La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha es la más barata con 2,8 millones

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha compareció este martes ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales para rendir cuentas de su actividad durante el ejercicio 2025, tres años después de su creación. Su presidente, Fernando Andújar, aprovechó la presentación de la Memoria anual para trazar una radiografía comparativa del organismo y defender su rendimiento pese a contar con los recursos más limitados entre todos los órganos equivalentes del país.

Los datos que aportó Andújar durante su intervención ilustran la magnitud de la brecha presupuestaria. Frente a los 15 millones de euros y 151 funcionarios con los que opera el organismo andaluz, o los 9 millones de euros de Galicia, Castilla-La Mancha trabaja con 2,8 millones y una plantilla de 30 personas. La comparación resulta más llamativa aún con comunidades de tamaño demográfico similar: Castilla y León cuenta con 4,5 millones de presupuesto y Aragón con 4 millones. Pese a ello, Andújar sostuvo que el organismo produce "informes de una calidad superior a los del Tribunal de Cuentas".

Un ejercicio de fiscalización amplio y variado

Durante 2025, la Cámara desarrolló lo que su presidente calificó de "intenso programa de trabajo". Los informes aprobados abarcaron la fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades; los estados consolidados del sector público regional; la contratación pública autonómica y local; la rendición de cuentas del sector local; las cuentas de la UCLM; los fondos de compensación interterritorial; y las subvenciones públicas, entre otras materias.

Andújar subrayó además la dimensión colaborativa del trabajo realizado. La Cámara de Cuentas de CLM ha participado en fiscalizaciones conjuntas con el Tribunal de Cuentas y con órganos equivalentes de otras regiones, centrándose en dos ámbitos concretos: la vivienda de protección oficial y las zonas de bajas emisiones que afectan a los municipios de mayor tamaño.

El presidente del organismo también puso el foco en un problema que describió como "no resuelto" en las zonas menos pobladas de la región, especialmente en provincias como Cuenca y Guadalajara: la ausencia de habilitados nacionales en los ayuntamientos más pequeños. Andújar apeló a las diputaciones provinciales para que refuercen su papel en la asistencia técnica municipal, un déficit que incide directamente en la capacidad de los consistorios para rendir cuentas con rigor.

En el plano institucional, el organismo anunció dos novedades relevantes: la puesta en marcha esta semana de una nueva página web y la voluntad de solicitar a las Cortes una modificación de su reglamento para corregir las deficiencias detectadas a lo largo de estos tres primeros años de funcionamiento.

La oposición cuestiona el retraso de los informes

La comparecencia no estuvo exenta de tensión política. Los grupos de la oposición presentes en la Comisión de Economía y Presupuestos centraron sus críticas en la "extemporaneidad" de los informes, al considerar que el retraso con el que llegan impide un control efectivo y en tiempo real de las cuentas públicas. El grupo parlamentario socialista salió al paso de esas críticas recordando que la Cámara de Cuentas es un órgano de fiscalización que, por su propia naturaleza, actúa a posteriori.

El diputado de Vox Francisco Cobo alertó sobre las posibles duplicidades que, a su juicio, pueden generarse con este tipo de entidades en el ámbito autonómico, y reclamó informes "más incisivos" sobre asuntos de interés para su formación, como el coste de la inmigración en el gasto público.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Santiago Serrano, cuestionó que la de Castilla-La Mancha sea realmente la Cámara de Cuentas que menos cuesta, al recordar que cuatro comunidades autónomas no disponen de este organismo. Serrano también indicó que el retraso en la recepción de los informes no lo atribuye a la labor del organismo, sino a lo que calificó como "el parlamento más opaco de España".

La respuesta la ofreció la diputada socialista Silvia Fernández, quien reprochó al PP que la opacidad real fue la decisión de suprimir la Cámara de Cuentas que adoptó el Gobierno popular en 2014, además de no presentar la cuenta general durante una legislatura completa. Fernández elogió la recuperación del organismo como un paso necesario para que Castilla-La Mancha cuente con un mecanismo propio de control del gasto público.