF como principal instrumento de política social y territorial, con una batería de incentivos cuyo diseño, sin embargo, limita sensiblemente su alcance práctico. La reunión con el consejero Ruiz Molina abre la puerta a que el Ejecutivo autonómico aborde en los próximos meses una revisión de esos umbrales que acerque la fiscalidad regional a la realidad económica de sus contribuyentes.