La AIReF aconseja a Castilla-La Mancha un plan por la regla de gasto y destaca el alivio de su deuda

La Autoridad Fiscal recomienda a la región elaborar un Plan Económico Financiero si se confirma el desvío en la regla de gasto de 2024. Castilla-La Mancha, a la vez, figura entre las comunidades que más reducirán su endeudamiento con la condonación prevista por el Estado.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en una imagen de archivo
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en una imagen de archivo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles nuevos informes sobre el desarrollo presupuestario de las comunidades autónomas y el impacto de la condonación parcial de la deuda autonómica. De las conclusiones extraídas, algunas afectan especialmente al futuro fiscal y financiero de Castilla-La Mancha.

En su análisis sobre los proyectos de presupuestos autonómicos para 2026 y la actualización de los cierres de 2023 y 2024, la AIReF detecta un posible incumplimiento de la regla de gasto el año pasado en Castilla-La Mancha. Una advertencia que, de ser confirmada por el segundo informe oficial sobre estabilidad, deuda y regla de gasto de 2024, obligaría al Gobierno regional a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) para corregir la desviación durante 2025 y 2026.

El organismo apunta que la estimación del gasto computable para 2026 en la comunidad crecería alrededor de un 5 %, una previsión que sitúa la atención en la necesidad de adoptar medidas suficientes para mantener ese gasto dentro de las tasas de referencia. También recalca que la revisión de datos recientes evidencia un riesgo que no se había detectado inicialmente y que, precisamente por ello, requiere una reacción temprana si finalmente se constata el desajuste.

La recomendación principal es que, en caso de tener que elaborar ese PEF, Castilla-La Mancha detalle qué actuaciones aplicaría, cuál sería su calendario y el impacto esperado en el cumplimiento de la normativa fiscal. Si finalmente no se supera el umbral que determinaría el incumplimiento, la autoridad fiscal recuerda igualmente la importancia de vigilar la ejecución del presupuesto, realizar actualizaciones periódicas y actuar con rapidez si se observan incrementos por encima de lo permitido.

Recomendaciones previas ya en marcha

Este seguimiento minucioso no es nuevo: el 10 de abril de 2025, la AIReF ya avisó de que existía un riesgo, aunque aún no significativo. En respuesta, el Ejecutivo autonómico aseguró que había reforzado el control de la ejecución presupuestaria y que actualizaría previsiones y medidas cuando fuera necesario. No obstante, el organismo independiente señala que la comunidad no respondió a la sugerencia de publicar en su web el seguimiento de la regla de gasto.

Más adelante, el informe del 16 de julio volvió a advertir de una posible desviación en 2025, si bien “con un riesgo no elevado”. Entonces, todavía se estimaba que Castilla-La Mancha pudiera cumplir la regla en 2026 gracias a la normalización del efecto de los fondos europeos, lo que llevó a no formular nuevas recomendaciones en aquel momento.

La quita de deuda mejora la posición financiera de la región

Coincidiendo con estas advertencias sobre el gasto, la AIReF ha difundido un nuevo Observatorio de Deuda que analiza el impacto de la condonación parcial del endeudamiento autonómico incluida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera.

El informe calcula que el Estado asumirá 83.252 millones de euros del conjunto del endeudamiento autonómico. Esta medida permitiría reducir la deuda total de las comunidades en 5,1 puntos del PIB y adelantar doce años, hasta 2029, el cumplimiento del límite legal del 13 % del PIB, originalmente previsto para 2041.

Dentro de este escenario, Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones más beneficiadas, con una reducción relativa del endeudamiento autonómico de 8,5 puntos del PIB, una de las cifras más elevadas del país junto a Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. La comunidad también aparece en las primeras posiciones en cuanto al impacto per cápita de la condonación, una cifra que supera los 2.000 euros por habitante, claramente por encima de la media nacional, situada en 1.688 euros.

El alivio financiero que supone esta medida tiene efectos inmediatos en la carga de intereses: la AIReF estima un ahorro de 2.532 millones de euros en el primer año y 15.657 millones acumulados hasta 2030 para el conjunto autonómico. El refuerzo de la sostenibilidad financiera, combinado con un mejor acceso al crédito público y privado, se presenta así como un elemento clave para la estabilidad presupuestaria regional en los próximos ejercicios.

Sin margen para gastar más

A pesar de este impacto positivo, la AIReF subraya que ese ahorro no generará más espacio para incrementar el gasto corriente, ya que los pagos por intereses están excluidos del cálculo de la regla de gasto. Por ello, un uso de esos fondos para destinarlo a nuevas partidas, sin ajustes complementarios del Gobierno central, podría repercutir negativamente en la posición fiscal del conjunto del Estado.

El organismo sostiene que esta quita debe integrarse en una estrategia más amplia que refuerce la disciplina fiscal, promueva la corresponsabilidad y se acompañe de una reforma integral del sistema de financiación autonómica, capaz de corregir diferencias estructurales y garantizar mayor equidad territorial.

El reto: sostener un descenso de la deuda sin desviar el gasto

En sus proyecciones a medio plazo, la AIReF prevé que la ratio deuda/PIB en España descienda hasta el 95,2 % en 2030, apoyada en un crecimiento estable, un superávit primario medio del 0,5 % y unos intereses equivalentes al 2,7 % del PIB. Para las comunidades autónomas, se estima una reducción de 4,2 puntos adicionales de deuda en el mismo horizonte.

En este contexto, el análisis de la AIReF coloca a Castilla-La Mancha ante un escenario mixto: con una notable mejora de su sostenibilidad financiera gracias al alivio de deuda, pero también con la responsabilidad de contener el gasto para mantener el rumbo de ajuste fiscal que exigen las nuevas reglas europeas.

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