El Gobierno reabre la negociación colectiva tras las protestas de empleados públicos
Las movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y CSIF han llevado al Gobierno a dar el primer paso para desbloquear la negociación colectiva de los empleados públicos, que denuncian una congelación salarial en 2025, la pérdida continuada de poder adquisitivo y la falta de personal en los servicios públicos.
Unos 3.500 empleados públicos se han concentrado este miércoles en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para exigir al Ministerio de Función Pública que abra la mesa de negociación para actualizar salarios y mejorar sus condiciones laborales. En Toledo, alrededor de 500 manifestantes se han reunido frente a la Delegación del Gobierno, tras una pancarta con el lema: “Mejor salario + empleo = Servicios públicos de calidad”.
Las protestas, que han tenido réplica simultánea en toda España, han sido convocadas por CCOO, UGT y CSIF, que denuncian que la congelación salarial prevista para 2025 supone un nuevo golpe al poder adquisitivo de los empleados públicos. Según los sindicatos, solo entre enero y octubre los trabajadores públicos de la región han perdido 86,8 millones de euros, una situación agravada por la elevada inflación registrada en Castilla-La Mancha en 2021 y 2022.
Los representantes sindicales recuerdan que en la última década se ha perdido cerca del 20 % del poder adquisitivo, por lo que reclaman incrementos salariales que compensen la brecha acumulada. Además, alertan del alto nivel de temporalidad —por encima del 30 %— y de la necesidad urgente de ampliar plantillas para evitar el deterioro de la calidad en los servicios públicos clave como sanidad, educación, justicia o servicios sociales.
El Gobierno da un paso tras las protestas
Tras la presión sindical, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha convocado a los líderes sindicales a una reunión el miércoles 5 de noviembre a las 11.00 horas, en la que se reanudará oficialmente la negociación colectiva.
CSIF ha valorado la llamada del Ministerio como un avance, pero advierte que la reunión debe arrancar con una propuesta económica concreta para revisar las retribuciones. De lo contrario, mantiene su amenaza de una huelga en diciembre a nivel nacional.
Los sindicatos sostienen que la movilización responde a la “urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar”, ante un deterioro progresivo de lo público que, aseguran, ya se nota en la vida de la ciudadanía: fallos sanitarios, aulas saturadas, incendios y catástrofes con respuesta insuficiente o dificultades para realizar trámites administrativos.
Más presión en el horizonte
Si no hay acuerdos inmediatos, las organizaciones convocantes prevén una gran movilización estatal en noviembre, como antesala de un conflicto laboral mayor en diciembre.
Los sindicatos insisten en que sin mejoras laborales no puede haber servicios públicos de calidad y urgen a revertir los recortes acumulados en los últimos años para modernizar las administraciones públicas y garantizar la atención a la ciudadanía.
